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El juez federal Ariel Lijo procesó al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli por supuesto “lavado de activos” provenientes de un delito, a partir de aportes a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos por parte de droguerías. El juez sostiene que el origen de los fondos pudo ser el tráfico de efedrina o la denominada “mafia de los medicamentos”.
El magistrado procesó por el mismo delito al ex legislador porteño Sebastián Gramajo y a los responsables de droguerías Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone.Todos fueron embargados por 3 millones de pesos en base al delito de “lavado de activos provenientes de un delito” y sus procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva, por lo cual seguirán en libertad.
Para Lijo, Capaccioli administró los fondos “a sabiendas de su origen ilicito” y buena parte de ese dinero lo habría recibido en su propio despacho de funcionario.
Bellone es la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, cuya autoría intelectual se atribuye al detenido Ibar Pérez Corradi, mencionado por Lijo en relación al origen de los aportes hechos por Forza a la campaña electoral del Frente para la Victoria del 2007, cuando compitió con la fórmula Cristina Fernández Kirchner-Julio Cobos.
Los procesamientos se dictaron a ocho años de iniciada la investigación judicial, en base a la denuncia de los entonces diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui. En esa acusación se aludía a la necesidad de investigar los aportes de droguerías a la campaña electoral del FpV del 2007, luego de constatar que un 35,6 por ciento del total de aportes declarados por esa fuerza política provenían de ese rubro, que tenía “vinculación directa” con Capaccioli por sus funciones.
El ex funcionario ejercía su cargo y, al mismo tiempo, era responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y recaudador de la campaña electoral. Gramajo era el responsable político de esa alianza electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas en varias causas judiciales, entre ellas la llamada “mafia de los medicamentos” y causas penales por tráfico de efedrina.
Para el magistrado, de hecho, está probado que el dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las droguerías Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp –un total de 886.000 pesos– tenía “origen ilícito”, y se entregó “a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud”. En particular, Lijo aludió a la compraventa de efedrina, un precursor químico para uso ilegal, basado en la sentencia del juicio oral por el triple crimen de General Rodríguez. “Allí se indicó que nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos, quienes mandaron a sus principales responsables”, para entablar relación con empresarios del rubro locales, entre ellos Perez Corradi y Forza.
Pérez Corradi fue detenido el domingo en Paraguay y se espera su extradición a la Argentina, donde es requerido en varias causas judiciales, una de ellas la del triple crimen, donde está señalado como supuesto autor intelectual del hecho. “Es posible afirmar la existencia de vínculos entre los imputados, el tráfico de efedrina y el grupo de narcotraficantes mexicanos. En tal sentido, allí se verificó la relación entre Forza –esposo de Solange Bellone– y los carteles mexicanos”, continuó Lijo. Entre las empresas farmacéuticas aportantes, Bellone figuraba como presidenta de Seacamp y su fallecido esposo, Forza, como apoderado.
Lijo entendió, además, que el empresario farmaceútico Néstor Lorenzo y Capaccioli “fueron los encargados” de la puesta en circulación del dinero ilegal “y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza ‘Frente para la Victoria’ del año 2007 para llevarla a cabo”. El magistrado argumentó que “los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el propio despacho de Capaccioli”.
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