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El texto del mensaje que recibieron distintos ciudadanos en sus teléfonos móviles.El Gran Hermano del gobierno de Cambiemos ya está en funcionamiento. La abogada Vanesa Carreras que había presentado un amparo para frenar el convenio por el cual el Ejecutivo se hace de la base de datos de la Anses –con información de datos filiatorios, dirección, teléfonos y e-mails de 16 millones de personas– para hacer propaganda del Gobierno, presentará hoy en la causa penal que realizaron diputados kirchneristas contra los funcionarios del Gobierno, pruebas de personas que recibieron en su teléfono celular publicidad del Gobierno al que nunca le aportaron sus datos de conformidad. En tanto, otros diputados del Frente para la Victoria replicaron el amparo judicial que presentaron sus compañeros de bancada. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió la decisión con el argumento de que durante la gestión anterior la Anses había firmado 40 convenios. Desde el sector del diputado y ex director de la Anses, Diego Bossio, dijeron a Página/12 que “en ninguno de esos convenios la Anses entregó su base de datos como lo hace ahora para difundir propaganda política”.
“La ciudadana V. B. (para reservar su identidad) recibió el jueves 28 de julio a las 12.58 horas AM un correo electrónico de Casa Rosada promocionando la aplicación para realizar trámites, pero ella nunca brindó su mail al Poder Ejecutivo, con lo cual le pareció muy extraño cómo obtuvieron su dirección electrónica”, dijo Carreras a Página/12. La abogada sumará hoy esa prueba a la denuncia penal que los diputados kichneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié presentaron contra el ministro coordinador Peña Braun, su secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco, al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; y el subdirector del instituto de previsión, Federico Braun por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad”.
“Habiendo leído que el ingeniero (Ariel) Garbarz (titular de la seguridad teleinformática de la Universidad Tecnológica Nacional) quien alertó que se trataría de ‘la violación más grande que se ha hecho en la historia de la información pública’ me parece importante aportar estas pruebas”, insistió la abogada que hoy las aportará al juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, donde recayó la denuncia de Tailhade y Cabandié y que debería investigar el fiscal Guillermo Marijuan. Carreras hasta ayer tampoco había sido notificada si el fuero Contencioso Administrativo Federal habilitaría la feria judicial para tratar su recurso de amparo para frenar el convenio.
En tanto, los diputados del FpV Diana Conti, Carlos Moreno, Carlos Kunkel, Andrés Larroque, Cabandié y Tailhade replicaron ante el mismo fuero el amparo que ya había presentado el jefe de bloque Héctor Recalde junto a otros miembros de la bancada. “Resulta competente el fuero contencioso administrativo federal, ya que la acción se dirige contra los actos realizados por el Poder Ejecutivo de la Nación en el ejercicio de sus funciones”, sostiene el nuevo escrito con el que se proponen “evitar el avasallamiento que ha provocado la resolución de la Jefatura de Gabinete respecto a la Constitución Nacional así como a las leyes que este Parlamento ha sancionado con el fin de proteger la intimidad, el honor y los datos personales del pueblo argentino”.
La disputa también se instaló en el Congreso. Como anticipó Página/12, el interbloque Progresistas (PS, GEN y LdS) presentó el miércoles por la noche un proyecto en la Cámara baja para derogar por ley la resolución del Ejecutivo. La iniciativa de la socialista Alicia Ciciliani también propone modificar la ley de datos personales. “Esta manipulación de los datos identificatorios de casi todos los habitantes de la Nación resulta un hecho riesgoso y de muy difícil contralor por parte de la ciudadanía”, dice el proyecto en sus fundamentos.
Por su parte el Gobierno salió a defender la resolución. “Es absolutamente transparente y legal”, dijo Peña al tiempo que sostuvo que el hecho es una “costumbre”. “Por ahí estos diputados (que hicieron al denuncia penal en su contra) no saben que la Anses durante el gobierno anterior hizo más de 40 convenios de cesión de datos de contacto a gobiernos provinciales y empresas privadas como Banelco, por ejemplo”, sentenció. El jefe de Gabinete también cargó contra CFK que sostuvo a través de la red social Twitter que se pretende crear un “Estado policial”: “Es un enorme alivio al saber que no nos gobierna más una persona con ese nivel de distorsión de la realidad”, afirmó Peña.
Consultados por este diario, desde el Bloque Justicialista al que ahora pertenece Bossio desmintieron las aseveraciones de Peña. “Durante su gestión se realizaron convenios para mejorar el sistema provisional y muchos de ellos fueron con cajas de jubilaciones provinciales. Pero la Anses jamás entregó su base de datos como ahora lo hace el Gobierno para hacer propaganda de su gestión como dice el mismo convenio firmado”, explicaron a Página/12.
Sobre el convenio que el ministro coordinador dijo que se realizó con Banelco, allegados a Bossio sostuvieron que se trató del Programa Mi Huella “para facilitar” el cobro de jubilaciones y pensiones a través de la huella digital que permitía a los jubilados dar “fe de vida” como debe realizar periódicamente ante las entidades bancarias en las que cobran sus haberes y cuyos datos biométricos eran aportados por las redes de cajeros en los que también se depositan las jubilaciones. “Pero la Anses nunca entregó su base de datos”, insistieron.
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