En primer lugar, no se puede utilizar el marco de la postulación de Carmen Argibay para dar el debate sobre la descriminalización del aborto. El obispo de San Luis tiene todo el derecho a dar su opinión sobre la candidatura de Argibay. Las organizaciones no gubernamentales de mujeres y el movimiento de mujeres celebramos la decisión del Gobierno de incorporar una mujer a la Corte y que esta mujer sea Carmen Argibay, porque ésta representa y defiende los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Nadie puede pensar que la opinión personal de Argibay pueda apartarla de la aplicación del derecho vigente, que es su función como jueza. Ella no va a legislar, este debate se da en el Parlamento.
El problema central para muchos sectores fundamentalistas es que los tratados de derechos humanos vigentes son interpretados por los organismos internacionales en materia de derechos humanos de manera diferente a sus opiniones e intereses. Distintas opiniones del Papa, la Congregación de la Fe, o algunos obispos, son manifiestamente contradictorias con los principios universalmente aceptados en el marco de las Naciones Unidas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, las declaraciones que hicieron en materia de homosexualidad, anticonceptivos, aborto.
Por eso, hay que dividir el debate sobre la candidatura de Argibay del debate sobre la descriminalización del aborto. Este último debate lo queremos dar en el Parlamento. Nadie puede obstaculizar la designación de Argibay por sus posiciones ideológicas o por su explicitación de su condición de no creyente. Porque eso es discriminatorio, objetar la designación de alguien por una opinión o por su religión o falta de religión, es discriminatorio. Una cosa distinta es que alguien pudiera probar que aplicó mal los postulados del derecho, que por eso no podría ser juez. Ampliar la legalización del aborto es un debate que queda en el Parlamento.
En resumen, no se puede bloquear la designación de Argibay fundado en sus ideas en relación con ese tema. Es un debate que la sociedad argentina se debe, y que muchos políticos influenciados por sectores de poder fundamentalistas, patriarcales, conservadores que, por las necesidades concretas de la mayoría de las mujeres de la población, hacen oídos sordos a este debate. Si uno toma los índices de mortalidad materna por aborto, embarazo adolescente o violencia sexual contra las mujeres son mucho más alarmantes en las provincias donde mayor hipocresía y mayor conservadurismo existe en torno de este tema, Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, San Luis. Hay un círculo vicioso de doble moral, hipocresía y negación y privación a las mujeres de los derechos más básicos, como es el derecho a la educación sexual, a una vida libre de violencia, el derecho a los métodos anticonceptivos. Y son los mismos que niegan esos derechos quienes se manifiestan en contra de la descriminalización del aborto.
Pero, repito, ese debate no debe darse en el marco de la designación de Carmen Argibay.
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