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En el famoso video donde se ve a José López entrando los bolsos con dinero al convento de general Rodríguez, también se advierte que al lado de la puerta deja tirada un arma enorme, una carabina semiautomática de calibre 5,5 mm (Sig Sauer 522LR) de origen suizo. Por la portación ilegal de ese fusil, el ex secretario de Obras Públicas recibió ayer un nuevo procesamiento con prisión preventiva, por decisión del juez de Garantías de Morón, Gabriel Castro, a pedido de la fiscal Alejandra Rodríguez. Esto complejiza la situación judicial del ex funcionario, quien ya estaba preso por presunto enriquecimiento ilícito. Este delito es investigado por el juez federal Daniel Rafecas, quien hoy hará una inspección ocular en el lugar, también conocido como monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes. El objetivo central es reconstruir el hecho y analizar las responsabilidades de las monjas, que mintieron en su declaración inicial. Además, intentaría verificar si una tercera monja que se ve en la filmación, ayudó a López. El arzobispado de Luján abrió su propio expediente.
La causa que tramita en la justicia bonaerense por el arma podría ir rápidamente a juicio oral. El juez de Morón ya notificó a las partes. Rafecas investiga lo que atañe al dinero, la maniobra para ocultar la plata en el convento, la relación de López con las monjas y el origen de los bienes del ex funcionario. Para imputar a alguien enriquecimiento ilícito basta con que no pueda justificar de dónde obtuvo todo lo que tiene. Casi 9 millones de dólares eran imposibles de explicar y por eso López fue procesado. Luego se sumó que la casa donde vivía en Tigre estaba a nombre de terceros.
Las cuatro cámaras del monasterio funcionaban, pero dos de ellas –las que dan a la puerta de la calle– no grababan. Por eso no se sabe exactamente como entró López. Según lo que relató el repartidor de pollos que llamó al 911, Jesús, el ex secretario tiró primero los bolsos con plata por arriba de la pared. Con la inspección ocular, Rafecas intentará una reconstrucción y quiere analizar la conducta de las monjas. Un dato a evaluar es dónde suena el timbre, la disposición de los ambientes y quiénes podían escucharlo. Esto es porque el policía que primero llega, Pablo Román, declaró que estuvo esperando cuarenta minutos a que le abrieran, desde las cuatro de la madrugada hasta las 4.40. Tocó bocina y llamó a viva voz también. Dijo que incluso la voz femenina que lo atendió por el portero le pedía explicaciones mostrándole desconfianza de su carácter de policía, y le decía que se acercara a la cámara. “Parecía que me estaban tomando el pelo”, declaró ante el juez. “¿Qué quiere la policía?”, contó que le preguntaban las monjas. “Tenemos una denuncia de que hay un intruso”, contestó. “Acá no hay nadie”, fue la respuesta. Pero López llevaba una hora y diez minutos adentro.
Las cámaras que sí registraron los movimientos desmintieron a las monjas, que habían dicho que López llegó muy alterado. Un examen toxicológico confirmó que no había consumido ninguna sustancia que pudiera afectarlo. También habían dicho que fue todo muy rápido, pero López se quedó.
A pedido del fiscal Federico Delgado, el juez Rafecas dispuso indagar después de la feria judicial a la monja Celia Inés Aparicio, quien ayudó a López con los bolsos con plata; al contador Andrés Galera y al empresario Eduardo Gutiérrez, sospechados de ser testaferros en la compra de la casa. Galera aparece comprando en 2008 el terreno donde se construye la casa de López y le paga a un arquitecto de su confianza dos millones de pesos para la construcción de la casa; el arquitecto dijo que para toda la terminación de la obra, incluyendo la fachada, recibió directivas de López y su esposa, María Amalia Díaz. Gutiérrez figura como comprador de la propiedad en 2010 (sería una falsa operación).
Díaz, además, el día previo a la detención de su esposo había llamado once veces a la madre Alba (Alba Día de España Martínez Fernández), de 94 años, encargada del lugar, cuyo estado de salud será evaluado por el Cuerpo Médico Forense antes de ser citada como sospechosa. La última comunicación con el convento fue a la una de la mañana. A López lo llamó a las 3.19, cuando estaba por llegar al lugar. La mujer también fue citada por el juez y López, detenido en el penal de Ezeiza, fue convocado a ampliar su indagatoria.
El arzobispado de Mercedes-Luján, informó ayer que abrió una investigación canónica sobre lo sucedido. “Ante los hechos de público conocimiento acaecidos en el monasterio de Monjas Orantes y Penitentes de General Rodríguez, Agustín Radrizzani ha dispuesto la realización de una investigación completa de acuerdo a las normas del Derecho de la Iglesia”, dice un comunicado difundido. “Dicha investigación se realizará lo antes posible de modo de tomar las medidas pertinentes que dispone el Derecho”, añade. Radrizzani explicó que la pesquisa tomará en cuenta toda la información que surja de la investigación judicial. Puso a cargo al sacerdote palotino Tom O’Donell y como notario al presbítero Daniel Blanchoud, párroco de la Basílica de Nuestra señora de Luján.
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