El gobernador Solá dijo que los denunciantes de torturas en su provincia eran cuatro delincuentes, reconoció la compra de picanas para el Servicio Penitenciario, responsabilizó a Duhalde y ordenó destruirlas, con lo que eliminó posibles pruebas de su uso. Su ministro de justicia, el Protector De la Cruz y un camarista presionaron a fiscales, jueces y médicos para que no documentaran el paso de corriente eléctrica. Los días pasan y el análisis histológico no se realiza.
Por Horacio Verbitsky
La quema de picanas y escudos eléctricos ordenada por el gobernador Felipe Solá destruyó uno de los elementos de prueba y perfeccionó el encubrimiento sobre la aplicación masiva y sistemática de torturas a las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Solá descalificó las denuncias publicadas los últimos dos domingos en esta página porque, dijo, provenían de “cuatro delincuentes”, como si en las cárceles pudieran encontrarse monjes de clausura y como si las personas sospechadas de haber quebrantado la ley no tuvieran derecho al respeto por su integridad física y psíquica. También dijo que esperaría el pronunciamiento de la justicia, respuesta demostrativa de que sus años en el gabinete de Carlos Menem no pasaron en vano. Mientras, en un operativo concertado, su ministro de justicia, Eduardo Di Rocco, el Protector General Eduardo Matías De la Cruz y el juez de la Cámara de Casación provincial Federico Domínguez (en cuya vocalía ingresó como relatora una hija de De la Cruz, a modo de pacto dinástico) presionaron sobre médicos, fiscales y jueces para que las torturas no fueran probadas. A diez días de las denuncias de torturas con electricidad en la cárcel de San Nicolás y veinticinco en la de Campana, no se han ordenado los exámenes histológicos imprescindibles para determinar sus huellas.
Nacido ayer
El defensor de los torturados solicitó que las picanas no fueran destruidas sino exhibidas a los presos, pero la fiscal de San Nicolás dependiente del Protector General no hizo lugar al pedido. Algo equivalente hizo la denominada “subsecretaría de derechos humanos” (que Solá ha entregado a la más ramplona politiquería partidaria) con los huesos hallados cerca de un presunto campo de concentración, oh casualidad, también en Campana. La remoción con pala mecánica es el mismo método salvaje que se aplicó a finales de la dictadura, apto para el show del horror con tibias y calaveras que después se mezclan en bolsas de consorcio que dificultan cualquier identificación, en lugar del trabajo cuidadoso que desde hace veinte años desarrolla el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El anuncio triunfal sobre restos humanos es, lisa y llanamente, falso: la Gendamería sólo tiene dos bolsitas con huesos de perros, como los que se encuentran en cualquier baldío. La denuncia fue hecha el miércoles por la operadora de Solá, Sara Derotier, como parte del operativo de distracción. La principal preocupación de Solá fue aclarar que los instrumentos de tortura habían sido adquiridos durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Solá ha desarrollado una especial habilidad para dar vuelta la página e iniciar cada nueva etapa de su vida política (junto a Menem, Duhalde, Carlos Rückauf y Domingo Cavallo) con gesto de nacido ayer y sin asumir responsabilidad alguna por la anterior. La connivencia con actos de barbarie excede en mucho al ingeniero Solá, cuyo nombre se suma a una larga lista de cómplices políticos y judiciales. Todos ellos consideran la tasa de encarcelamiento y la brutalidad policial y penitenciaria como males inevitables, porque en el otro platillo de la balanza entienden que está el reclamo social por la inseguridad y la violencia delictiva. A esa metáfora del subibaja es posible responder con la de los vasos comunicantes: lejos de reducir la inseguridad y la violencia, esas prácticas los incrementan porque constituyen lo que un funcionario federal (cuya opinión sería prudente que Solá no ignorara) denomina “fábrica de delincuentes”.
El uso de la picana
La información oficial es autocontradictoria. Por un lado, sostiene que esos elementos nunca se usaron. Por otro, admite que se realizaron dos compras, una en 1993 y otra en 1996. Si fuera cierto que la partida de1993 no se usó, la de 1996 habría constituido un despilfarro de fondos públicos escasos. Pero en realidad existen pruebas documentadas de que sí fueron usados para torturar a personas detenidas y que lo denunciaron en su momento, con el mismo nulo resultado que ahora:
- El 19 de noviembre de 2001 el detenido Marcelo Brandán Juárez denunció que en la U29 de Melchor Romero “le acercaron a la cabeza un escudo de metal, de aproximadamente un metro de alto, del tipo de los que usa la Infantería” y sintió “que le pasaban a través del mismo una descarga eléctrica, lo que le provocaba que todo su cuerpo se agitara”.
- En setiembre de 2003, cuando Solá ya llevaba casi dos años como gobernador, el preso David Flores Altamirano denunció que fue torturado con una picana eléctrica en la Unidad 9 de La Plata.
Ambos han sido condenados por homicidios y Brandán fue uno de los jefes del terrible motín de Sierra Chica. Se ajustan así a la definición de Solá sobre los denunciantes.
Complicidades
Cuando los camaristas de San Isidro Raúl Borrino y Celia Vázquez ordenaron el traslado de Brandán y el de otros presos maltratados a otra cárcel el fiscal Marcelo Romero, uno de los hombres de confianza del Protector General De la Cruz, dijo que era “un nuevo disparate”. Romero, quien también se ha destacado por reclamar represión a los piqueteros, ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense que no efectuara los traslados “hasta tanto la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General se expidan”. De la Cruz y los jueces de la Corte Juan Hitters, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari, Alberto Pisano y Juan Salas dejaron sin efecto los traslados. En el caso de Flores Altamirano, su denuncia fue recibida en una supuesta oficina de derechos humanos de la Procuración. Los estudios médicos demoraron lo suficiente como para que se borraran las huellas. El director de ambas cárceles en el momento de aquellos hechos, Rolando Fracchia, fue premiado por Solá: desde este año es Director de Régimen del Servicio Penitenciario. Borrino denunció a De la Cruz y los cinco supremos. Dijo que sin la “condescendencia, tolerancia, complicidad o encubrimiento de una parte del Poder Judicial y del Ministerio Público la tortura no puede existir o sobrevivir y ninguna agencia armada podría establecer un territorio sustraído al Derecho y tener garantizadas su impunidad e inmunidad frente a la ley”. Agregó que la superpoblación de las cárceles “exige un sistema de terror interno que contenga la iniquidad de las condiciones a que se somete a los prisioneros: falta de luz, de agua, de alimento, de espacio, de actividad, de intimidad, de trabajo, de estudio, de movimiento físico”. Sólo se les brindan “penurias prohibidas por la ley que no pueden ser toleradas por ninguna persona bien nacida”, tal como ocurría “en los campos de concentración y quebraderos de la dictadura militar”, concluyó.
Año nuevo
Los escudos y bastones destruidos son sólo un instrumento posible de los tormentos denunciados. Pero también hay otros, llamados arreadores eléctricos y que se venden por poco más de cien pesos. Y aún formas más rústicas, pero no menos dolorosas. Hace tres semanas, luego de los brindis de año nuevo, tres presos fueron torturados en la Unidad Penitenciaria 21, de Campana, según constataron la defensora oficial de San Isidro, María Gómez, y el secretario de ejecución de la pena, Diego Seitún. Según el recurso de hábeas corpus, Roberto Cisneros fue sometido a corriente eléctrica. Roberto Chivel Céspedes fue pateado en los testículos y, una vez caído, le pasaron corriente eléctrica con el cable de un grabador en el brazo y la espalda. “A simple vista camina con dificultad, demostrando en la entrevista un estado de gran angustia e indignación”, sostiene el recurso. A Jorge Noyo Torres le colocaron “una especie de capucha” y sintió una fuerte quemazón en el hombro y la pierna derechos. “Por el relato de los otros detenidos y las heridas que presenta supone que también le pasaron corriente eléctrica. Aún tiene moretones en las piernas por las patadas recibidas y dificultades para caminar”. El 9 de enero, el perito médico de San Isidro, Patricio Pérez Aquino, constató las denuncias. En todos los casos sostuvo que era imprescindible el examen de los tejidos para comprobar el paso de corriente eléctrica. En el cuerpo de Cisneros, comprobó lesiones en distintos puntos del brazo, antebrazo y mano derechos; en ambos hemitórax; en las regiones dorsal y lumbar y en el muslo izquierdo. “Su mecanismo de producción es el golpe con o contra un objeto duro. Atento a las diferentes ubicaciones de las lesiones parece poco probable que se trate de autolesiones”, dijo. En la revisación a Chivel Céspedes, observó “múltiples hematomas y lesiones”, edema e intenso dolor en ambos testículos, hematoma en un tobillo y una lesión en el hombro “que refiere como de pasaje eléctrico”. Reclamó su atención de urgencia en un hospital extramuros por el estado de tobillo y testículos. Los fiscales que dependen del Protector General De la Cruz se declaran incompetentes por razones formales y ya pasaron dieciséis días sin que se realizara el examen requerido por el médico, con lo que desaparecen las huellas.
Electricidad
El jueves 15 de enero, el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón, y el secretario de la Defensoría, Alejandro López, recibieron en la U3 de esa ciudad la denuncia de un grupo de presos que fueron atormentados durante la madrugada, en represalia por denuncias anteriores en otras cárceles. Rubén Ludueña, Juan Rojas Montenegro, Oscar Giménez Tello narraron que mientras dormían fueron despertados por insultos, golpes y gritos de dolor. Los otros detenidos en el mismo pabellón golpearon sus rejas en ingenua batucada solidaria. Personal penitenciario, con cascos que le tapaban la cara, ingresaron a las celdas y los golpearon. Entre los incursores (algunos con cascos o encapuchados) dijeron haber reconocido a un jefe penitenciario de apellido Macchioli y al subdirector de la cárcel, Martino. Uno describió la aplicación a dos compañeros de golpes de electricidad con un aparato “del tamaño de un celular grande de los antiguos, oscuro, con algo en la punta”. Otro habló de “un aparato que era como un fierrito”. A Sergio López Mandri lo pateaban y le preguntaban “¿dónde está Maroto ahora?”. Fernando Maroto es otro camarista de San Isidro que ha denunciado la práctica sistemática de tormentos en las cárceles bonaerenses, por lo cual fue agredido por el anterior ministro de Justicia de Solá. “Los demás detenidos del pabellón por el pasaplatos cerrado gritaban en solidaridad para que no les peguen.” Agregó que hace mucho que lo vienen maltratando, “que no puede más con esta situación. Sabe que mataron a mucha gente por ser testigos y tiene miedo de que le pase lo mismo”. Rubén Segovia dijo que la patota que golpeaba a sus compañeros de celda le pasó “golpes de corriente con un aparato cuadrado que le sobresalía un fierro y hacía un ruido extraño, como una chicharra”. Se lo aplicaron “en los testículos, rozándole las piernas, y en las manos, sintiendo corriente, y lo hacía temblar”. Dijo que un aparato similar había visto en la División de Traslados, “que no lo utilizaron pero lo exhibían amenazando”. El defensor le mostró la foto de la picana que usaba el Ejército para el entrenamiento de comandos y Segovia dijo que era similar, pero de otro color. López Mandri contó que en 2000 había denunciado a Martino y a un hermano, entre quienes lo golpeaban. Uno de los incursores “tenía un elemento raro, con un cañito de unos 60 centímetros, similar al pie de un cenicero”. El preso “recibió otro golpe en la espalda, cuando estaba en el pasillo, sintió una puñalada como algo caliente, que lo desplomó”. Sergio Maturana declaró que le pusieron un aparato como un teléfono con un caño de unos 30 o 40 cm en las esposas primero y, luego de desnudarlo, en los testículos, lo que le hizo temblar todo el cuerpo en forma intensa. Por supuesto, en el libro del penal no figura el ingreso esa noche de Martino, quien declaró que comía en su casa a esa hora y presentó amigos dispuestos a corroborarlo. El resto de los presos fueron intimidados para que declararan no haber visto ni oído nada.
Protección
Además de presentar el hábeas corpus, el defensor llamó al ministro Di Rocco, quien en forma provocativa le preguntó si podía probar las torturas. Ganón le respondió que sí y Di Rocco quedó en llamarlo si necesitaba algo. No lo hizo, pero alguien se encargó de que esa prueba se frustrara. Por la tarde, al llegar a la cárcel, el defensor encontró al forense Enrique Aguer revisando a los presos en presencia del prefecto médico penitenciario, Norberto Manfredi, y del director del penal. Ganón pidió que se retiraran, como corresponde y asistió a la revisión de López Mandri, quien le indicó dónde le habían pasado corriente eléctrica. Como si no lo hubiera escuchado, Aguer siguió observándolo sin acercarse a menos de un metro.
–Doctor, ¿escuchó y tomó nota de lo que le dijo? –preguntó el defensor.
–Así no puedo trabajar, ¿por qué no me deja solo? –respondió el médico.
En varios casos el médico no dejó constancia de que denunciaban haber recibido corriente eléctrica. Los informes que firmó, en los que menciona golpes pero no marcas de electricidad, no los realizó en papel del Poder Judicial sino en una computadora y papel del servicio penitenciario.
Teatro
La siguiente anomalía fue que la fiscal Laura Fernández dispuso tomar declaración como testigo al principal acusado, Martino, y ordenó que se la recibiera la policía. La tarea recayó en el oficial Vera, denunciado por golpear a su mujer.
Al día siguiente, la fiscal Fernández y el juez Eduardo Alfredo Alomar recibieron la visita del ministro Di Rocco. En las últimas elecciones un primo político de la fiscal se alineó con Di Rocco en contra del actual presidente de la Cámara de Diputados, José María Díaz Bancalari, el hombre fuerte de la política de San Nicolás. Luego del diálogo con el ministro, la fiscal Fernández agredió a los reclusos durante la audiencia. “Doctora, ¿usted quiere ayudarnos a vivir o quiere que nos maten? ¿Por qué se enoja? Yo no soy un santo, hace mucho que estoy preso y nunca me pasó algo igual. Estoy acusado de hechos graves pero ¿para qué me mandan acá donde está el tipo que yo denuncié? ¿Qué quieren, matarme? Yo lo denuncié a Martino en Sierra Chica”, dijo López Mandri.
Cuando describió el aparato eléctrico y la intensidad del toque (“fue tan fuerte que me caí sobre la cama. Estas picanas las vi en la U9 y otros internos en la U28”) la fiscal volvió a fastidiarse. Luego de la audiencia, cuando los defensores le preguntaron si ordenaría la biopsia, la fiscal respondió que no, que “es todo teatro para lograr el traslado”.
Lo mismo sugirió el diario local Norte, que entrevistó a la fiscal. La doctora Fernández también remitió copia de cada foja de las actuaciones al ministro Di Rocco, quien así concibe la división de poderes. El jefe de la unidad Penal, inspector mayor Miguel Angel Palma, dijo al diario que “la denuncia de apremios por parte de los internos es una práctica común para presionar”. El periódico no mostró el mismo interés por el sumario administrativo que en el ministerio de Justicia se le abrió a Palma, por la información de que se está construyendo una mansión en el barrio donde estuvo Somisa, por valores incompatibles con sus ingresos legales.
Tergiversaciones
El sábado 17 los presos fueron encerrados en calabozos de castigo. El SPB adujo que se habían autolesionado “con el propósito de tergiversar la realidad de los hechos y el solo objetivo de denunciar al personal y de este modo lograr el inmediato traslado a otra unidad”. El lunes 19, luego de recibir un llamado del camarista de Casación, Federico Domínguez, el juez Alomar se declaró incompetente. Con el argumento de que se había denunciado un delito, derivó la investigación a la fiscal que ya había demostrado su partido tomado. También rechazó la apelación del defensor a esa decisión que, según Ganón, dejaba a los presos “en situación de absoluto desamparo”. Probara o no el delito la fiscal, ¿quién se ocuparía de la situación de los detenidos, ahora en celdas de castigo, en algunos casos sin luz, agua ni comida, en otras cárceles o “en la misma unidad donde prestan servicios los denunciados, a merced de las represalias y amenazas de sus victimarios”? El 20 de enero, Ganón insistió para que se ordenara la biopsia de los tejidos. Alomar también rechazó ese recurso. Por último, el jueves de esta semana la fiscal Fernández se negó a ordenar la biopsia, alegando que según los médicos Enrique Aguer y Roberto Silicani “no surge que las lesiones constatadas presenten características de lesión por paso de corriente”. El examen de los tejidos “resulta inútil e improcedente por las razones científicas dadas” (sic). Nada de eso es cierto. La práctica forense indica que las lesiones eléctricas dejan marcas detectables mediante microscopía (biopsia mediante), durante un lapso variable de caso en caso. Pero el examen externo, que debe incluir fotografías, y el microscópico deben realizarse lo antes posible para no perder la evidencia. No puede extrañar el dictamen de la fiscal, dependiente de un Protector General que ha ordenado a los defensores no volver a fotografiar a los presos con las caras y los cuerpos deformes por los golpes, porque documentan en forma ilevantable la complicidad criminal de sectores políticos, judiciales y del periodismo. El mismo día, el juez Alomar dijo que el encierro de los denunciantes en los buzones constituía una medida disciplinaria y no un “agravamiento arbitrario en las condiciones de detención”. Caso cerrado y ahora vienen las represalias: presos golpeados para que transmitan mensajes a aquellos defensores que no aflojan, llamados intimidatorios a sus casas y a las de sus familiares, amenazas y jactancias para demostrar que también la democracia es un bien escaso y distribuido en forma desigual.
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