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Elisa Carrió pateó el tablero oficialista y puso en riesgo el proyecto del Gobierno para reformar le ley del Ministerio Público Fiscal que apunta a ponerle fin con retroactividad al mandato de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. La líder de la CC-ARI y socia menor de la alianza oficialista Cambiemos sostuvo que el proyecto oficial “desnaturaliza” la institución –como sostienen magistrados, fiscales y abogados– e insiste en que la procuradora debe “ser destituida por juicio político”. La postura de Carrió desató el malhumor del massista Frente Renovador, que negoció con el oficialismo el respaldo al proyecto y que tendrá a cargo la conducción de la comisión Bicameral que asumiría con una suma de poderes que limitaría el poder de Gils Carbó y –eventualmente a su sucesor–, a cambio de aportar los votos necesarios para que la iniciativa atraviese sin obstáculos su aprobación en la Cámara de Diputados.
Sergio Massa reunirá a su tropa hoy para definir su postura. No menos irascibles se mostraron en Cambiemos, que de todas maneras afirmaban que la sesión de mañana –donde se tratará el proyecto oficial– no se caerá por la resistencia de Carrió, al tiempo que buscaban ratificar el acuerdo previo con el massismo.
La postura expuesta por Carrió fue tan escueta como el tuit que posteó en la red social. “Carrió rechaza la ley para desplazar a Gils Carbó: quiere llevarla a juicio político”, dice el texto en su cuenta oficial de Twitter con la firma de Prensa de CC-ARI.
En el entorno de Carrió confirmaron el planteo. Afirmaron que la diputada le expuso su postura al Presidente antes de hacerla pública y que si Mauricio Macri quiere deshacerse de Gils Carbó debería haber optado por el camino del juicio político, que ella impulsa.
Ratificaron que Carrió cuestiona que el mandato del Procurador sea de cinco años porque de esa manera permite que cada presidente pueda realizar un nuevo nombramiento y reclama que “como mínimo” el mandato debe ser de diez años”. Los planteos de la diputada llegan hasta las funciones que el proyecto le asigna a la Bicameral de Seguimiento porque considera que “hay intromisión” del Poder Legislativo en la Justicia. Sus diputados Fernando Sánchez y Alicia Terada, habían firmado en “disidencia” el dictamen de mayoría para modificar la estructura de la Procuración.
La noticia corrió raudamente por los pasillos del Palacio Legislativo. Pero la primera reacción pública fue del massismo. “En este nivel de confusión, es muy difícil trabajar. Nosotros trabajamos sobre la base de que ellos tienen consenso. Si no lo tienen, es problema de ellos”, remarcó ofuscada la jefa del bloque renovador, Graciela Camaño, en un encuentro con periodistas parlamentarios.
“Nosotros tuvimos una actitud de colaborar y nos bancamos el costo político de que nos dijeran que defendíamos a Gils Carbó. Pero somos conscientes de que el Gobierno tiene que gobernar”, agregó Camaño para justificar el apoyo de su bancada al proyecto que apunta a terminar anticipadamente con el mandato de la procuradora.
Igual, Camaño recordó que firmaron el dictamen con disidencias y que propondrá modificaciones en el recinto a las facultades de la bicameral que ella preside, como parte del acuerdo con el oficialismo. Entre los cambios, sostiene que el traslado de fiscales sólo debe ser notificado a la bicameral, sin requerir –como dice el proyecto– de su aprobación, y que se elimine la cláusula transitoria que establece que “todos los magistrados a los que se les hayan asignado funciones que impliquen un traslado de la jurisdicción para la que recibieron acuerdo (…) deberán retornar a su cargo dentro del plazo de 48 horas”.
Para Camaño, el acuerdo con el oficialismo no está caído, aunque anticipó que hoy por la tarde-noche habrá reunión de bloque para terminar de definir la postura.
En Cambiemos reconocieron la grieta que abrió Carrió al interior de la alianza oficialista en un tema que el Gobierno no está dispuesto a retroceder. Pero sus legisladores más fieles sostienen que la sesión de mañana donde la reforma a la ley del Ministerio Público es el eje de la agenda oficialista “no se cayó”. Al tiempo que insistirán en que la fisura no alcance a los acuerdos sellados con el massismo.
El Senado no pudo ser ajeno a las repercusiones del cimbronazo con que Carrió sacudió a Cambiemos. “Es un problema del oficialismo”, respondieron desde el bloque del FpV y ratificaron que no adelantarán opinión sobre el trabajo en Diputados. “Vamos a opinar sobre el proyecto cuando llegue al Senado”, coincidieron casi calcado cerca de varios senadores peronistas consultados por Página/12.
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