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Cristina Fernández de Kirchner amplió su denuncia contra Margarita Stolbizer, su abogada Silvina Martínez y el juez Claudio Bonadio, a quienes acusa de tráfico ilícito de información, falsa denuncia, estafa procesal y tentativa de privación ilegítima de la libertad. Le pidió a la jueza María Servini de Cubría –a quien le tocó, finalmente, la investigación judicial– que solicite informes al Banco Central, al Nación y al Banco Galicia, porque quiere demostrar, dijo, contra lo que denunció Stolbizer, que las operaciones que hizo están documentadas, y declarado su dinero, sus cajas y sus cuentas. La ex presidenta sostiene que la diputada de GEN utilizó información obtenida en un allanamiento a las oficinas de su contador ordenado por el juez Bonadio, en el expediente conocido como “Los Sauces”, pero que “distorsionó dolosamente la información robada para hacer aparecer el doble de dinero en efectivo que había sido declarado”. Mientras tanto, la Cámara Federal discute si apartará a Bonadío de esa causa, y la une con la que es conocida como Hotesur.
La denuncia de Stolbizer decía: “Estamos hablando aproximadamente de 5 millones de dólares en cajas de seguridad, los cuales nunca fueron declarados (ni los dólares ni las cajas de seguridad) ni por la ex presidenta en su última declaración jurada ni por su hijo Máximo Kirchner”, diputado. “Se trata –precisaba– de una caja de seguridad con 2.250.000 dólares y otra con 2.214.000.” Añadía que Florencia Kirchner tiene una cuenta por algo más de un millón de dólares también. Por último, informaba que CFK tenía una caja de seguridad a su nombre con 65.995.660 pesos. La semana pasada se realizó un procedimiento en el Banco Santa Cruz y, según trascendió en un primer momento en cables de agencias y portales de noticias, se habían hallado diez cajas de seguridad a nombre de la ex presidenta que el juzgado había procedido a “fajar”. Luego se supo que era todo falso y que no habían encontrado ninguna caja de seguridad a nombre de CFK ni de sus hijos.
Por otro lado, en el escrito presentado ante Servini, Cristina Kirchner explica que este año cambió esos pesos por dólares, como declaró la semana pasada ante el fiscal Gerardo Pollicita. Y que esos cinco millones de dólares que mencionaba no eran otra cosa que los 65 millones de pesos. Para Stolbizer eran “extraños movimientos bancarios”.
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, hizo la presentación también en el juzgado de Julián Ercolini, que fue donde Stolbizer la denunció por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y omisiones maliciosas en las declaraciones juradas, en el contexto de la investigación conocida como Hotesur, una sociedad de la familia Kirchner dedicada a operaciones con alquileres. Esa causa fue, en un inicio, una denuncia por irregularidades en un trámite ante la Inspección General de Justicia pero se convirtió en una pesquisa sobre el patrimonio de los Kirchner. En un comienzo la tuvo Bonadio, pero la Cámara Federal lo apartó por pedir un peritaje a espaldas de CFK. Pero se las ingenió para abrir otra causa, Los Sauces, otra sociedad que alquila inmuebles. Beraldi se quejó de que Bonadio mandó a repetir allanamientos que ya se habían hecho en Hotesur. Entre ellos el de las oficinas del contador Víctor Manzanares, en Río Gallegos, donde se secuestró documentación dos semanas atrás.
De allí, explican los escritos presentados ayer, surgió la información sobre el dinero en efectivo de la ex mandataria. Eran datos volcados en unas planillas del contador y se trataba de información reservada. Por eso, según la denuncia de CFK, se trata de “tráfico ilegítimo de información”. Pidió el análisis de comunicaciones “cibernéticas y telefónicas” entre Stolbizer, su abogada Martínez y el juez. La denuncia es falsa, señaló, porque es trucho el contenido: según ella todo su patrimonio fue declarado oportunamente, todos los movimientos del dinero en cuestión se hicieron a través del circuito legal y no puede haber una omisión maliciosa de operaciones cambiarias que hizo este año, ya después de haber prestado su declaración jurada correspondiente al final del mandato. Así, señala, con un planteo falso “para profundizar la campaña de persecución y desprestigio” también se apunta a privarla de su libertad.
Beraldi entregó ocho cajas con documentación y en uno de los escritos recordó que el expediente Los Sauces, que se generó también con una denuncia de Stolbizer, fue el artilugio que habría encontrado Bonadio para “reeditar el objeto procesal que se investiga en la causa Hotesur”, de la cual había sido apartado por irregularidades. La semana pasada la Sala I de la Cámara Federal hizo la audiencia de rigor para escuchar las posiciones, y debe decidir si –como pide la ex presidenta– le saca esa causa a Bonadio y la unifica con la que tramita Ercolini. En esa sala hay un cargo vacante, ya que Eduardo Farah abandonó la subrogancia, pero sería convocado igual porque Eduardo Freiler y Jorge Ballestero tendrían posturas encontradas.
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