El país|Sábado, 3 de abril de 2004

Por H. C.

“El Manchado” Ramón
Fernández, hasta hace unos días jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, no era el único denunciado como torturador y en funciones en un cargo estratégico. El director de Régimen Penitenciario del SPB, Roberto Beriay, y el ex jefe del penal de Dolores, Pedro Guerrero, fueron apartados de sus cargos y pasados a disponibilidad después de que se comprobara que figuran como torturadores en legajos de la Conadep y en testimonios del Juicio de la Verdad. El pedido lo realizó la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, junto con el de otros 25 jefes de unidades que durante la dictadura pasaron por la Unidad 9 de La Plata. Estos últimos son investigados aunque no fueron pasados a disponibilidad. El domingo pasado, Página/12 reveló que el Manchado Fernández había sido designado como jefe de inteligencia el 18 de noviembre pasado, pese a figurar como uno de los torturadores más perversos de la UP 9 de La Plata durante la dictadura.
Hasta ayer, Roberto Beriay ocupaba el cargo de director de Régimen Penitenciario. El área es estratégica. En ella se decide todo lo que tiene que ver con los presos. Desde reunir la información de sus antecedentes, hasta decidir la unidad donde será derivado, además de encargarse de los traslados. El traslado y el destino es uno de los argumentos más preciados para los presos, más aún que la comida o las visitas, ya que de ellos depende su vida o su muerte. Conocer al detalle los antecedentes, saber de quién es amigo o de quién enemigo, estar enterado de los pedidos de traslado del propio preso no son meros datos estadísticos o burocráticos: revelan dónde enviarlo para transformarlo, mediante régimen de tratamiento, eufemismo de torturas, en un hombre dócil a trabajitos y encargos. Como también si es un preso díscolo a la autoridad, saber exactamente las unidades donde sus días estén contados.
Beriay conoce esa tarea desde hace tiempo: según testimonios de detenidos-desaparecidos, lo conocían como “el Sátiro de la Zapatilla”. Formaba parte de la patota del prefecto Abel David Dupuy, jefe de la UP 9 de La Plata entre el ‘76 y el ‘80.
“El Sátiro de la Zapatilla” y “el Loco” Guerrero se conocían de formar la misma patota de Dupuy. “El Loco” aparece mencionado en los legajos 2397 y 6769 de la Conadep, relacionados con la Unidad Penal 9. El tratamiento de la patota de Dupuy a los detenidos aparece registrada en detalle por los testimonios del fallecido diputado socialista Alfredo Bravo, el periodista Eduardo Anguita, el abogado Carlos Slepoy que representa la acusación popular en el juicio en España, Julio Mogordoy, Eduardo Saposnik, y otros.
El Sátiro y el Loco actuaban junto al Nazi Juan Rivadaneira, el Vietnamita, Monona García, Cabeza de Candado y el Manchado Ramón Fernández, entre otros. El domingo pasado, una investigación de Horacio Verbitsky reveló que el Manchado había asumido como jefe de inteligencia del SPB el 18 de noviembre pasado. La corporación mafiosa del SPB queda en evidencia tras la revelación. Todos los puestos claves son ocupados por hombres de confianza, capaces de guardar secretos y de mantener el mismo estilo de readaptación social de los presos que utilizaban durante la dictadura. Así, además de la jefatura de inteligencia, se controlaron por ejemplo la dirección clave de Régimen Penitenciario en manos de Beriay. “El Loco” Pedro César Guerrero recibió la jefatura del penal de Mercedes.
Su historia reciente lo instaló públicamente. Fue a mediados de febrero pasado, cuando el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, presentó una denuncia por amenazas. Durante una visita de Chichizola y su adjunto Fernando Domínguez al penal de Dolores, un preso pidió entrevistarse con ellos. Los fiscales lo conocían porque es asmático y habían logrado que le administraran la medicina necesaria para su enfermedad. El preso no quiso hablar en el lugar. “Ellos escuchan todo”, dijo el interno en relación con los guardias. La audiencia se realizó a la semana siguiente. En el ínterin, otro preso llamó al fiscal para decirle que al interno asmático lo habían molido a palos. Ese segundo preso también recibió la medicina del penal, no la correspondiente al asma porque no era asmático, sino la que suelen administrar cuando desde la perspectiva penitenciaria alguien se va de boca.
Ambos llegaron al despacho de Chichizola acompañados por un tercer preso testigo de las palizas. “Jamás había visto que un hombre haya sido golpeado de la forma en que habían sido golpeados ellos. Ni siquiera durante la dictadura”, confió Chichizola a este diario. Los dos presos mostraron que en la suela de sus ojotas habían guardado bisturíes con los que las autoridades del penal les habían encargado atacar a Chichizola y al camarista de San Isidro Fernando Marotto a cambio de drogas, visitas de familiares, y mejoras en su situación.
La lista de denunciados como torturadores no termina en el Manchado Fernández, Beriay o Guerrero. Ahora, el secretario de DD.HH. Remo Carlotto pidió la investigación de otros 25 altos jefes del SPB. Sus nombres surgen luego de que la Secretaría cruzara datos surgidos de los testimonios en el Juicio de la Verdad en La Plata y los archivos de la Conadep. El eje se concentró en todos aquellos que pudieron haber pasado por la Unidad Penal 9 de La Plata durante la dictadura. La tarea obvia dio resultados.
El gobernador Felipe Solá debió reconocer la infinidad de denuncias de presos que mencionan haber sido torturados, luego de aceptar lo publicado por este diario cuando reveló que el Servicio Penitenciario había encargado la compra de picanas eléctricas. Del mismo modo, desde ayer, el gobernador bonaerense Felipe Solá no podrá negar que prácticamente toda la primera línea jerárquica de su Servicio Penitenciario Bonaerense estuvo complicada en casos de tortura durante la dictadura.

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