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La Cámara de Casación porteña se apresta a resolver quién debe investigar la muerte de Alberto Nisman. La defensa del informático Diego Lagomarsino reclamó ayer en una audiencia ante los jueces que deben tomar la decisión, que el expediente siga donde siempre estuvo: en la justicia ordinaria. Pero las querellas que representan a la madre del fiscal, Sara Garfunkel, y a las hijas, dicen –como desde casi el primer día– que al fiscal lo mataron en relación con su trabajo y el caso debe quedar a cargo del fuero federal, donde están los juzgados más sensibles al poder político y las influencias de los servicios de inteligencia. El abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse, dijo que Lagomarsino “sólo quiere su impunidad”. Sus defensores hicieron planteos de carácter técnico y señalaron que debe ser juzgado en “un plazo razonable”, algo difícil si la pesquisa prácticamente vuelve a empezar en Comodoro Py.
La audiencia se hizo en una sala pequeña de la Cámara de Casación y estuvieron presentes la propia Garfunkel, la hermana de Nisman, Sandra, y la ex esposa del fiscal y madre de sus hijas, Sandra Arroyo Salgado. El juez Mario Magariños dirigió la audiencia, acompañado por sus colegas Daniel Morín y María Laura Garrigós de Rébori. Los jueces se quedaron deliberando y, aunque tienen cinco días hábiles de plazo para pronunciarse podrían hacerlo antes.
Lagomarsino está imputado sólo por haberle prestado un arma a alguien que no era legítimo usuario, pero Arroyo Salgado siempre amagó con involucrarlo en la muerte dudosa. Sus abogados, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, recurrieron ante la Cámara de Casación para cuestionar la decisión de la Cámara del Crimen que mandó la causa al fuero federal, al confirmar lo que había decidido la jueza Fabiana Palmaghini. Según los letrados, Palmaghini sólo se basó en que se habían violado los correos electrónicos de Nisman, pero la Cámara se extralimitó y analizó el caso.
El abogado de la querella de Arroyo Salgado, Federico Casal, les retrucó que no daban suficientes fundamentos, pero más vehemente fue Lanusse, en nombre de Garfunkel, quien dijo que la defensa no demostró la violación del plazo razonable, que es lo único que se debería discutir, e incluso acusó a Lagomarsino de demorar la causa. Llegó a decir que está en juego “la credibilidad de la justicia” con este caso. En las réplicas, los abogados del informático le retrucaron que la querella fue la que se la pasó haciendo planteos dilatorios. “Trece de quince incidentes fueron formulados por las querellas”, señaló.
El fiscal Ricardo Sáenz, ultra alineado con Arroyo Salgado, pidió que investigue el fuero federal. Dijo que el juez federal Julián Ercolini comenzó con la autopsia psicológica. Los defensores retrucaron que la causa está parada, sin medidas concretas y consistentes.
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