El ARI objetará al candidato a procurador general alegando que defendió jurídica y políticamente al secretario del Smata. “Yo tuve que exiliarme por defender los derechos humanos”, dijo Righi.
Elisa Carrió, junto al legislador del ARI Fernando Melillo y al abogado alemán Wolfgang Kalek.
La líder del ARI, Elisa Carrió, anunció que su partido solicitará la impugnación de Esteban Righi al cargo de procurador general de la Nación. La oposición al candidato del Gobierno para reemplazar a Nicolás Becerra surge de que según el ARI el penalista patrocinó al secretario general del gremio de los mecánicos Smata, José Rodríguez, en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de la fábrica Mercedes Benz durante la última dictadura militar. “Nadie puede ser imputado por defender a alguien. Lo cierto es que la actuación en esta causa sumada a la defensa acérrima de Rodríguez ante la OIT como un perseguido político muestra un compromiso que va más allá de la defensa en una causa tan paradigmática en materia de violaciones de derechos humanos”, aseguró Carrió. Righi dijo que no es el defensor de Rodríguez y replicó: “No sé lo que hizo Carrió por la defensa de los derechos humanos, pero cuando ocurrieron los hechos yo tuve que exiliarme por defenderlos”.
Antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en tiempos de la Triple A, Rodríguez escribió en una carta al ministro de Justicia en la que describía a la comisión interna independiente de la planta como “prohijada por la subversión”. Definió un paro de cuatro mil obreros como “típico acto de la guerrilla de la fábrica”. Según documentos del archivo de la Federación Internacional de los Trabajadores Metalúrgicos (Fitim) –de la que Rodríguez fue suspendido como vicepresidente a raíz de esta causa– el gremialista y el entonces ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, pidieron el despido de más de 115 trabajadores de la fábrica, entre ellos quince que después del golpe militar fueron secuestrados y desaparecidos.
Righi dijo ayer que, “al margen de las diferencias que podamos tener, Rodríguez no hizo lo que le imputan”.
Afirmó que su actuación se limitó “a pedir al fiscal un certificado sobre el estado de la causa, y él me dijo que no había elementos para llamar a Rodríguez a indagatoria”.
Righi fue ministro del Interior del presidente peronista Héctor Cámpora en 1973, y debió exiliarse en 1974. La Triple A primero y la dictadura después lo demonizaron por la liberación de los presos políticos el 25 de mayo de 1973 y un famoso discurso contra la tortura en la Policía Federal.
A favor de Righi, quien pudo regresar al país recién en 1984, un miembro del Gobierno aseguró que “no defendió a ningún represor sino a un dirigente sindical que también fue perseguido y que no fue procesado” por la Justicia. Señaló, además, que la defensa de personajes cuestionables es en parte la tarea de los abogados penalistas. Y agregó que Righi, quien debió exiliarse y cuyos bienes fueron confiscados en 1976, fue sin duda una víctima de la dictadura.
Righi, actual titular de la cátedra de derecho penal en la UBA, fue propuesto la semana pasada por el Gobierno para suceder a Becerra. Para acceder al cargo, debe pasar un proceso de evaluación similar al que se usa para los jueces de la Corte Suprema. Es decir, que particulares, gremios o agrupaciones de derechos humanos o sociales o académicas podrán opinar sobre su designación. Luego tendrá que pasar por una audiencia pública en el Senado. Si supera todas las instancias, volverá a ocupar un cargo oficial después de treinta años.
Carrió hizo el anuncio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires después de entrevistarse con uno de los abogados de la Coalición Alemana contra la Impunidad en Argentina, Wolfgang Kalek, y familiares de desaparecidos. “Nos vamos a hacer cargo de la impugnación de Esteban Righi en el Senado de la Nación, sumado a la verificación mediante informes si es que ha cobrado o cobra una jubilación de privilegio después de haber estado apenas 49 días en el cargo de ministro del Interior”, dijo Carrió.
Los bienes de Righi fueron sujetos a expropiación por parte de la dictadura en 1976.
En la reunión de Carrió y Kalek también estuvieron presentes las diputadas Susana García y Marta Maffei y el presidente del bloque de laLegislatura, Fernando Melillo, y los familiares de desaparecidos de origen alemán Marcelo Von Schmeiling, Luisa Wettengel y Elsa Oesterheld.
Kalek ya les planteó sus reservas sobre la designación de Righi al vicecanciller Jorge Taiana y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. “La causa de Mercedes Benz es emblemática y demuestra la profunda conexión entre el poder económico y la represión en la década del 70”, dijo Carrió. Kalek agregó que “se trata de desentrañar las causas de las violaciones de los derechos humanos porque la destrucción del movimiento obrero era uno de los objetivos y se lo puede notar muy bien en esta causa”.
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