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El frustrante testigo estrella, Ibar Esteban Pérez Corradi, la DEA y la ex SIDE estuvieron ayer en el centro de una furiosa pelea entre dos juezas federales, María Romilda Servini de Cubría y Sandra Arroyo Salgado. Esta última, magistrada de San Isidro, pidió que Servini le ponga inmediatamente a disposición al detenido, en la perspectiva de enviarlo a Estados Unidos, país que lo reclama por un envío, por correo postal, de pastillas con una sustancia derivada del opio. Servini puso el grito en el cielo y sugiere que Arroyo Salgado le da preponderancia “a las autoridades judiciales extranjeras”, teniendo en cuenta que los delitos de Pérez Corradi en la Argentina son muchísimo más graves: ser el ideólogo del Triple Crimen de General Rodríguez, haber sido un personaje clave en el tráfico de efedrina y en el lavado de dinero. Pérez Corradi fue traído a la Argentina por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la ministra Patricia Bullrich, con gran show, a partir de la expectativa de que declarara contra funcionarios del anterior gobierno. Pero su testimonio fue un fracaso: no reveló nada ni aportó prueba alguna. Peor, terminó acusando al referente radical Ernesto Sanz de haber cobrado una coima de 200 mil dólares. Así, para el macrismo, Pérez Corradi pasó de ser el testigo más importante del mundo a ser un fracaso. Y a esto se agrega la sospecha de que el traficante trabajó en estos años como operador de la DEA. Es lo que explicaría cómo estuvo prófugo varios años en la Triple Frontera, territorio dominado por los agentes norteamericanos. La retribución sería ahora llevarlo a Estados Unidos y aplicarle una pena leve por los servicios prestados. Servini sostiene en forma categórica que se opone a la extradición.
El enfrentamiento entre Servini y Arroyo se hizo público ayer a raíz de un furibundo escrito de Servini, de ocho páginas, en el que acusa a Arroyo de jugar a favor de Estados Unidos, “usar términos poco comunes”, “privilegiar a las autoridades judiciales extranjeras” y de desconocer que los delitos por los que se acusa a Pérez Corradi en la Argentina “son de entidad significativamente mayor” que el que se le imputa en Estados Unidos. Con cierta brutalidad, Servini le dice a Arroyo que es más papista que el Papa porque asegura que ni la justicia norteamericana tiene tanto apuro por llevarse al narco. En el medio, la magistrada porteña siembra sospechas sobre el accionar de Arroyo y manifiesta que le parece raro que, de pronto, la intime en “en forma inmediata” o “urgente” para ponerle a disposición a Pérez Corradi.
El traficante de efedrina fue traído a la Argentina a principios de julio, tras un grosero acuerdo firmado en Paraguay y por el cual Pérez Corradi, con el patrocinio de los abogados Carlos Broitman y Juan Ribelli, prácticamente se comprometió a declarar contra autoridades del anterior gobierno, en especial contra Aníbal Fernández.
La operación de regreso fue circense, con decenas de efectivos, francotiradores, chalecos, cascos, drones y hasta un doble. En el aeropuerto esperaba la propia ministra Bullrich.
En el mes y medio que lleva declarando ante Servini y el fiscal Juan Pedro Zoni, la estrella Pérez Corradi no rinde: es un fracaso en todos los terrenos. Hubo siete audiencias orales y en la última semana terminó presentando un escrito. Su única acusación contra Aníbal Fernández provino, según él, de lo que le dijo Sebastián Forza, que fue asesinado en el triple crimen. O sea, que no hay forma de verificarlo ni ofreció otros elementos para comprobar algo. Y fuera de esa imputación, sólo describió cómo importó efedrina a través de una droguería, y dio evasivas respecto del destino del precursor químico. Según dicen sus letrados, se despachó respecto de irregularidades de la ex SIDE, es decir Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, en especial las que ocurrían en la Aduana.
Para el macrismo, Pérez Corradi pasó a ser un personaje deplorable, no sólo porque terminó sin denunciar a nadie del kirchnerismo, sino porque, encima, involucró a Ernesto Sanz diciendo que el ex senador de la UCR cobró 200 mil dólares para impulsar el juicio político contra el ex juez Federico Faggionato Márquez. El tema resultó todavía más grave, ya que Pérez Corradi sugirió que el dinero lo habría puesto “el rey de la efedrina”, Mario Segovia, en ese momento en conflicto con Faggionato.
El avance rutinario de la indagatoria de Pérez Corradi se interrumpió a raíz las movidas de Arroyo Salgado. La primera jugada fue que dictaminó a favor de la extradición de Pérez Corradi. En Tribunales, la mayoría de los jueces consultados por este diario opinaron que por supuesto que Arroyo debía continuar con el proceso de extradición, dado que Estados Unidos reclama desde hace una década que Pérez Corradi sea enviado a ese país porque mandó, a través de un correo postal, 1800 pastillas de oxicodona, una sustancia que viene del opio. Sin embargo, la magistrada debería haber actuado con mucha cautela, porque sabía perfectamente que el narco fue extraditado de Paraguay a la Argentina por hechos gravísimos, como el triple crimen de General Rodríguez, el tráfico de efedrina y el lavado de dinero a través de financieras que operaban en el mundo de la mafia de los medicamentos. De esa manera, el delito que le imputa Estados Unidos es de mucho menor rango y ella no podía desconocerlo.
La segunda movida fue que le exigió en forma inmediata y urgente a Servini que le ponga a disposición el detenido. Tampoco parece demasiado razonable si se piensa que Servini le está tomando indagatoria –aunque demasiado dilatada– y que una vez terminada esa declaración, la magistrada tendrá diez días para resolver la situación procesal. Es obvio que Servini va a dictar el procesamiento con prisión preventiva por tráfico de efedrina y casi seguro por triple homicidio. Al mismo tiempo, es público que el juez Sebastián Casanello dictó también el procesamiento con prisión preventiva de Pérez Corradi por lavado de dinero y ya elevó ese expediente a juicio oral.
En los ambientes tribunalicios siempre se consideró que Arroyo Salgado era una integrante de la escudería que encabezó Jaime Stiuso y que incluye a la estructura de inteligencia del radicalismo, al ex dos de la SIDE Darío Richarte y actualmente al presidente de Boca y operador macrista, Daniel Angelici, a través del director de Jurídicos, Juan D’Alessandro. Todo ese equipo reporta a sectores de la CIA norteamericana, de manera que no llama la atención que la magistrada juegue a favor de la extradición.
Sin embargo, a esto se agrega la extendida sospecha de que Pérez Corradi se convirtió hace años, cuando lo pescaron traficando efedrina, en agente de la DEA. Desde su lugar de integrante de la cadena de importación y uso del precursor químico, resultaba un buen informante para los norteamericanos. Existe la opinión unánime de que ningún narco puede esconderse durante cuatro años en la Triple Frontera, en especial del lado paraguayo, sin la protección de las agencias norteamericanas. La CIA tiene una estación oficial y la zona desborda de espías e informantes. Pese a eso, Pérez Corradi vivió allí desde 2012 a 2016 esquivando numerosos pedidos de captura. Una vez detenido, le hizo todavía otro favor a Washington: declaró en Paraguay que a la cabeza de los terroristas de la zona está José Mohamad Khalife, un empresario islámico de Ciudad del Este. Por supuesto no aportó prueba alguna, pero se trató de música para los oídos norteamericanos, ansiosos desde hace años por intervenir allí.
A partir de la mirada según la cual Pérez Corradi está vinculado a la DEA y la juez tributa al team de Stiuso está instalada la idea de que al narco le vendría muy bien ser extraditado a Estados Unidos donde pactaría una condena adecuada con los fiscales y tal vez recuperaría la libertad en un tiempo aceptable. Los abogados de Pérez Corradi, Broitman y Ribelli, están en actitud pacífica y no recurrieron a los medios para oponerse a la extradición. Más bien ocurre lo contrario. Dicen que quieren ir a Estados Unidos a aclarar la situación de su cliente y hasta sacan a luz un argumento curioso: aseguran que Pérez Corradi está declarando en contra de los negocios de la ex SIDE, incluyendo los que se hacían en la Aduana. Por eso el grupo de Stiuso, a través de Arroyo Salgado, quiere sacarlo de la Argentina cuanto antes y mandarlo al norte. Ellos, los abogados del narco, dicen que no lo ven con malos ojos.
El gran problema para una jugarreta como la extradición es que sería un escándalo mayúsculo. Ya se vió ayer con el choque de Arroyo y Servini, pero el panorama es aún peor. Es que la decisión final de una extradición corre por cuenta del Poder Ejecutivo, es decir del macrismo. La justicia puede resolver lo que quiere, pero la última palabra corre por cuenta del gobierno. En este caso se pretende usar como argumento que allá lo juzgarán y cuando cumpla con la pena, será enviado otra vez a la Argentina. La realidad es que Estados Unidos no suele cumplir con esos compromisos, algo que ya se vió con la protección a Alejandro Antonini Wilson y con el propio Stiuso. A ambos los reclamaba la justicia argentina y se los custodió allá.
Es cierto que la administración de Cambiemos tiene una estrechísima relación con Washington y ya ha dado muestras de estar dispuesta a hacer buena parte de las cosas que le piden. Pero de cara a la opinión pública es insostenible dejar ir a quien está acusado de gravísimos delitos y que fue traído a la Argentina como el narco más peligroso del mundo, digno de un operativo al nivel de los que hacen con el Chapo Guzmán. Pérez Corradi subiendo a un avión camino a Estados Unidos dejaría aún más al desnudo que lo que valió decenas y decenas de tapas de diarios, terminó valiendo poco y nada.
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