Diputados facultó anoche a su presidente, Eduardo Camaño, a solicitar al Poder Judicial que apresure la nulidad de los decretos firmados por Carlos Menem hace casi 15 años. El debate.
La bancada justicialista hizo valer su mayoría para facultar a Camaño para que peticione ante los jueces.
Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur
Con una mayoría muy ajustada, el peronismo de Diputados logró aprobar una declaración que faculta al bonaerense Eduardo Camaño para hacer gestiones de buenos oficios ante los jueces. La finalidad política era obturar, y anticipar, el reclamo de declarar la nulidad de los decretos de indulto a los principales responsables del terrorismo de Estado, que por separado hicieron la radical Margarita Stolbizer y Patricia Walsh de Izquierda Unida. Superando internas dentro de su bancada, el PJ logró sentar a los suyos. Contó además con el acompañamiento de diputados pertenecientes a partidos de derecha provinciales, seguidores de Aldo Rico y tres diputados que ingresaron en la lista del transversal cordobés Luis Juez.
El proyecto de resolución aprobado anoche autoriza a Camaño a solicitar a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de los indultos concedidos por el entonces presidente Carlos Menem. En virtud del principio de la división de poderes, ese pedido sólo puede tener un carácter formal.
La sesión estaba prevista para las 21. La intención de los justicialistas era quedar en el recinto hasta medianoche para, entonces, cantar el Himno. El cónclave de la bancada peronista comenzó a primera hora de la tarde y derivó en una diáspora de varias tribus provinciales. Los diputados santafesinos eligieron estar al lado de uno de sus referentes, el senador Carlos Reutemann. Se mantuvieron en permanente contacto telefónico con su gobernador, Jorge Obeid. Luego de consensuar con éste y con Reutemann bajar al recinto, se reunieron con Camaño para acordar cuestiones del congreso partidario del próximo viernes. Los diputados cordobeses hicieron algo similar con su gobernador José Manuel de la Sota. Los gobernadores de Entre Ríos, Jorge Busti, y el principal referente político de los pampeanos, Rubén Marín, les dijeron a los suyos que dieran quórum y que votaran la iniciativa propuesta por el peronismo. El kirchnerismo, en cambio, firmó un documento donde criticó sin nombrar a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien rechazó la presencia de gobernadores en el acto de la ESMA: “Al peronismo nadie le puede exigir exámenes sobre derechos humanos”. El texto lleva la firma de 22 kirchneristas más el jefe del bloque, José María Díaz Bancalari.
Antes de la sesión, en una rueda de prensa, los diputados del ARI, Izquierda Unida, PI, Claudio Lozano de la CTA y otros explicaron su ausencia. “No queremos formar parte de algo que no expresa la voluntad del pueblo argentino”, dijo Patricia Walsh (IU). “El oficialismo quiere hacer una payasada. Esto es una farsa”, sostuvo desde el ARI Marcela Rodríguez.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta), fue el encargado de justificar el proyecto de resolución con el que los peronistas lograron unificar criterios. Ante el desconocimiento del resto del cuerpo dijo que, gracias a que el Congreso declarara la nulidad de las leyes de impunidad, hoy la Justicia salteña avanza en el esclarecimiento de la masacre de Palomitas. En verdad, la Cámara Federal de Salta, presidida por Ricardo Falú, tío del diputado tucumano del mismo nombre, declaró la inconstitucionalidad de esas leyes antes que el Congreso. Hoy esa causa la lleva adelante el juez federal Miguel Medina, ex apoderado del gobernador Juan Carlos Romero en las internas partidarias del ‘95. Aunque ordenó el arresto de 3 militares implicados en la matanza, el magistrado todavía no resolvió su situación procesal. A casi 28 años de los hechos, la verdad que la sociedad ya conoce todavía no se traduce en ningún expediente judicial.
Tal vez lo más patético de la noche fue el discurso del justicialista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, quien intentó una forzada diferencia entre el terrorismo de Estado de la dictadura y la represión que llevó a cabo el Operativo Independencia que impulsó el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Señaló, sin sonrojarse, que el entonces jefe de ese operativo, el general Acdel Edgardo Vilas, fue quien derrotó “a la subversión marxista” en el marco de un gobierno constitucional y que “el PJ y gobierno tucumano lo condecoró”. El joven legislador olvidó, en el mejor de los casos, que ese militar supo jactarse de que los mejores operativos se realizaron durante la noche “mientras los guerrilleros dormían en sus casas”. Aignasse intentó vanamente diferenciar a Vilas del genocida Antonio Bussi, a quien definió apenas como un “Rambo vestido de verde”.
Los radicales, que llegaron al recinto una vez que el oficialismo logró el quórum, tuvieron como orador principal a Leopoldo Moreau. El bonaerense propuso a través de un proyecto que el Poder Ejecutivo firmara un decreto de necesidad y urgencia para anular los indultos de Carlos Menem. “Si el Congreso anuló leyes que sancionó (Obediencia Debida y Punto Final), es prácticamente posible que el Ejecutivo actúe de la misma forma con respecto a los indultos. Claro, después habrá que esperar que la Justicia considere que ambos actos son constitucionales”, señaló. Moreau desarrolló una férrea defensa del gobierno de Raúl Alfonsín, olvidando las leyes de impunidad que promovieron.
El último en hablar fue Díaz Bancalari, propuso sorpresivamente “construir puentes que nos unan” y defendió el proyecto oficial. Luego se votó. Los peronistas, y sus contingentes aliados del riquismo y de la derecha lograron mayoría. Los radicales votaron en contra. Los justicialistas pidieron un minuto de silencio por las víctimas de la dictadura. Y, tal como habían previsto, cantaron el himno a la medianoche.
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