El país|Martes, 13 de abril de 2004

Por Victoria Ginzberg

El proceso abierto en España contra los militares argentinos se aproxima a una definición. Los dos marinos presos en Madrid, Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, están cada vez más cerca del juicio oral, pero el ex director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de México reclamó que su juzgamiento se lleve a cabo en la Argentina y la Corte Suprema está estudiando su pedido. El abogado Carlos Slepoy, impulsor de la investigación madrileña que fue medular para que aquí se derribaran las normas que impedían obtener justicia, explica por qué, a pesar de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el juicio iniciado por Baltasar Garzón sigue teniendo sentido. Además, señala que es posible establecer una continuidad entre las demandas históricas de los organismos de derechos humanos y la masiva movilización encabezada por el padre de Axel Blumberg. “El reclamo es el fin de la impunidad y el fin del poder que tienen determinados sectores que monopolizan el uso de la fuerza pública y que pueden cometer estos crímenes porque cuentan con el poder para hacerlo. Mucha gente participó con esa reacción instintiva de la mano dura, pero también, confusamente, se expresaba en contra de la impunidad y contra los factores que hacen posibles este tipo de crímenes. Resolver con eficacia los crímenes que se cometieron durante la dictadura es abrir la posibilidad de que el tratamiento de los delitos se encare de otra manera en el país, especialmente los delitos económicos, sociales y los delitos masivos contra la vida.”
–Si el juicio contra los militares argentinos en España se inició ante la imposibilidad de hacerlo aquí, ¿sigue teniendo sentido ahora que se reabrieron los procesos aquí?
–La idea de la persecución universal de quienes cometen crímenes contra la humanidad excede a un país determinado, se justifica porque los crímenes ofenden a la humanidad como concepto. Desde este punto de vista es legítimo, importante y necesario que el juzgamiento se haga en cualquier país del mundo. El juicio en España –o el de Francia o el de Italia– tiene una justificación desde el punto de vista del derecho internacional. En la práctica lo que ha hecho es colaborar y servir como impulso para que la impunidad se resquebraje. Aun así, a pesar de que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hay una serie de razones por las que el juicio está cargado de sentido.
–¿Cuáles son?
–Por una parte, respecto a las dos personas que se encuentran en España (los marinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, que fue arrestado en México), el proceso está muy avanzado, hay una enorme cantidad de pruebas y no juzgarlos sería retrasar sin sentido el procedimiento. Hay que entender que sólo desde el punto de vista geográfico se puede leer esto como un “adentro” y “afuera”. Los juicios en España son juicios logrados por la sociedad argentina, son juicios que los argentinos celebran afuera. Hacerlos es valorar todo lo que hicieron las víctimas, los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales argentinos para que los juicios existan. Además en la Argentina, si bien se ha avanzado en los procesamientos y en medidas cautelares, en este momento no hay juzgamientos porque los acusados apelaron esas decisiones que aún no se resolvieron en la Corte. Que se haga el juicio en España y que tenga repercusión internacional va a poner de manifiesto todo lo que queda pendiente por hacer en la Argentina y va a servir de estímulo para que el proceso avance como lo ha venido haciendo.
–Pero la Corte tiene a estudio un pedido de Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado aquí, ¿es atendible el reclamo?
–El único modo en que pudiera pensarse que Cavallo viniera aquí sería mediante un pedido de extradición que un juez argentino debería hacer a España y que debería resolver la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Los tratados internacionales establecen distintas pautas para determinar, en caso de que varios países reclamen a una persona, cuál es el que tiene prioridad y no hay una regla rígida sobre esto. Se supone que primero es el país en el que se cometió el crimen, pero luego también el que tenga más facilidades para juzgarlo, el que lo tenga en su poder, el país del cual pueda ser la víctima. No necesariamente porque la persona sea reclamada por el país en el que se cometió el crimen va a ser extraditada. Nosotros nos opondríamos a la extradición porque el proceso está muy avanzado.
–¿Cuándo serían los juicios de Scilingo y Cavallo?
–Hay algunas cuestiones procesales pendientes. Scilingo está más avanzado y casi sin ninguna duda estaría en condiciones de ser juzgado este año. Cavallo está en una etapa anterior, ya que ha planteado una serie de recursos. La pregunta que surge es por qué Cavallo prefiere que lo juzguen acá. Parece bastante evidente. El futuro previsible de Cavallo en España es que cumpla una pena importante en las mismas condiciones que cualquier criminal. Creo que en la Argentina, junto con la voluntad política expresada por el Gobierno de terminar con la impunidad, hay a la vez enormes dificultades para instruir los juicios. Junto con jueces que han avanzado mucho en este tema, hay otros que no dan señales de querer juzgar a los militares. Los militares no tienen capacidad para dar un golpe de Estado, pero sí tienen capacidad y relaciones suficientes para condicionar los juicios. Esto se revela en la forma en que están cumpliendo sus detenciones, que es escandalosa. Es escandaloso que los responsables de los crímenes más graves tengan una situación de privilegio. La represión efectiva de estos delitos tiende a fortalecer determinados valores sociales: que estos crímenes no se pueden cometer y que cuando se cometen merecen el máximo castigo. Eso implica que los responsables estén en la cárcel –y no en cuarteles militares ni en sus domicilios– el máximo de tiempo que establece la legislación. Me preocupa que se establezca una forma de realización de los juicios que los haga realmente efectivos. Dada la diversidad de situaciones que se plantean, la falta de medios de los juzgados y el hecho de que el impulso está dado por los organismos de derechos humanos y las víctimas que carecen de medios, se corre el riesgo de que esto tienda a languidecer. Hay que hacer el Nuremberg argentino y el Gobierno tiene que implicarse no sólo con mensajes sino apoyando concretamente. Se podría establecer el avocamiento de jueces exclusivamente al conocimiento de estas causas, dividir al país en jurisdicciones, asignar recursos e impedir la dispersión de las causas.
–La Corte Suprema analiza también la imprescriptiblidad de los crímenes de la dictadura, criterio que ya fue señalado por jueces y camaristas. ¿Cómo se fundamentó esto en España?
–El tema es muy claro y ya estaba establecido en la primera resolución del juez (Gabriel) Cavallo. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son nulas de nulidad insanable por haber violado la Constitución y los tratados internacionales y por lo tanto hay que retrotraerse al momento anterior a su dictado. Esto, entre otras cosas, debería tener efectos interruptivos de toda prescripción, sin perjuicio de que como crímenes de lesa humanidad serían imprescriptibles. En el Convenio del año ’68 se estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad. Se ha convertido en lo que se llama una norma de ius cogens, de derecho consuetudinario, el hecho de que todo este tipo de crímenes, en la medida en que sean calificados como tales, son imprescriptibles. El consenso internacional es que para estos crímenes no hay posibilidad alguna de que en algún momento cese la persecución. No hace falta una norma que diga expresamente esto. Sobre este tema en la Justicia argentina ya no hay prácticamente dudas. Tanto la jurisprudencia de la Comisión como la de la Corte Interamericana que la Corte Suprema ha hecho suya endiversos casos es muy clara. El tema es si se consideran crímenes contra la humanidad; si es así, es clara la imprescriptibilidad.
–Los familiares de desaparecidos lograron grandes hitos en el derecho interno e internacional. En la Argentina surgió ahora un reclamo que proviene del padre de un chico secuestrado y asesinado, pero parece destinado a exigir cambios en otro sentido. ¿Es posible establecer analogías entre ambas situaciones?
–Creo que lo peor que se puede hacer en materia de política criminal es errar los ejes de la cuestión y hay muchos interesados en desviar esos ejes. Los robos, asesinatos y secuestros ocurren en todos los lugares del mundo, pero en la Argentina ocurre algo muy peculiar que es la implicación en el crimen de quienes deberían evitarlo. El eje está en destruir los mecanismos que generan este tipo especial de criminalidad que existe en la Argentina, es decir, tratar de desarticular las redes mafiosas de la policías y su relación con muchos dirigentes políticos. Es un sinsentido la polémica acerca del agravamiento de las penas, porque eso no disuade a este tipo de delincuentes. Poniendo a una persona en la cárcel durante cuarenta años se podrá evitar que esa persona cometa otro delito, pero no se evita que el fenómeno se repita una y otra vez. Esto está relacionado con los crímenes de la última dictadura porque acá se ha instaurado el fenómeno de la impunidad de los poderosos como un valor. Los poderosos se saben impunes. Se saben impunes quienes han destruido el país. Avanzar sobre las grandes impunidades es avanzar sobre la resolución de los problemas que tiene la Argentina y la idea de crear una sociedad nueva. Por eso los juicios a los militares deben ser eficaces y ejemplares y deben continuar con el juzgamiento de quienes han destruido el país en los últimos treinta años. Una de las secuelas que ha sido instaurada por la dictadura militar ha sido el tema de los cuerpos represivos con autonomía para realizar cualquier tipo de delito. Soy consciente de que la manifestación de la semana pasada fue manipulada, pero el reclamo de la gente es legítimo y en un punto entronca con los reclamos que han venido haciendo tradicionalmente las víctimas del genocidio y los organismos de derechos humanos. El reclamo es el fin de la impunidad y el fin del poder que tienen determinados sectores que monopolizan el uso de la fuerza pública y que pueden cometer estos crímenes porque cuentan con el poder para hacerlo, porque es algo que ha sido consentido, ya sea durante la dictadura o porque después ejercieron las presiones o tenían las complicidades en los ámbitos políticos suficientes, no solo para quedar impunes respecto de delitos anteriores, sino para seguir cometiéndolos. Mucha gente que participó en la marcha lo hizo con esa reacción instintiva de la mano dura, haciéndose eco del discurso ideológico permanente que hay en este sentido pero también, confusamente, la gente se expresaba en contra de la impunidad y también contra todos los factores que hace posible este tipo de crímenes. La gran paradoja es que los mismos que están pidiendo el endurecimiento de penas para supuestamente terminar con esta situación son los que la provocaron. Resolver con eficacia los crímenes que se cometieron durante la dictadura es abrir la posibilidad de que el tratamiento de los delitos se encare de otra manera en el país, especialmente los delitos económicos, sociales y los delitos masivos contra la vida.

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