El país|Miércoles, 7 de abril de 2004

Por Carlos Rodríguez

Desde diciembre de 1987, cuando con más esfuerzo personal que apoyo político real el peronista Luis Brunati intentó, durante un año, ponerle freno al poder creciente de la corporación, la Policía Bonaerense es uno de los agujeros negros más notorios de la democracia argentina. “Hay que crear una nueva policía del conurbano, con base cero, que debería ser organizada exclusivamente como policía de seguridad.” Barajar y dar de nuevo es la propuesta que viene propiciando, desde fines del año pasado, en sucesivos diálogos con Página/12, el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, que en febrero de 1998 comenzó una de las tantas “reformas” policiales, que también quedó trunca cuando en agosto de 1999 tuvo que dejarle el lugar a Osvaldo Lorenzo, un ex juez siempre cuestionado por su connivencia con personajes oscuros de la “maldita policía”. Fue sacar a Batman y poner al Acertijo. Ahora se está hablando de retomar la tarea inconclusa de Arslanian. Aunque al principio se dijo que el candidato a ministro de Seguridad era Carlos Alberto Beraldi, fuentes de la Gobernación provincial dijeron anoche a este diario que el designado sería León Arslanian, en un regreso que parecía imposible.
Ayer, luego de varios contactos con el estudio que Arslanian comparte con Beraldi, la única respuesta concreta fue que el ex ministro “no va a hablar, por ahora, con la prensa” y que su colaborador “está de viaje en el exterior y recién vuelve el lunes”. De todos modos, según lo que se sabe hasta el momento, la idea del gobernador Felipe Solá sería reflotar la vieja y trunca reforma policial. Además de la “nueva policía de seguridad”, lo que propone Arslanian es mantener la actual estructura policial sólo como “policía de investigación” y seguir “con una depuración policial que va a tomar mucho tiempo” y que debería operarse con la incorporación “de civiles que tengan títulos de licenciados en criminalística o seguridad, y abogados que puedan acceder al grado policial y puedan participar en la tarea investigativa”, tan deficiente hoy como lo relativo a la seguridad.
Arslanian, gestor de la reforma, siempre ha sostenido que es necesario romper con “la actitud pasiva del ciudadano” para que, en coincidencia con lo que plantean los vecinos que integran los Foros de Seguridad (ver aparte), “el ciudadano cumpla un rol que empieza por cerrar la puerta con llave en su casa y continúa por definir, con la policía, cuáles deben ser los modos de acción” para enfrentar el delito. En su momento, la reforma de Arslanian tropezó con la oposición de algunos hombres fuertes que acompañaban al entonces gobernador Eduardo Duhalde. Según versiones, el más duro rival era José Díaz Bancalari, quien juega hoy un papel preponderante, tras la crisis que provocó el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. El propio Arslanian desmintió aquellas supuestas peleas, pero el tema quedó flotando y ahora había reaparecido.
“En tres años va a ser una buena policía (...) vamos a lograr una fuerza de paz, no una militar, cuyo mayor mérito era infundirle miedo a la gente (...) hemos cortado una historia terrible de gran corrupción.” En abril de 1998, tal vez en un exceso de optimismo, Arslanian confió en que llegaría a coronar la reforma, pero se tuvo que ir antes de tiempo cuando comenzó a crecer la figura del candidato peronista a la Gobernación Carlos Ruckauf, luego reemplazante de Duhalde, quien en 1999 propuso “meterle bala” a los delincuentes y logró imponer su política de “mano dura”, esa misma que ahora insinúa tras el formidable shock del caso Blumberg.
“La Justicia penal de la provincia de Buenos Aires tiene un 97 por ciento de ineficiencia (...) la dirección de Investigaciones de la ex Policía Bonaerense (en ese momento, 1998, la fuerza estaba intervenida por el abogado Luis Lugones) es un nudo de corrupción que vamos a desarticular (...) todos los policías que se desempeñan en el área de investigaciones de la policía están bajo la lupa.” Ese era el diagnóstico que hizo, en enero de 1998, Alberto Binder, arquitecto de la reforma policial junto con Arslanian, aunque después ambos se distanciaron. “Nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución”, denunció en agosto de 2002 Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad. Más que palabras altisonantes, son expresiones de una realidad evidente. Los más lúcidos analistas en materia de seguridad insisten en que el problema no se soluciona endureciendo las leyes. “La policía recauda para la política”, declaró a este diario y al Le Monde diplomatique el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola. “La única mafia real es la policía”, dijo en off una jueza de activa participación en los organismos de Derechos Humanos durante la dictadura. Conceptos duros compartidos por buena parte de la población, todo lo cual hace pensar en una tarea difícil, para Arslanian y hasta para Superman.

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