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Ricardo Echegaray fue suspendido ayer en su cargo de titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) por decisión de la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez. Echegaray adelantó que apelará la decisión el lunes, igual que el procesamiento que el juez federal Claudio Bonadio le dictó el jueves pasado en una causa que le inició el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por falso testimonio y violación de secreto fiscal durante su gestión en la Afip.
Esta medida de Bonadio disparó la sucesión de hechos en cuestión de horas. Esa causa se inició por una denuncia de funcionarios de la Afip por 4040 cuentas de empresarios e individuos argentinos en el HSBC en el exterior que no fueron declaradas, filtradas por un arrepentido que llegó a manos de impositiva de Francia. Prat-Gay fue mencionado como posible participante de las maniobras de evasión en su calidad de apoderado de la ex dueña de Loma Negra Amalia Lacroze de Fortabat, quien figuraba en el listado junto a su nieta. Prat-Gay denunció entonces a su vez a Echegaray por falso testimonio y violación de la confidencialidad en el acuerdo entre Argentina y Francia. El jueves Bonadio le dio la razón al procesarlo. El ex jefe de la AFIP calificó la medida como “irregular e ilegal”.
Pero el procesamiento le sirvió a los dirigentes de Cambiemos para afirmar que Echegaray había perdido idoneidad para continuar presidiendo la AGN y, por la noche, con una resolución firmada a una hora inusual por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunciaron su destitución. La decisión le sirvió para frenar la nueva ofensiva de su aliada Carrió, quien ya había declarado que ella, a diferencia de Michetti, jamás hubiera firmado la designación de Echegaray en la AGN.
En la misma dirección, pese a que hace más de cuatro meses que tramita el pedido, ayer la jueza Vidal hizo lugar a la cautelar reclamada por Carrió y Sánchez para desplazar a Echegaray de su cargo, que ayer la diputada anunció en Twitter.
Frente a este panorama que se generó en horas –justo el miércoles había encabezado su primera reunión en la AGN–, en el entorno de Echegaray anticiparon varias respuestas por diferentes vías. Por un lado, ayer presentó un amparo en el fuero contencioso económico contra la resolución que firmaron Michetti y Monzó y le envió una nota para que reconsideren la medida.
Echegaray sostiene que confunden los requisitos de designación con las causales de remoción para lo que, entiende, deben cumplirse los mismos pasos que para apartar a cualquier otro auditor: la apertura de un sumario, el derecho a defensa y el dictamen. Interpreta que si la Constitución Nacional le da la conducción de un órgano de control externo como la AGN a un dirigente de la oposición no es para que el oficialismo pueda destituirlo a través de una simple resolución.
En su respaldo, desde el PJ advirtieron ayer que no designarán a un nuevo integrante de ese organismo hasta que Echegaray no pueda “ejercer su legítimo derecho de defensa”. El Consejo Nacional del PJ afirmó que “el funcionario debe tener primero la posibilidad de agotar todas las instancias de su defensa que él considere pertinentes, ya sean judiciales como administrativas”.
Los colaboradores de Echegaray anticiparon que el lunes presentarán en Tribunales las apelaciones tanto del procesamiento dictado por Bonadio como la cautelar de la jueza Rodríguez Vidal. Esta magistrada es la misma que en 2010 suspendió el uso de las reservas del Banco Central para el pago de las deudas. La ex presidenta Cristina Kirchner la llamó entonces “una jueza alquilada” y la acusó de buscar el default del país. Anteriormente ya había tenido fallos también contra medidas de Néstor Kirchner.
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