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Cristina Fernández de Kirchner planteó ayer la nulidad de su llamado a indagatoria, que el juez federal Julián Ercolini fijó para el 20 de octubre, y del dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que le atribuyen supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Afirma que se basan en hechos no judiciables sino políticos (como asignar partidas presupuestarias) o personales (como tener un amigo empresario, aunque aclara que ella no tenía amistad con Báez); “se construye una imputación penal sin contenido” y por presión política y de los medios, dice; a su ver, los fiscales perdieron independencia al subordinarse a lo que quiere el Poder Ejecutivo; y son selectivos respecto de los imputados. La presentación, además, opone datos al dictamen fiscal: como que hubo 20.000 empresas además de la de Báez que participaron en obras públicas; que a ella se la responsabiliza como Presidenta de la Nación por contratos adjudicados y ejecutados en Santa Cruz, lo que es un contrasentido; y que se usó para imputarla un informe de Vialidad Nacional hecho en quince días que no sólo no habla de sobreprecios sino que afirma que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes”.
“Existe aquí la expresión más clara y contundente de una persecución mediático y judicial a través de la cual se pretende relacionarme con los hechos que no encuadran en ningún artículo del Código Penal, pero que los fiscales afirman que son delitos, en un claro intento por dejarme al borde de una medida extrema la detención preventiva”, afirma CFK. En su presentación, plantea que no pretende impedir que se investiguen las obras viales, pero que lo que pide es que en todo caso se investigue toda la obra pública y a todas las empresas contratistas. El grupo empresario, con eje en la firma Austral Construcciones, que es investigado, según el escrito está “número 38 en el ranking de la obra pública efectuada con recursos nacionales”, que corresponden a un 107.825 millones de dólares”. Menciona que en esa lista, entre los primeros puestos, quien está es la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los fiscales apuntaron a obras viales en Santa Cruz a partir de 2010, cuando se suponía que investigaban una matriz de corrupción que se remontaba a 2003, a los inicios del gobierno de Néstor Kirchner.
La ex presidenta señala que tanto los fiscales Mahiques y Pollicita como el juez Ercolini la citan a indagatoria, después de decir que ordenan medidas de prueba para evaluar esa convocatoria, aunque consideran que hay un estado de sospecha suficiente, lo que sería otra contradicción. Refuta punto por punto los argumentos del dictamen fiscal original.
- Los fiscales hablaban de la “inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial”, a quien le dieron el 80 por ciento de la obra vial de Santa Cruz, por unos 16 mil millones de pesos. Por un lado, CFK sostiene que la condición de amigo no puede impedir a un empresario hacer negocios y es arbitrario sostener que es un indicio criminal, aunque aclaró que ella no tiene amistad con Báez. Como una de las imputaciones es el supuesto lavado de dinero por los alquileres de inmuebles hoteleros a Báez, la ex mandataria aclara que el monto de los alquileres fue de unos 20 millones de pesos, y no tienen relación con los 16 mil. “El dinero circuló en todo momento por circuitos bancarios”, aclaró sobre esa renta que, de todos modos, hacía que las propiedades quedaran a disposición de Baéz. Señala, además, que con el criterio de los amigos o parientes, deberían ser investigados el presidente Macri, su padre Franco, su primo Calcaterra, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, que es amigo personal, entre otros.
- Tampoco considera un argumento penal que le cuestionen haber llevado a funcionarios de confianza de su provincia al gabinete nacional. Ni que le atribuyan responsabilidad como mandataria nacional en la ejecución de contratos que estuvieron a cargo de las autoridades santacruceñas. Agrega que todo lo que se destinó a obras allí fue a través de decretos, ley de presupuesto, reasignaciones y un fideicomiso, que explica que no pueden ser prueba de ningún delito. Añade que quien administra los recursos nacionales es el jefe de gabinete de la Nación, aunque ningún jefe de gabinete fue citado a indagatoria, ni los legisladores que aprobaron el presupuesto o respaldaron DNU, ni gobernadores.
- El Informe de Vialidad que utilizaron los fiscales fue encargado al actual administrador, Javier Alfredo Iguacel, quien asumió en enero, tras ser candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento. El presentó la denuncia que originó la causa. El reporte se focalizó en Santa Cruz y en 15 días evaluó miles de kilómetros de ruta. Declararon ingenieros y contadores que afirmaron que no era posible cumplir acabadamente “no se encontraron desvíos significativos en cuanto a la correspondencia de montos certificados y trabajos realizados (…) Los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras , estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento (…) menos de dos kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar, de un total de 2200”. Eso es trasladado a las conclusiones del informe, que no habla de sobreprecios.
La ex presidenta pide investigar, además, la designación del fiscal Mahiques que conforma un “equipo” especial para este caso con Pollicita. Recuerda que es el hermano del subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, Juan Mahiques, representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura (que elige y sanciona jueces) e hijo del hasta hace poco ministro de Justicia bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques. También pide investigar si intervino Daniel Angelici.
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