La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró admisibles los casos de Horacio Verbitsky, Tomás Sanz, Gabriela Acher y Eduardo Kimel, que denunciaron la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra el derecho a la libertad de expresión. La Cidh investigará si en estos casos –se trata de dos causas, ya que las primeras tres denuncias fueron presentadas conjuntamente– el Estado violó el derecho a la libertad de expresión, pero además evaluará en forma amplia la situación del derecho a informar y ser informado en la Argentina y la judicialización a la que se ven sometidos quienes ejercen el derecho por parte de los funcionarios públicos. La denuncias fueron presentadas ante la Cidh por la Asociación Periodistas, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Como resultado de estos casos, la Argentina podría ser condenada a modificar el Código Penal y el Código Civil. Verbitsky, a raíz de la publicación del libro Robo para la corona en 1991, fue denunciado primero por desacato y luego por injurias por Carlos Corach. Aunque el juez y la Cámara declararon prescripta la acción, la Corte Suprema anuló la sentencia aduciendo que con cada edición del libro volvía a cometerse el presunto agravio. La humorista Gabriela Acher fue denunciada a raíz de un sketch televisivo en el que parodiaba al juez Cancela por su participación en el litigio de divorcio de Carlos Menem. Tomás Sanz fue condenado a raíz de una querella promovida por Eduardo Menem contra él y la revista Humor. Y Eduardo Kimel fue condenado por injurias por su investigación sobre la Masacre de los Palotinos.
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