Hacían falta seis votos para que el jury removiera al juez salteño, acusado de violar los derechos humanos. Sólo hubo cuatro. Y estalló el escándalo.
Por Adriana Meyer
Lona, quien fue defendido enconadamente por el juez Petracchi, junto a su abogado D'Alessio.
“En esta sala en la que fueron juzgados los ex comandantes hoy fueron cómplices de un funcionario de la dictadura”, vociferó con bronca e indignación apenas contenida el periodista Eduardo Tagliaferro, sobreviviente de la Masacre de Palomitas, apenas se conoció la absolución del camarista salteño Ricardo Lona. El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura no reunió los votos necesarios para la destitución del magistrado y ordenó reintegrarlo en sus funciones. Para evitar el juicio, había renunciado, pero el presidente Néstor Kirchner nunca aceptó su dimisión y así el proceso siguió adelante. Para echarlo debían votar a favor los dos tercios del cuerpo, es decir seis integrantes, pero sólo cinco miembros reclamaron su destitución y los cuatro restantes pidieron que se rechazaran los tres cargos en su contra. Al concluir la audiencia, hubo un tibio aplauso que fue interrumpido por los familiares de las víctimas de Palomitas que le gritaron “torturador”, junto a la nieta de César Pereyra Rozas, el salteño cuyos bienes habría administrado Lona ilegalmente siendo juez. Desde el entorno del juez surgió un insulto hacia la madre del periodista, al parecer proveniente de un camarista del fuero civil. La mujer se había acercado lentamente al estrado y en voz baja pero sostenida insistía en decirle “doctor, soy una de sus víctimas, no escuchó cuando le pedí que atendiera a mi hijo, que estaba herido”. Tagliaferro tenía 19 años al momento de la masacre.
La sala de audiencias del Consejo, donde en 1985 se llevó adelante el Juicio a las Juntas Militares, estaba colmada. Lona se sentó en el banquillo de los acusados, con la sonrisa de quien ya se sabe absuelto, junto a sus defensores, Andrés D’Alessio y Pablo Lozano. Frente a ellos, los consejeros acusadores, Beinusz Smukler y Marcela Rodríguez. Además de los allegados al acusado, acudieron las sobrevivientes de la dictadura Graciela Daleo y Elsa Quiroz, y la esposa de una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, Mirta Clara. Más tarde se dejaron ver entre el público Elisa Carrió y el presidente del bloque del ARI en la Cámara de Diputados, Eduardo Macaluse. Y también concurrió un grupo de periodistas para apoyar a Tagliaferro. La seguridad había realizado una tarea de inteligencia para evitar posibles escraches e inicialmente impidió el acceso de cámaras de televisión y reporteros gráficos. Finalmente, modificaron su actitud, tras cerciorarse de que no había ningún infiltrado. Sin embargo, no pudieron evitar la molestia de la esposa de Lona ante los fotógrafos. “Los voy a denunciar”, amenazó.
Lona fue acusado de “mal desempeño” por haber consentido y posteriormente no haber investigado el traslado que terminó con el fusilamiento de 12 presos políticos en la localidad salteña de Palomitas. También enfrentaba cargos por haber aceptado ser albacea testamentario del poderoso hacendado salteño César Pereyra Rozas, vecino suyo, pese a la incompatibilidad de esa función con la de magistrado. Y una tercera acusación señalaba que Lona no investigó la inscripción como propio de un niño salteño por parte de un matrimonio francés. El presidente del jurado Augusto Belluscio, los jueces Horacio Billoch Caride y Sergio Dugo y el senador Jorge Agúndez rechazaron los tres cargos. Sobre su actuación en la Masacre de las Palomitas, dijeron que cuando ocurrió ese hecho era juez de primera instancia y que como ahora es camarista no se le puede imputar ningún cargo porque ocupa otro puesto. Además, remarcaron que cuando el Senado aprobó su pliego en 1984 no objetó su desempeño en esa causa y, por lo tanto, no pueden revocarse decisiones de ese cuerpo legislativo.
Cuando fueron leídos los fundamentos que utilizó el presidente de la Corte Enrique Petracchi, uno de los testigos de concepto que se pronunció a favor de Lona durante el enjuiciamiento, los familiares de la víctimas de Palomitas aplaudieron, sarcásticamente, para expresar su bronca. “Fue un juez independiente que no permitió ninguna intromisión del gobierno militar en su labor, y mantuvo una vida austera”, había expresado Petracchi. Estela Pereyra Rozas no pudo contenerse y gritó casi al bordedel llanto: “Se quedó con los bienes de mi abuelo, nunca fueron amigos”. En ese momento, varios miembros de seguridad se acercaron al palco de la prensa, muy cerca de la mujer y los familiares.
Votaron por la destitución Guillermo Sagüés, Enrique Basla, Manuel Baladrón, Sergio Gallia y Eduardo Roca, quienes cuestionaron el argumento de que no se pueda revisar su actuación como juez por haber ascendido a camarista. Estos miembros del jurado dieron por probado que “ejerció como albacea pese a la incompatibilidad que había con su condición de juez” y que entregó una declaración jurada “mendaz” ante la Corte, ya que no detalló que administraba la herencia de 60 millones de pesos de Pereyra Rozas. Sólo Baladrón y Gallia consideraron que Lona debía dejar su despacho. Ahora queda por verse si, al menos, el juez absuelto merced al lobby de la “familia judicial” cumple su palabra y mantiene su renuncia. Alguno de sus allegados aseguró que ya mandó limpiar su despacho, para reintegrarse.
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