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La jugada que armó el Gobierno para sacarse de encima el contrato del programa Fútbol para Todos, para decirlo en términos futboleros, le salió redonda. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, la definió ayer con el comunicado oficial que señaló la “aceptación” del Gobierno de la “propuesta” que le hicieran los dirigentes del fútbol argentino el pasado lunes, de poner fin al contrato que había entrado en vigencia en 2009 para así poder negociar libremente con oferentes del sector privado. Tal es el caso de la norteamericana Turner, que no casualmente acercó a la AFA una oferta por 3.200 millones de pesos por los derechos televisivos, 700 millones más que los 2.500 que el Gobierno hizo circular entre los dirigentes que asistieron a las renuniones en la Casa Rosada.
La atención se focalizó primero en la creación de la Superliga, en las discusiones acaloradas entre bandos que daban cuenta de una interna salvaje en una AFA a la deriba, atravesada por una profunda crísis política y económica como jamás de había visto en los tiempos del mandamás fallecido, Julio Grondona. En este terreno, el grupo de los clubes grandes liderados por Daniel Angelici (Boca), Rodolfo D’Onofrio (River), Matías Lammens y Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Víctor Blanco (Racing), montados en la ola que el Gobierno generó con presiones concretas como la suspensión por parte de la IGJ de las elecciones que debían realizarse el 30 de junio y el retaceo de fondos que fue asfixiando a los clubes, logró torcerle el brazo al otro sector mayoriatario, liderado por Hugo Moyano (Independiente) y su yerno Claudio Tapia (Barracas Central). Cercados y tentados por un nuevo reparto de porcentajes, los dirigentes votaron finalmente por 70-1 la aprobación de la Superliga, que la FIFA no termina de digerir. Lo hicieron sin siquiera conocer en detalle las modificaciones del estatuto, como bien denunció el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Giammaria, el único que se opuso rontundamente y con fundamentos a esta iniciativa copiada de apuro de la experiencia española.
La distracción funcionó de maravillas. Porque mientras no terminaba de comprenderse bien este cambio significativo para el fútbol argentino, se fueron sembrando al mismo tiempo las ideas que alimentaron lo que finalmente el Gobierno anunció ayer: la rescisión del contrato con Fútbol Para Todos dando curso a un pedido de la propia dirigencia, que especula que con la vía libre para renegociar los derechos de televisación podría alcanzar en el mercado ofertas de hasta 4.000 millones, que no es más que la cifra estimada por el gurú de la Superliga de España, Javier Tebas, otro que, invitado por Angelici al país, también participó de la jugada. Como a su modo lo hizo el ex gerenciador de Racing, Fernando Marín, a quien Macri puso al frente del programa FPT justamente para trabajar en su desarticulación.
Es difícil imaginar que una empresa que esté dispuesta a desembolsar esos valores, no esté pensando en recuperar su inversión y, obviamente, obtener ganancias. Hablar de la gratuidad hasta el 2019, como tímidamente sugirió de Andreis, no puede ser más que otra finta, un engaño difícil de sostener.
La promesa de más millones que por estas horas acaso puede festejar la dirigencia, tampoco será gratis para el fútbol argentino. Acaso sea la puerta de entrada a una transformación mayor, la de convertir a los clubes fundados y administrados históricamente por sus socios en sociedades anónimas deportivas, esas que Macri buscó instalar sin éxito entre sus pares de la AFA cuando era presidente de Boca. Tal vez sea solo cuestión de esperar. Todo llega.
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