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En un giro de último momento, la oposición aprobó anoche introducir tres modificaciones al proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que volverá ahora a la Cámara de Diputados. El oficialismo no pudo disimular su bronca al quedar en absoluta minoría, con sólo 15 votos a favor de la media sanción, frente a 44 votos a favor de los cambios, alcanzados por toda la oposición en su conjunto. En la nueva redacción se agregó que el director de la agencia de información pública deberá ser designado con acuerdo del Senado; se eliminó la prohibición para ser director de la agencia a quienes hayan ocupado en los últimos cinco años un cargo “electivo o partidario”; y por último, se quitó la excepción a la obligación de brindar información a las empresas con participación estatal que coticen en bolsa. Este último punto fue fuertemente defendido por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien calificó la eliminación de esa excepción como “absolutamente inaceptable” y acusó a los senadores de querer “matar” a las empresas.
Hasta ayer por la tarde, el Senado se aprestaba a aprobar sin cambios y convertir en ley el proyecto de Acceso a la Información Pública. Varios miembros del oficialismo como el ruralista, Alfredo De Angeli, hablaban incluso de una “jornada histórica” porque, según su visión, la sociedad dejaría con esta iniciativa de desconfiar en la “clase política”. Otros discursos más elaborados como el del radical Luis Naidenoff reconocieron el avance en la materia generado por el decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003 y ensalzaban la nueva regulación porque amplía los sujetos alcanzados por la obligación de brindar información. “Esta herramienta hay que tenerla ya porque es mucho más valiosa de lo que se cree, no se trata de la publicidad o de la rendición de cuentas. Es un freno a la discrecionalidad, al abuso de poder”, afirmó Naidenoff.
En la oposición existían distintas posturas. La senadora kirchnerista Virginia García había presentado su propio dictamen, apoyado por otros miembros de su bloque, que contemplaba múltiples cambios como la creación de una autoridad de aplicación colegiada (de siete miembros) y fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. También se creaba, entre otras cosas, una comisión bicameral parlamentaria para controlar el funcionamiento de la Agencia de Información Pública. Un tercer dictamen pertenecía a la neuquina Lucila Crexell, del MPN. Contra el pedido de Cambiemos de aprobar la ley ya y en todo caso realizar cambios en una ley paralela, la senadora reclamó que la Cámara “cumpla con su rol de revisora”. “¿Si vale hacer cambios para la ley del arrepentido porque no vale para la ley de acceso a la información?”, preguntó. Crexell alertó sobre una modificación de “un monje negro del oficialismo” realizado en Diputados, en medio de la sesión y después de firmado el dictamen. Se trataba del inciso “M” del artículo 8, donde se excluía de la obligación de dar información a las empresas con capital estatal que cotizan en bolsa. “Esto contradice el fallo Chevrón de la Corte Suprema”, aseguró y agregó que era el único inciso que se refiere a un sujeto particular y “no a la calidad de la información que se brinda”.
El que encendió las luces de alerta del oficialismo fue Mario País, del bloque PJ-FpV. El senador chubutense adelantó que habían alcanzado un acuerdo con el peronismo federal para incorporar dos cambios, en los artículos 20 y 23 de la media sanción. El primer cambio establece la obligación de remitir al Senado el candidato a director de la Agencia de Información, que será propuesto por el Presidente y durará en el cargo 5 años. El segundo cambio quita la prohibición de haber ocupado en los últimos cinco años un cargo electivo o partidario para poder ser designado director de la agencia. Finalmente, el FpV y el PJ federal recogieron también la crítica de Crexell y la incorporaron al nuevo texto.
“Una empresa con participación minoritaria del Estado va a tener que entregar información a la competencia. No sé quien va a venir a la Argentina en esas condiciones”, se quejó Pinedo, visiblemente ofuscado. Al cruce le salieron tanto la senadora del MPN como Pais. “En modo alguno se pone en peligro ningún tipo de inversión. No hay ningún elemento que pueda alterar disvaliosamente a las empresas”, respondió el senador del PJ-FpV, quien aclaró que los intereses de las empresas están resguardados en las otras excepciones. Finalmente los cambios se pusieron a votación y fueron aprobados por 44 votos a favor y 15 en contra, todos de Cambiemos. La pelota quedó ahora en la Cámara de Diputados.
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