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Ibar Esteban Pérez Corradi tenía pedido de captura nacional e internacional porque está imputado como presunto el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, en el que el 7 de agosto de 2008 fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Esas muertes dejaron al descubierto el negocio ilegal de la efedrina, precursor químico para la fabricación de metanfetaminas, es decir de drogas sintéticas. El financista –conocido en su ambiente bajo los alias de Peludo, Pelado y Chiquito– estaba prófugo hacía más de tres años, aunque tras la asunción de Cambiemos había sondeado la posibilidad de entregarse.
En enero pasado, sus abogados se reunieron con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, y el entonces juez Norberto Oyarbide. La condición de la que habló en ese momento uno de los letrados, Carlos Broitman –que comparte la defensa con el ex policía Juan José Ribelli–, para que Pérez Corradi se entregara fue que se lo juzgara en el fuero federal.
El juicio por el triple crimen estuvo a cargo de la Justicia de Mercedes, que dictó sentencia en 2012, cuando Pérez Corradi ya se encontraba prófugo (dato que se detallará más adelante). El tribunal condenó a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor y Marcelo Schillaci como autores materiales del triple crimen, y recomendó juzgar a Pérez Corradi como “autor intelectual”; por eso, el financista considera que la justicia de Mercedes no es “imparcial”.
La hipótesis del tribunal fue que Pérez Corradi ordenó la matanza cuando las víctimas quisieron quedarse con un negocio suyo. Según los magistrados, el financista era uno de los proveedores de efedrina de Jesús Martínez Espinoza, condenado como narco mexicano a raíz de un laboratorio descubierto en Maschwitz. Para la causa, los tres jóvenes asesinados intentaron competir con Pérez Corradi y éste los mandó a matar.
El empresario tenía una larga relación con Forza, a quien financiaba. Forza se dedicaba a comprar medicamentos robados o vencidos y los colocaba en obras sociales; era parte de la llamada mafia de los medicamentos. Sin embargo, estaba quebrado y Pérez Corradi le cambiaba cheques, lo que producía choques entre ellos porque Forza incumplía con los pagos. En el medio de estos conflictos, Forza habría decidido encabezar una especie de traición a Pérez Corradi disputándole la provisión de efedrina.
El ex policía José Luis Salerno testimonió que Pérez Corradi amenazó a Forza y resolvió la ejecución. Se lo dijo a Salerno en una confitería del centro, en la que le exhibió un arma nueve milímetros.
También el médico Gustavo Ricchiuto, en su declaración en el marco de la causa de la efedrina, vinculó a Pérez Corradi con el triple homicidio. “El empresario Ibar Pérez Corradi estaba muy enojado, ya que Sebastián Forza se había quedado con el negocio de la efedrina, perjudicándolo, y dijo que había entregado 100.000 pesos para que lo mataran”, había declarado Ricchiuto.
Los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci fueron mano de obra del crimen, quienes se ocuparon de secuestrar y dar muerte a Forza, Bina y Ferrón.
El imputado como autor intelectual tiene 38 años. Trabajó en el Banco Nación durante seis años, pero se convirtió después en “financista” y empresario farmacéutico.
Pérez Corradi estuvo preso, pero fue dejado en libertad en 2011 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Venía siendo reclamado por la DEA norteamericana por envíos de drogas a Estados Unidos –fue acusado de narcotráfico por mandar oxicodona, un analgésico derivado del opio– y ante la inminencia de la extradición, se dio a la fuga.
¿Por qué quería entregarse el pasado enero, después de más de tres años prófugo? Según hizo saber, siempre a través de su abogado, porque quería demostrar su inocencia y sentía que con el macrismo era el momento “propicio”. El letrado esbozó además en ese momento una velada promesa al PRO, la de que Pérez Corradi, con su declaración, podría afectar a integrantes de la gestión anterior: “Está sindicado de realizar negocios con políticos, sindicalistas y funcionarios, si él declara va a ser sano para el país porque va a clarificar”, sostuvo.
Como se recordará, el año pasado, en plena campaña electoral, uno de los condenados del triple crimen, Martín Lanatta, dio una entrevista al programa Periodismo para Todos en la que acusó al entonces candidato a gobernador bonaerense del FpV, Aníbal Fernández, de haber tenido que ver con los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, aunque luego Lanatta fue desmentido por su propio abogado, Roberto Casorla Yalet.
“Lo que dijo ante las cámaras no tiene nada que ver con lo que me relató en estos años, me sorprendió y me compromete como abogado”, sostuvo su representante legal. Coincidente con él, el fiscal del caso, Juan Ignacio Bidone, también había señalado que, si bien Lanatta declaró más de cinco veces en el juicio oral, jamás había mencionado a Fernández.
Tras la escandalosa fuga de los Lanatta y Schillaci, el Ministerio de Seguridad bonaerense había subido a 2 millones de pesos el pago de la recompensa por datos que permitieran capturarlo. El 12 de febrero hubo un primer anuncio de su detención. La información decía que había sido hallado en un country, a unos 15 minutos de Ciudad del Este. Sin embargo las fuerzas policiales paraguayas negaron la captura. La última noticia que se tenía del prófugo era de la semana pasada, cuando una fiscal de Asunción solicitó su captura por la compra de una cédula de identidad de un muerto.
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