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El Gobierno de la Ciudad ha puesto en marcha un nuevo capítulo de su lógica política. En el marco del tarifazo general que se está implementando a nivel nacional, ha decidido aumentar una vez más la tarifa del subte en una decisión que evidencia que, para Cambiemos, los servicios son una mercancía y no un derecho que debe ser accesible a toda la población.
Para poner esto en práctica armó una sucesión de situaciones dignas de una obra teatral. En este último mes para discutir el aumento del boleto se realizaron audiencias públicas sin publicidad y en horarios en los que ningún ciudadano común podría haber asistido. En esas audiencias hubo intervenciones en contra del aumento que –ya era sabido– no fueron escuchadas. La puesta en escena tuvo su final anunciado: desde ahora los pasajeros deberán pagar 7,50 pesos para viajar en la red.
Los argumentos para justificar este tarifazo se centran en las futuras mejoras de la frecuencia del servicio. Sin embargo, en el subte faltan trenes para que eso sea posible y los sistemas de señales no son los adecuados para que los coches circulen cada tres minutos. Ahora bien, supongamos que las promesas sobre el viajar bien, más cómodo y más rápido se concretaran. Así y todo, hay una dimensión que el PRO no contempla: la dimensión humana. Porque el transporte es un derecho y debe ser pensado como una necesidad más a atender por el Estado, aunque el macrismo se empeñe en manejarlo como un bien para comerciar.
De todos modos, esta postura neoliberal no es nueva; se viene observando en el manejo del subte desde que el gobierno de la Ciudad se hizo cargo de la red, en 2012. Desde entonces hasta hoy, el boleto subió un 581 por ciento.
Los trabajadores del subte de Buenos Aires, en conjunto con sindicatos de América Latina, Europa y Estados Unidos, nos reunimos desde hace años para discutir y defender la posición opuesta a la que tiene el gobierno de la Ciudad. En las grandes urbes mundiales el transporte es un derecho elemental. Las personas que no pueden transportarse no pueden acceder al derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la recreación. Entonces, si no pueden viajar se ven limitados en todos sus otros derechos. Por eso, restringir el acceso al transporte público, excluir a ciudadanos a viajar en ellos, es cercenar derechos.
El PRO tiene una política excluyente y no comprende que el transporte no es un iPhone, no es una licuadora, no es un objeto que se coloca en el mercado al mejor postor. Con este criterio, hacen aproximaciones del costo del pasaje, calculan la tarifa técnica para tener excusas para subir el precio y sin embargo no informan cuál es la ganancia que obtiene Metrovías, la empresa concesionaria del servicio, con estas medidas.
El subte es un medio que debe ser accesible para todos. Por eso defendemos la existencia de un boleto educativo para que los pibes y pibas de la Ciudad de todos los niveles y los docentes puedan ir a estudiar y a trabajar sin inconvenientes. Defendemos que el Estado subsidie el transporte. Creemos profundamente que la tarifa no tiene que ser cada vez más alta, sino al revés, y en que tenemos que luchar para que algún día podamos llegar a la gratuidad del transporte para garantizar así derechos básicos.
Está claro que esta no es la mirada que tiene Sbase, la empresa del Estado propietaria del subte, el gobierno de la Ciudad y tampoco el gobierno nacional. Ellos, que organizan audiencias públicas a las que después les dan la espalda y que inventan argumentos para subir el precio del boleto, persiguen un fin marcado por la rentabilidad. Ellos piensan a nuestra red en relación al mercado y no a las necesidades de la población. Los trabajadores del subte, en cambio, estamos en contra de un boleto a 7,50 pesos porque consideramos que los derechos deben estar garantizados por el Estado.Y el transporte es uno de ellos.
* Secretario general de Metrodelegados (AGTSyP, Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro).
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