Los órganos creados por la Reforma Arslanian piden desde hace tiempo que se implemente buena parte de lo que el jueves se reclamó en la marcha por Blumberg.
Por Horacio Cecchi
Los foros de seguridad pidieron audiencia con el gobernador Felipe Solá, pero no tuvieron éxito.
Aunque la urgencia por convertir en ley los reclamos ciudadanos corre el riesgo de transformarse en otro parche más, un nutrido grupo de Foros de Seguridad vecinales ya había alertado hace siete meses sobre los vínculos policiales con los secuestros. Durante 2003, los foros de San Martín, San Isidro, Vicente López, Munro, Villa Martelli, Mercedes, Marcos Paz, Dolores, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, Chascomús y el resto de los partidos de la Costa reclamaron audiencias con Felipe Solá para poner en marcha lo que la Reforma Arslanian había transformado en ley y el poder político había reducido a un recuerdo: la participación ciudadana, eje de la multitudinaria marcha convocada por Juan Blumberg. En febrero, esos mismos foros enviaron una durísima carta a Solá haciendo una cruda radiografía de la realidad, cuestionando a Raúl Rivara como inexperto en su cartera y pidiendo una audiencia con el gobernador. La audiencia no existió. Solá respondió que envió la carta a Rivara para que tomara nota de las quejas. Ahora, pidieron audiencia con Gustavo Beliz, que los citó para hoy. “Queremos que alguien con poder político escuche a la comunidad”, dicen sus representantes.
Los Foros de Seguridad fueron creados por la Ley de Seguridad bonaerense (12.154), promulgada el 11 de agosto del ‘98, como espacio de representación comunitaria con injerencia en la elaboración de las políticas de seguridad. Los Vecinales están conformados por representantes de todos los organismos de la comunidad dentro de la jurisdicción de cada comisaría. A su vez, tienen representación en los Foros Municipales. Por último, los Foros Departamentales reúnen a los representantes en jurisdicción de cada Departamental de Seguridad. En cada uno de esos escalones tienen atribuciones para intervenir en materia de seguridad, en la evaluación de las actividades policiales en su jurisdicción, formular sugerencias y pedir informes a los comisarios e invitar a funcionarios para enterarlos de las propuestas o cuestionamientos comunitarios. Los Municipales, a su vez, eligen a los defensores de seguridad, que entre otras está facultado para detectar irregularidades policiales.
Dado este mecanismo de contralor y participación ciudadana, lo curioso es que la convocatoria a los foros –responsabilidad exclusiva del gobierno– fue esporádica, espaciada y con demasiadas lagunas geográficas. En el caso de Pinamar, por ejemplo, hace varios meses que ya fue votado y elegido el nuevo defensor de seguridad local, y enviada su carpeta a la autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad, para que lo designe en el cargo. Pese a que Solá hizo pública su preocupación por los pedidos de participación ciudadana tras la marcha del jueves, el defensor de seguridad de Pinamar aún no fue nombrado. No es la primera vez ni el único caso.
Durante el último año, los avatares de la ilógica de la seguridad bonaerense reunieron a una serie de foros con al menos un punto en común: no están alineados entre los foros digitados por el gobierno. Se llaman a sí mismos los Autoconvocados, por aquello de que jamás fueron convocados por autoridades gubernamentales y coinciden en reclamar que se ponga en práctica la participación ciudadana en la elaboración de políticas de seguridad hasta ahora inexistentes. En conjunto conforman una nutrida representación: abarca dos de los partidos con mayor índice de secuestros extorsivos, San Martín y San Isidro, además de los foros de Vicente López, Munro, Villa Martelli, Mercedes, Marcos Paz, y los partidos que integran la Departamental Dolores (Pinamar, Villa Gesell, Partido de la Costa, General Madariaga).
En 2003 solicitaron en repetidas ocasiones ser recibidos por Solá. No tuvieron éxito. En septiembre de 2003, los foros de Vicente López denunciaron en conferencia de prensa la complicidad policial en secuestros extorsivos y el uso de la Autopista del Sol como entrada y salida de los secuestros. “En ese momento presentamos testimonios de las víctimas”, señaló Carlos Mari, presidente del foro correspondiente a la comisaría 6ª de Vicente López.
A mediados de febrero, un mes antes de que Axel Blumberg fuera secuestrado y su padre lanzado a la fuerza a la esfera pública, los tres representantes del foro de Pinamar enviaron una carta a Solá. El tono era muy crítico. Cuestionaban a Rivara como un inexperto e ineficiente en la cartera de Seguridad y consideraban “poco serio y hasta ofensivo que quien debe formular las estrategias para brindar seguridad a los ciudadanos solo tenga como antecedente ser amigo del gobernador”. En síntesis, reclamaban una reunión con Solá. La respuesta no sorprendió: el gobernador contestó que había entregado la carta a su amigo Rivara para que tomara nota de las quejas. La audiencia con Solá nunca se realizó. ¿Qué reclaman los Autoconvocados? Prácticamente lo que constituye el nudo del reclamo de Blumberg: que se cumpla con la participación ciudadana, que se agilice el proceso judicial, que se reforme la estructura de la Bonaerense.
El mecanismo, sostienen los Autoconvocados, está escrito en el conjunto de leyes conocidas como Reforma Arslanian:
- Ley 12.154, de Seguridad Pública que crea los foros. No están creados en cada comisaría, con lo que la participación ciudadana es restringida.
- La 12.155, de reforma de la Ley Orgánica de la Bonaerense. Crea cuatro policías (Seguridad, Investigación Judicial, Vial y Traslado de detenidos), 18 departamentales autónomas y autárquicas. No son ni una cosa ni la otra porque obedecen en forma piramidal a la jerarquía platense. Reclaman que se recupere el artículo 56, vetado por Eduardo Duhalde al promulgar la ley. El 56 sostenía que los ascensos de las tres jerarquías máximas (comisario, comisario inspector y comisario mayor) debía contar con acuerdo del Senado, con dictamen de la Comisión de Seguridad del Senado, y que se debía tener en cuenta la evaluación de la comunidad. También exigen que Asuntos Internos aplique sumarios a todos por igual y no sólo a los enemigos del jerarca de turno, que no sean policías quienes investiguen a policías, y que exista una delegación de AI en cada departamental.
- La 12.297, de seguridad privada. Que se abra un canal de recepción de las evaluaciones de la comunidad, y que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor a las empresas de vigilancia privada.
- La 12.061, de Ministerio Público Fiscal. Tiene que haber tantos fiscales como jueces de instrucción antes de la reforma, ya que la tarea de investigación ahora recae sobre los fiscales. Además, sostienen que si un juez tenía entre 20 y 40 empleados, el fiscal no puede tener tres para investigar un caso.
- La 12.068, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma y de la Corrupción Policial. Aseguran que la comisión controla el gasto, pero no el de la policía. Sostienen que no hacen el seguimiento de los legajos de cada uniformado, lo que a la larga permite que para los ascensos y definición de cargos lleguen las carpetas más inverosímiles, a conveniencia de la jerarquía de turno.
- La 12.256 de Ejecución Penal. Crea las alcaidías que descomprimirían la situación carcelaria y de comisarías. Jamás fueron levantadas. También ordena designar un juez de ejecución penal por departamental, además de fiscales y defensores. Esos cargos no fueron cubiertos. Los Autoconvocados además reclaman que la evaluación criminológica de los internos no dependa más del Servicio Penitenciario Bonaerense, sino de una comisión independiente. También reclaman que desaparezca la Junta de Calificaciones del SPB que da la evaluación criminológica final. En las evaluaciones que el SPB realiza sobre los internos está muchas veces la clave: no siempre sale quien lo merece, y hay infinidad de casos que demuestran que la nota de la evaluación se paga.
En síntesis, los reclamos de los Autoconvocados resumen en un marco amplio buena parte de los puntos presentados por Blumberg al Congreso: leyes para agilizar el proceso penal (dotar a los fiscales de capacidad investigativa y no de herramientas reñidas con los derechos constitucionales); leyes para reformar a la Bonaerense; y leyes que dan atribuciones a la ciudadanía para controlar, evaluar y decidir sobre un tema que desde hace rato la tiene como principal interesada. Se trata de leyes ya promulgadas y que coinciden con el pedido de Blumberg de seguir el trámite más corto y más sencillo.
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