Página/12 tuvo acceso a los fundamentos del fallo que condenó al banquero y sus socios. En él quedan al descubierto los mecanismos utilizados por los financistas para hacer negocios con los fondos de los ahorristas y el Estado.
Por Raúl Kollmann
El ex titular de la DAIA está detenido en una celda de la Unidad Antiterrorista de la Federal.
Recién en marzo la Cámara Federal resolverá si sigue preso o recupera la libertad.
Cuando el Banco Mayo, liderado por Rubén Beraja, ya estaba en enormes dificultades, recibió del Banco Central 298 millones de dólares para sobrevivir. En ese mismo momento le compró a la empresa Icatur, propiedad de un concuñado y otro allegado al banquero, 1200 semanas de un tiempo compartido en Punta del Este, por un valor total de 24 millones de dólares. Paralelamente se le otorgó a Internacional Resort SA –formado por los mismos socios– un préstamo de 3.500.000 dólares y la garantía fueron 250 semanas de tiempo compartido compradas poco antes en 175 mil. No conforme con eso, a Emprendimientos Turísticos, formado por otros directivos del Mayo y allegados al banco, se le prestaron otros 4.800.000 dólares para comprar acciones de otra empresa y después 5 millones de dólares más para volver a comprar las mismas acciones. Esta descripción forma parte de una larga serie de maniobras que constituyen el centro del fallo –que Página/12 revela en forma exclusiva– que llevó a la cárcel a Beraja, imputado como jefe de una asociación ilícita que estafó y defraudó al Estado y a miles de ahorristas. Los mecanismos utilizados son una buena muestra de la trama financiera que actuó en los ‘90.
Hoy en día, el ex titular de la DAIA pasa sus días en una celda de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y todo indica que recién en marzo la Cámara Federal resolverá si Beraja sigue en prisión o recupera su libertad. El fallo del juez Norberto Oyarbide muestra que procesó al banquero –de muy buenas relaciones en su momento con Carlos Menem– por haber formado con otros integrantes del Banco Mayo una organización que:
- Sacaba dinero del banco prestándoles cantidades inusuales –por ejemplo, 50 millones de dólares– a empresas que el juez considera que eran de los mismos integrantes del grupo.
- Realizaba operaciones irregulares notoriamente perjudiciales para el banco, como otra forma de sacar dinero del Mayo y beneficiar a empresas también integradas por hombres de su entorno.
- Perjudicaba e incluso estafaba a personas que pusieron sus ahorros en el banco y también en las mesas de dinero que, el juez considera probado, funcionaban dentro mismo del Mayo.
- Todo ello en momentos de una crisis terminal del Mayo y aprovechándose de los casi 300 millones de dólares que el Estado le entregó en ese período crítico.
En la causa judicial actúan como querellantes un nutrido grupo de pequeños ahorristas, representados por el abogado Mateo Corbo, y declararon como testigos una cantidad importante de empleados del Mayo, de las mesas de dinero y de las demás sociedades formadas por los hombres de Beraja.
Las maniobras más emblemáticas señaladas por el juez y por los querellantes son las siguientes:
- El Banco Central le dio al Mayo 298 millones de dólares entre septiembre y octubre de 1998. A Icatur, la empresa formada por el concuñado de Beraja, se le permitió en ese período sacar del banco la suma de 35.739.000 dólares.
- Viviendas Mayo, otra empresa formada por el grupo de Beraja, debía en febrero de 1998 sólo 500 mil dólares, en mayo pasó a deber 3.700.000 y en plena crisis del banco –cuando el Central usaba fondos estatales para respaldarlo– se le permitió deber 19.500.000 dólares, cifra que trepó antes del cierre a los 27 millones.
- A la empresa Molinia SA, que según los denunciantes tenía un capital no comprobable de 40 mil dólares y no registraba antecedentes comerciales ni cuentas corrientes ni actividad alguna en todo el país, la organización que lideraba Beraja le prestó 7.636.700 dólares en plena crisis. Lo llamativo es que con parte de ese dinero Molinia compró unos terrenos en Cañuelas que ni siquiera incorporó como propios sino que los derivó a otra empresa, Alcaraz SA, en la cual Beraja tenía oculta su participación del 40 por ciento.
- En abril de 1998, Emprendimientos Turísticos Internacionales –obviamente conformada por hombres del grupo– recibe del Mayo un préstamo de 5 millones de dólares para comprar acciones de otra compañía, Corrientes Palace SA. Resulta llamativo que Emprendimientos se haya constituido en la Argentina recién dos meses después de recibir los 5 millones. Como es lógico, esas acciones de Corrientes Palace debían ser la garantía para que Emprendimientos Turísticos le devolviera el dinero al Mayo. Sin embargo, el Banco Mayo le prestó al otro imputado que hoy está en la cárcel, Salomón Cheb Tarrab, 5 millones de dólares para que él compre esas acciones. Los ahorristas sintetizan: el Banco Mayo financió así su propia defraudación.
- El juez sostiene en su fallo que, previo al cierre del banco, y cuando ya la situación era desesperante, la mayor asistencia crediticia se le otorgó a Cheb Tarrab: 50 millones de dólares, a través de siete empresas en las que los socios –otra vez– eran directivos del Mayo.
Además de toda la prueba documental, los querellantes insisten con la evidencia que surge de las escuchas telefónicas ordenadas a Beraja y su grupo. En ellas, sostienen, el ex titular arregla con contadores y hombres clave de las empresas involucradas y les va diciendo cómo alterar documentación, resultados económicos, arreglar que lo que figura a otro nombre pase a estar a nombre de su esposa e incluso se menciona un diálogo en que quien habla, una tal Emi, se refiere a sí misma como una testaferro y dice que se portó muy bien y que hay temas que arreglar. Para los ahorristas, estas escuchas telefónicas muestran el papel de liderazgo ocupado por Beraja, pero el juez no las menciona en su fallo porque considera que ese liderazgo y el de Cheb Tarrab están probados. Este último figura como socio de 56 sociedades y también de las constituidas en Bahamas que, para los ahorristas, fueron la pantalla usada para recaudar 187 millones de dólares en las mesas de dinero.
Una de las polémicas planteadas en el caso Mayo es la existencia de la figura de asociación ilícita y la ubicación de Beraja y Cheb Tarrab como jefes y organizadores de lo que en términos de la calle se llamaría “banda”. Al respecto, Oyarbide sostiene que “parece manifiesto que desde el año 1993 y por lo menos hasta 1998 existió una organización que nucleaba, por un lado, a directivos del Mayo y por el otro a empresarios formalmente ajenos al banco, pero vinculados a través de distintas sociedades y beneficiarios de préstamos que tenían como objetivo canalizar negocios en beneficio de ellos mismos. La práctica de estos negocios, constitutiva de ilícitos penales, se realizó en un contexto de deslealtad para con el propio banco, así como para los inversores que en él confiaron, defraudándose a todos ellos. En esta gestión hubo múltiples y varios hechos estafatorios o defraudatorios”.
En el debate sobre la asociación ilícita –que es lo que mantiene a Beraja y Cheb Tarrab entre rejas– se ha planteado como argumento que pertenecer a un grupo o organización no es un delito en sí mismo. Es un ángulo que remite a la decisión tomada en tiempos de José López Rega de aumentar las penas porque se quería condenar a quienes integraban partidos de izquierda o grupos guerrilleros por el solo hecho de la pertenencia a la organización, más allá de si hubieran cometido o no un delito. En el caso del Mayo, lo que Oyarbide señala es que en este caso se cometieron las estafas y maniobras y que la asociación ilícita se basa en delitos efectivamente concretados y, además, la organización se mantuvo en el tiempo y cometió múltiples hechos que el juez considera delictivos.
Más allá de ese punto, la resolución del magistrado sirve como ejemplo de la forma en que se vaciaron bancos y empresas en la Argentina de Carlos Menem. A través del armado de una trama de sociedades, algunas reales y otras ficticias, el dinero del Estado y los ahorristas terminaba en manos de empresarios y banqueros. Una operatoria común en los ‘90 que, como tantas otras, recién se hace pública en la golpeada Argentina del siglo XXI.
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