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Sorpresivamente, el Gobierno subió ayer a su página web un informe sobre el cuadro de situación que asegura haber encontrado el 10 de diciembre pasado, al que denominó “El estado del Estado”, que se esmera en mostrar irregularidades en todas las áreas. Ya anticiparon que la Oficina Anticorrupción será la encargada de llevar esas irregularidades a la Justicia, siempre activa para denunciar la gestión anterior pero remolona cuando se trata de la actual.
El informe cuenta con 223 páginas y cumple, según expresa el texto, con la publicación de “todos los datos, área por área” sobre el estado de la Administración Pública Nacional. “Este informe es la primera versión de ese compromiso. Se trata de una obra en marcha, todavía incompleta, que se irá enriqueciendo a lo largo del año con los informes de las auditorías, las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y los nuevos documentos que sigan encontrando los ministerios y los organismos descentralizados”, indica el texto.
Subraya, en tanto, que “la intención de este informe no es condenar a un gobierno en particular sino hacer un diagnóstico del Estado Nacional en diciembre de 2015 e identificar los desafíos pendientes, que a veces coinciden con errores o excesos de la administración inmediatamente anterior”.
De la observación del contenido surge por ejemplo que en la última década los argentinos pagaron 694 mil millones de dólares en impuestos, pero en diciembre de 2015 el nuevo gobierno encontró, según detalla: centenares de deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40 por ciento de las rutas del país en estado crítico, subsidios direccionados, innumerable cantidad de contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos.
Entre otros casos se detalla que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables.
El capítulo dedicado al Pami gira en torno a la situación financiera, la falta de controles y las distintas irregularidades que la justicia federal está investigando. “El padrón tenía 400 mil personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7 mil de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro”, consigna.
En Enarsa se encontró “una llamativa serie de irregularidades” en su funcionamiento debido a su “descoordinación a nivel directivo”. También se hace foco en la falta de controles en una empresa que “manejaba miles de millones de dólares” y al acuerdo por la importación de gas con Bolivia, con quien el país mantenía una deuda por 377 millones de dólares. Entre las irregularidades, acusan que “la construcción del Gasoducto del Noreste se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los beneficios del proyecto”.
Según el informe, en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también se encontraron “varios problemas” como el “notable atraso” en los pagos correspondientes al ejercicio 2015.
Respecto de Fabricaciones Militares, el informe señala que “en diciembre de 2015, aunque sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados. Sólo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas”.
“El estado del Estado”, en el apartado sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, explica que “históricamente la Cancillería había estado protegida de la política y la militancia, gracias a las reglas propias del servicio exterior, donde los diplomáticos podían ocupar cargos sin tener que ser militantes políticos del oficialismo de turno”.
Sobre los medios públicos, “en diciembre de 2015, existía en el Estado Nacional una suma de diferentes estructuras, empresas del Estado, programas, planes, centros, unidades ejecutoras y proyectos específicos, dependientes de distintos ministerios, con fuentes presupuestarias y marcos legales diferentes, que se había convertido en una maquinaria mediática y cultural al servicio de la propaganda política”. “La Jefatura de Gabinete gastó más de 2.200 millones de pesos en publicidad oficial, más del doble de lo aprobado por el Congreso”, añade.
En lo que respecta al Centro Cultural Kirchner (CCK) se afirma que “abrió sus puertas en mayo de 2015 de forma prematura, ya que el edificio no había sido habilitado”.
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