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El país|Jueves, 1 de abril de 2004

Juaristas y antijuaristas lanzaron la carrera del sálvese quien pueda

Contrarreloj, los legisladores restituyeron una quita salarial del 75 por ciento a los empleados aplicada hace diez años. Los jueces no hacían olas y Juárez consultaba a sus abogados.

Por Alejandra Dandan
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La Legislatura santiagueña intentó a último momento suspender a Nina Aragonés para evitar la intervención.
En 24 horas el clima de despedida se convirtió en una virtual acefalía. Los Juárez aún no abandonaron la Casa de Gobierno, pero en Santiago del Estero ha empezado el día después. El tiempo político ahora está marcado por las decisiones de Buenos Aires. Ayer, la siesta sucumbía detrás de la sesión parlamentaria del Congreso Nacional. Los santiagueños siguieron cada minuto del debate en el Congreso como si se tratara de la final de un Mundial, mientras la clase política buscaba remedios desesperados para congraciarse a como dé lugar con quienes tomarán las riendas de la provincia. Una sesión en la Legislatura local se transformó en el símbolo de ese estado de emergencia: el cuerpo de diputados que hace exactamente veinte días rechazó el pedido de desafuero contra la todopoderosa gobernadora Mercedes Aragonés, ahora negociaba acuerdos para suspenderla. Los movimientos del “sálvese quien pueda” se repitieron entre vocales del Poder Judicial, entre los 19 intendentes del juarismo y también con el propio jefe espiritual de la provincia: después de pronunciar su discurso de despedida, Carlos Juárez reunió a su tropa de abogados para preparar una estrategia que lo libre eventualmente de la cárcel.
Todo el mundo prepara las valijas. Durante todo el día existieron rumores del éxodo en la Casa de Gobierno. Nadie sabe si aún permanecen adentro los cuadros enmarcados de Nina Aragonés o de Carlos Juárez, dos inmensos retratos colocados frente a sus despachos con los de Eva Perón y el Generalísimo Juan Domingo. De todos modos, quienes frecuentan los pasillos de Gobierno aseguran que a esta hora se embalan documentos. Que algunos se quemaron y que otros se “picaron”. Pero la política de desaparición de objetos valiosos no se detuvo allí: traspasó las fronteras del gabinete de los Juárez para instalarse hasta en los despachos de Tribunales.
Uno de los asesores legales del caudillo consultado por este diario lo explicó de este modo: “En este momento, todos están en lo mismo: es un sálvese quien puede”. Sus rondas entre los funcionarios del Poder Judicial le permitieron hacer otro diagnóstico: “Los vocales del Supremo Tribunal –explicó– se están deshaciendo de los despachos pendientes”. Para no quedar comprometidos con ninguna de las causas que tienen en manos, en los últimos días reenviaron expedientes atrasados a la Secretaría Judicial. Con ese mecanismo no habrían intentado beneficiar a nadie. Tampoco regalarle sobreseimientos a acusados o procesados: “Simplemente –decía la fuente consultada– intentan salvarse: esperan la intervención sin asuntos pendientes”.
El viejo caudillo Carlos Juárez entró en esa dinámica con más anticipación. El martes a la noche, su discurso sobre el balcón de la Casa de Gobierno sorprendió a buena parte de los santiagueños pero no a quienes lo siguen de cerca. En el balcón, no hizo un llamado de barricada ni de resistencia. Se despidió y, tranquilamente, anticipó su salida: “Desde el gobierno o desde el llano –dijo– siempre estaremos al lado del pueblo santiagueño”. Quienes estuvieron cerca suyo en las últimas semanas están convencidos de que de ese modo el caudillo “se sacó varios pesos de encima”: entre ellos, las cuentas pendientes con la Justicia.
Carlos Juárez tiene abierta una causa judicial por la desaparición de cuatro santiagueños durante la última dictadura militar. Por esa misma causa, la fiscalía federal de Santiago pidió su detención bajo los cargos de jefe de la asociación ilícita que desde 1973 anticipó en Santiago del Estero la política de Terrorismo de Estado de la dictadura militar. Su mujer, en tanto, todavía tiene pendientes dos imputaciones. Una por fraude contra el Estado en la llamada causa Anses y otra por los atentados a la casa del diputado menemista José Figueroa de julio de 2002. En las próximas horas, sin gobierno y sin fueros, ambos podrían quedar en manos de la Justicia. Con ese horizonte, Juárez trabaja desde hace dos semanas con su grupo de abogados. Antes de despedirse del gobierno, intentó negociaciones con la Nación que oficialmente habrían fracasaron. Aun así, según uno de sus abogados, ahora mismo está convencido de que una salida tranquila de la Casa de Gobierno podría mejorarle el futuro.
De acuerdo con los datos recogidos por este diario en el ámbito de la justicia federal donde tramitan las causas, la estrategia del viejo caudillo no parece tan desacertada. De hecho, las causas por la defraudación al Anses y la del atentado a la casa del diputado Figueroa, en este momento están técnicamente desactivadas. La Cámara aceptó en los últimos días el recurso de queja de la defensa. Un fallo que ahora abre la instancia de la apelación y la posibilidad de que se reconsideren las responsabilidades de Nina Juárez en los dos procesos.
Lo mismo sucede con Carlos Juárez en la causa por los crímenes de lesa humanidad. Desde hace diez días, el juzgado tenía previsto citarlo para una indagatoria entre jueves y viernes de esta misma semana. El anuncio de la intervención paralizó la citación, la causa y el eventual procesamiento. Según las fuentes judiciales consultadas por Página/12, el juzgado no avanzará por el momento. Ahora está a la espera de una señal clara de la Nación o del eventual interventor de la provincia.
Ese mismo tipo de señales aguarda con desesperación el cuerpo de diputados provinciales. Ayer se autoconvocaron para una sesión con rasgos inéditos. Primero se aumentaron los sueldos. Reinstalaron el 75 por ciento de una quita en los sueldos de los empleados de la Legislatura que había sido eliminada con la intervención de 1993. Más tarde, la oposición logró quórum entre el oficialismo para discutir una suspensión para la gobernadora. Cuando se suponía que todo iba a prosperar, decidieron pasar a un cuarto intermedio: “Los juaristas están esperando de la Nación alguna garantía de no intervención para seguir adelante”, le explicaba a Página/12 Manuel Yiorbandi, uno de los diputados kirchneristas del Frente para la Victoria que al mismo tiempo buscaba entre los aliados del Congreso nacional la respuesta para la misma pregunta que anoche se hacían todos los santiagueños: ¿será verdad lo de la intervención? O será en realidad una trampa. Mientras tanto continuaban los debates en la Cámara de Senadores. Y frente a los televisores de Santiago, la platea palpitaba la tensión.

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