Hoy se cumplen 16 años de un hecho extraordinario de la democracia argentina: el 13 de abril de 1988 el Congreso sancionó la Ley de Defensa Nacional, que el Poder Ejecutivo promulgó 13 días después.
El texto fue trabajado en detalle por todos los partidos y su artículo dos, que nunca fue modificado, dice lo siguiente: “La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo”.
Ayer, como se informa en esta misma página, el ministro de Defensa esbozó la idea de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de patrullaje interno, es decir, que vayan a contramano de la Ley de Defensa Nacional. Sin embargo, se corrigió a tiempo. Página/12 pudo saber que la idea fue desechada de plano ayer mismo justamente porque violaría las leyes. La de Defensa, y la de Seguridad Interior.
El episodio permite dos reacciones.
La primera es un reconocimiento eterno a los especialistas que trabajaron en aquella ley: su celo de entonces hace más difícil que hoy sea sencillo volver al pasado.
La segunda es una constatación: para el ministro de Defensa, implicar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna es algo que solo corresponde desechar porque la ley lo prohíbe. Más aún: Pampuro parece creer, así sea remotamente, en la idea de que la inseguridad actual se soluciona cambiando roles o simplemente agregando efectivos, cuando está claro que el problema en los dos casos más resonantes de los últimos días, el de Axel Blumberg y el de Daniel Bogani, fue la inacción o la complicidad de la policía.
En la primera reunión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con Ricardo López Murphy, cuando recién había sido designado ministro de Defensa de Fernando de la Rúa, Simón Lázara preguntó por qué el Gobierno estaba dando aire político a las Fuerzas Armadas. En ese momento, en lugar de dar instrucciones al Consejo Supremo de las FF.AA., que no es un órgano judicial independiente, López Murphy había dejado que avanzara con dictámenes que dificultaban el hallazgo de bebés robados.
–Y bueno, a los muchachos algo hay que darles –respondió López Murphy a Lázara.
Hablaba de compensaciones a las restricciones de presupuesto.
Lázara, vicepresidente de la APDH, se murió meses después. Antes, había llegado a una conclusión que expresaba así:
–El gobierno de Fernando de la Rúa heredó muchos problemas de Carlos Menem. Algunos los mantuvo y otros los empeoró. Pero hubo un solo problema que inventó solito: el problema militar.
A veces, Pampuro también parece inventar un problema donde no lo hay.
Las Fuerzas Armadas no son un foco de conflicto. No buscan reemplazar al poder civil ni pueden hacerlo. Y uno de los jefes, el marino Jorge Godoy, incluso criticó los crímenes aberrantes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada para anticiparse a la inevitable decisión del Presidente Néstor Kirchner de ceder terrenos de la ESMA para instalar allí un museo de la memoria.
Por supuesto, todos los oficiales de las Fuerzas Armadas no son políticamente inocentes. El Gobierno dice saber que algunos maniobran para instalar la idea de que los militares deben participar de alguna manera en la seguridad interna. La actividad no les corresponde según la Ley de Defensa, pero esos oficiales imaginan que esa vía les restituiría el presupuesto y el poder político que fueron perdiendo desde la vuelta de la democracia.
Por iniciativa absolutamente personal, según pudo comprobar Página/12, Pampuro terminó colocando el tema justo en ese lugar cuando tenía a mano alternativas más prácticas. Por ejemplo, preguntar a su colega de Justicia, Gustavo Beliz, si en el país la Gendarmería no custodia ningunaempresa privada, distrayendo así fuerzas de las fronteras, o por qué la Policía Federal destina efectivos a levantar autos mal estacionados.
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