Resulta desconcertante con la deuda la diferencia entre la dimensión del problema y el espacio que ocupa en el discurso político, una especie de miniatura de la deuda. Es imposible realizar ninguna proyección política que no la contemple y sin embargo, por un lado, el Gobierno no realizó hasta ahora un esfuerzo considerable por incorporarla al plano de los gestos y los actos y, por el otro, las demás fuerzas parecieran esperar que el primer paso se tome desde la Casa Rosada. Lo real es que hasta ahora no existe un debate amplio sobre la deuda y el Gobierno avanza en su estrategia en una soledad quizás buscada, respaldada sólo por la opinión de las encuestas y por el peso de una realidad incontrastable. Como si solamente fueran conscientes de esa realidad las dos partes negociadoras y el resto sólo atinara a observar atónito los síntomas de una catástrofe inminente.
Hace treinta años, cuando se hablaba de no pagar la deuda se pivoteaba en una fórmula ideológica. Pero ahora es un problema concreto, no es que no haya que pagarla sino que no se puede pagar. La deuda externa argentina es una obra monumental de la ingeniería económica, es la octava maravilla junto a los Jardines Colgantes de Babilonia o el Coloso de Rodas. Es la deuda más grande del mundo.
Desde una lógica antiimperialista o anticapitalista se propuso repudiarla y desde un plano más ético o legal se estudió su legitimidad. Está también el planteo de los gobiernos anteriores y del sector financiero, que la asumieron con la lógica de los prestamistas, insistiendo en profundizar el endeudamiento.
El gobierno de Néstor Kirchner salió de ese marco al instrumentar una revisión sobre otros ejes que, en realidad, no implican una ruptura con la lógica capitalista sino que se afirman en ella. Porque lo paradójico es que fue la misma deuda la que rompió esa lógica, dio toda la vuelta y llegó al punto del absurdo. Es un engendro tan desproporcionado que, más allá de garantizarse la apropiación de las riquezas de un país, lo que asegura es su aniquilamiento. Aun así, habiendo aniquilado el país, no se habría terminado de pagar.
No asfixiar el crecimiento interno fue el eje de la negociación del Gobierno con el Fondo. Y pagar el valor de mercado de la deuda fue el que mantiene con los tenedores privados de bonos. En esa negociación, el Fondo aceptó el compromiso del 3 por ciento de superávit fiscal, y se propuso una quita del 75 por ciento de la deuda privada.
La actitud del Gobierno se diferencia con los que le antecedieron, negoció con firmeza un acuerdo difícil y todavía falta el tramo más accidentado. Si sale airoso será la primera vez en la historia argentina sobre ese tema. Y sin embargo, pese a ese enorme esfuerzo que aún no ha terminado, si logra su objetivo sólo habrá convertido un absurdo imposible de pagar, en una deuda controlable cuya carga seguirá siendo muy pesada y por muchos años.
Si hay una discusión que no puede ser puramente teórica es la de la deuda porque cualquier resolución tiene consecuencia inmediata. Es una discusión inevitable y además compleja porque al instalarse en el escenario político queda condicionada por la dinámica entre oficialistas y opositores y las presiones de acumulación y capitalización política aunque se trate de una cuestión estratégica, suprapartidaria. Y además, ningún sector, –incluyendo al Gobierno– puede encarar por sí solo una negociación que no coincida con los anhelos de los acreedores externos.
Hasta ahora el Gobierno circunscribió el planteamiento político sobre la deuda. Lo encaró sin convocatorias, gestos o aperturas y lo incluyó en sus discursos según se desarrolló la negociación. En cambio los medios se llenaron con la opinión de analistas, la mayoría de ellos lobbistas del esquema que propició el endeudamiento. El centimetraje a favor de los acreedores es apabullante. Todos critican la negociación y dicen que hay que pagar más de lo que se propone, que hay que flexibilizar posiciones, estudian con lupa el gasto público y fuerzan los números para mostrar que se está engañando al Fondo, califican de pueril el sólo hecho de negociar y no acordar o aceptar y magnifican los reclamos de los acreedores y las posibles consecuencias de no satisfacerlos.
Un sector de la izquierda plantea que la negociación es una cortina de humo que no afecta los intereses del sector financiero. Y basa su crítica en que no hay quita ni default con los organismos financieros internacionales. Otro sector de la izquierda ve con simpatía el esfuerzo negociador, pero considera que los objetivos son insuficientes, cuestiona el compromiso de superávit y expresa su recelo por la ausencia de una convocatoria popular. Políticos como el ex presidente Raúl Alfonsín manifestaron su apoyo al Gobierno y Elisa Carrió, con algunas observaciones, se mostró inclinada a no debilitar el planteo oficial en la negociación. El centroderecha tiende por inercia a sumarse al discurso mayoritario de los medios, aunque titubea ante el silencio de los grupos de la industria y el campo que se están beneficiando por el nuevo cuadro de situación. Estos grupos han apoyado en público la posición oficial, pero en privado temen un endurecimiento del proceso y su posible politización tumultuosa. Saben que si se paga demasiado no habrá forma de financiar el crecimiento que los favorece, y advierten que si se rompe la cuerda tampoco lo habrá.
Todas las declaraciones han sido hasta ahora simples enunciados que no implican desarrollo de propuestas, debate, participación o acción concreta como si se temiera que cualquier movimiento termine en una encerrona entre oposición y oficialismo, y se dudara de la propia madurez para intervenir definiendo posiciones propias y fijando al mismo tiempo, prioridades que abran lineamientos de acción política. La ausencia de este debate implica también que la gran mayoría de la sociedad se mantiene ajena a una definición que influirá en el destino de varias generaciones. La resolución del problema de la deuda es un problema nacional, no sólo de algunos técnicos o de un gobierno, en un partido donde la mayoría está en las tribunas.
La caracterización de esta negociación como una causa nacional fue formulada por el Presidente ante los empresarios. Y ante sectores populares reafirmó la decisión de no pagar a costa del sacrificio de la gente. La diferencia está en que en el primer caso hay algo más parecido a una convocatoria, a una invitación a participar en esa causa. El Gobierno prefirió estimular una participación más activa del sector empresario y que el respaldo popular se siguiera manifestando en las encuestas. Pero la participación activa de unos y otros tiene costos y beneficios hacia el futuro y el que participa condiciona más que el que no lo hace.
Las presiones del Fondo y de los tenedores de bonos recrudecieron porque la economía creció más de lo proyectado. El FMI insiste en replantear las metas acordadas y algunos fondos buitres consiguieron dictámenes judiciales para inhibir propiedades públicas argentinas en Estados Unidos. En la misma medida, el Gobierno ha comenzado a instalar con más fuerza el tema de la deuda en su discurso político. Sin que los convocaran públicamente, los gobernadores comenzaron a expedirse y los legisladores también, dos legisladores porteños del kirchnerismo propusieron, inclusive, la realización de un plebiscito y desde otros sectores se comenzó a pensar, aunque todavía con timidez, en la organización de un acto de masas en Plaza de Mayo. Lentamente se abre la puerta de esta especie de catedral vacía, que es la discusión de la deuda, a la participación popular. O por lo menos se amenaza con hacerlo.
Pero esas iniciativas estarían subordinadas a los resultados que logre el sindicato de bancos que se conformó esta semana para tomar contacto con los acreedores privados. Mientras el Gobierno se mostró optimista, sus críticos aseguran que sólo se trató de un gesto para calmar al Fondo, que en marzo deberá revisar nuevamente los acuerdos y la marcha de lanegociación. En tanto da la impresión que la sociedad sigue el proceso como si se tratara de una charla de café, cuando se está discutiendo lo que va a pasar con su bolsillo.
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