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El Consejo Federal de Derechos Humanos que reúne a los responsables del área en cada provincia deliberó en Tucumán y en la apertura participó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto. Pese a que la agenda estuvo marcada por Nación con un programa que incluyó al INADI y objetivos de Naciones Unidas de hambre y pobreza, 11 de las 23 provincias lograron consensuar un duro pronunciamiento en paralelo sobre los principales ejes de preocupación por las políticas públicas en el área. El documento menciona la “concesión sistemática de arrestos domiciliarios” a represores, fallos que sustraen la calificación de lesa humanidad a asesinatos de las Fuerzas Armadas, la participación en desfiles de represores y referentes de levantamientos contra la democracia, la detención ilegal de Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru y el intento de desconocer los derechos laborales. Como contracara ratifica compromisos sobre libertades de protesta y el acceso a derechos básicos como agua, energía o trabajo.
Se trata del segundo documento de las y los responsables de las áreas de derechos humanos de distintas provincias elaborado desde el cambio de Gobierno. Fue firmado por Tucumán, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Neuquén y Misiones. Un número significativo en un cuadro donde la firma de algunas provincias no aparece por las presiones de los gobernadores. El primer documento de marzo que no logró este tono tuvo 12 firmas. Entre uno y otro texto falta la firma de Santa Fe, que en este caso no lo hizo porque su representante se fue antes. En uno y otro momento no firmó la representante de San Juan, una de las provincias con más dificultades con los juicios de lesa humanidad pero responsable en el plenario de pedir una disculpa pública del Presidente por las declaraciones del “curro” de los derechos humanos. El contenido final del texto –más menguado de lo deseado por algunos– avanzó varios casilleros sobre el documento de marzo. Frente a aquel texto más general de tono preventivo, este presenta una dura interpelación sobre la realidad.
“Creo que cuando nos vimos en marzo lo que hicimos fue tantearnos unos con otros, para entender en qué estaba cada provincia”, dice Delfor “Pocho” Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja. “Ese plenario no tuvo tanta contundencia, ahora tenemos mucha más claridad conceptual: estamos diciendo que sin bien reconocemos la legitimidad del Gobierno, entendemos que son las políticas las que producen estos resultados, que lo que está pasando no pasa de casualidad, que los despidos y demás pérdidas de derechos van ligados a las políticas económicas que necesitan quitar derechos, precarizar el trabajo. En marzo, muchos secretarios eran nuevos. Ahora planteamos quejas que fueron fuertes. Esto quedó expresado en el documento. Todo el plenario fue cuestionador, se señaló de modo insistente y mucho las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Y ellos no responden, dejan correr”. Horacio Pietragalla por Santa Cruz dice que el encuentro mostró lo lejos que está el Gobierno nacional del compromiso de algunas provincias. “El primer día estuvo (el representante para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos) Américo Calcaterra para dar cuenta de los postulados de la ONU sobre pobreza cero y hambre. A nosotros nos parecieron que los programas de Naciones Unidas resultan muy contradictorios con las políticas del Gobierno de Macri. Y por esta razón le dije: ‘Me imagino que ya estarán preparando en la ONU algún tipo de sanción para Argentina porque con la política que está llevando adelante, a esos objetivos no vamos a llegar nunca”.
El texto da cuenta de ese estado de situación. Señala como primera alerta, “la concesión sistemática, por parte de la Justicia, de arrestos domiciliarios a represores”. También los fallos judiciales que niegan la calificación de crímenes de lesa humanidad a asesinatos perpetrados por las FFAA en el marco del plan sistemático como la masacre por Capilla del Rosario y también haber cedido facultades de las autoridades políticas al comando mayor conjunto de las Fuerzas Armadas”. Toma la agenda de los derechos al acceso a la energía y al agua, el derecho al trabajo y a la protesta. Y en el segundo tramo del documento, señalan “el aumento salvaje de las tarifas que atenta contra derechos básicos de amplios sectores de nuestro pueblo”; las “afirmaciones insistentes” sobre una “flexibilización laboral”; la continuidad de prisión de dirigentes sociales como Milagro Sala y compañeros; suspensiones y despidos de trabajadores, precios descontrolados e inalcanzables; el uso de datos de la ANSES; la represión de manifestaciones públicas como a los trabajadores del Ingenio Ledesma, la dolorosa constatación de violencia institucional en comisarías.
Frente a estos datos y, “en nuestro carácter de responsables institucionales del reaseguro de los derechos de nuestros ciudadanas/os es que ratificamos nuestro firme compromiso de: no permitir la instalación y legalización formal o solapada de la teoría de los dos demonios en los organismos estatales; reconocer como un derecho fundamental el acceso al agua, la electricidad y el gas que no pueden ser una mercancía subordinada a las leyes del mercado; garantizar el derecho universal al trabajo y la jubilación esenciales a la dignidad humana y erradicar prácticas de linchamiento mediático y persecución judicial y política a opositores”. “Sin creernos dueños de la verdad, reconociendo con madurez política lo que el pueblo eligió en las urnas, en elecciones limpias y libres, desde nuestras convicciones y compromiso institucional y militante, hacemos este aporte con el único fin de contribuir a seguir construyendo una patria cada vez mejor, mas justa y con más derechos”.
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