Quienes sostienen que bajar la edad de imputabilidad penal de los niños/as ayudaría a resolver los problemas de seguridad que desgarran a nuestra sociedad desconocen, ocultan o mienten en relación con la situación de los adolescentes que delinquen.
Con la legislación vigente, Ley de Patronato, cualquier juez de Menores puede encerrar en un “Instituto de Menores”, sin el eufemismo una cárcel, a un niño/a hasta los veintiún años, no pocas veces por el solo hecho de ser pobre y estar desamparado de familia. Tal como ha sido denunciado públicamente en reiteradas oportunidades, en ese instituto será sometido a vejaciones de todo tipo y allí convivirán quienes perdieron a su familia junto con quienes han violado la ley penal.
¿Desconocen algunos comunicadores sociales y tantos pescadores de río revuelto que la mayoría de los adultos encausados en las principales cárceles del país han pasado por instituciones del sistema de “minoridad”, en donde lejos de protegerlos y educarlos afianzaron la marginalidad, la violencia y el odio?
¿Desconocen muchos de nuestros legisladores que hoy hay en nuestro país jóvenes condenados a reclusión perpetua por crímenes cometidos cuando eran menores de edad?
¿Acaso se ignora que en aquellos países donde los índices de delincuencia infanto-juvenil son bajos, no es por el endurecimiento de la ley penal, sino por la consolidación de condiciones de vida dignas, con altos índices de inversión educativa y sin los abismos sociales en los que se hunde, como en nuestro país, la mayoría de sus habitantes condenados a vivir y a morir en la pobreza?
Hace ya diez años que la Convención de los Derechos del Niño forma parte de nuestra Constitución, y aún no nos hemos dado una ley de protección integral a la infancia que adecue la legislación interna a dicha convención.
En ese mismo período, las cifras de pobreza y exclusión se han agravado a límites inconcebibles, afectando mayoritariamente a niños/as y jóvenes, constituyéndose indudablemente en la principal causa que genera condiciones para que éstos caigan en el delito.
Nuestra sociedad necesita proteger a la infancia, para no caer en la irracionalidad de tener que protegerse de ella. Para ello es necesario resolver ya:
- Una ley de protección integral de la infancia que establezca instituciones que operen como contención y prevención, poniendo fin a la historia aberrante de los institutos de menores. Es necesario anteponer la noción de niños/as como sujetos de derecho y no como objetos de políticas punitivas.
- Un régimen penal de menores que contemple el derecho a defensa en juicio, sosteniendo la inimputabilidad hasta los dieciséis años.
- Un ingreso ciudadano para la niñez y ayuda escolar universalizada para comenzar a resolver la exclusión de la mayor parte de nuestra infancia y adolescencia.
- Aumentar la inversión educativa y superar la desigualdad y la fragmentación heredadas de la provincialización y la aplicación de la Ley Federal de Educación. Lo que no se “invierte” en escuelas se “gastará” en cárceles.
Finalmente, no nos olvidemos que Axel Blumberg, Alejandro Schievi, Miguel Bru, Walter Bulacio, Mariano Witis, Sebastián Bordón, Ezequiel Demonty y cientos de jóvenes argentinos asesinados estarían vivos si no hubiera policías, jueces y miembros del sistema penitenciario –protegidos por los grupos corruptos del poder político– que son cómplices cuando no eslabones de la cadena delictiva. ¿No sería bueno que nos detuviéramos a pensar en la incidencia de esta crisis de valores y de esta falta de ejemplos y de referentes morales para la juventud?
Resolver el gravísimo problema de la seguridad requiere un abordaje mucho más integral que el que se limita a una visión parcial en la que prevalecen el hormigón, los barrotes y el plomo.
Es necesario atreverse a ir a fondo y plantear como prioridad social de una política de Estado, recuperar la cultura del trabajo como paso inicial para reconstituir el tejido de nuestra sociedad desde su núcleo mismo, constituido por la familia. Recuperar aquello que alguna vez conocimos y que hizo de la Argentina un país apacible, con bajísimos niveles de violencia delictiva. Esto es, padres y madres que trabajen e hijos que estudien con la posibilidad de vivir dignamente, sintiéndose dueños de la posibilidad de construir vías de progreso.
* Secretaria de Educación y secretario general de Ctera, respectivamente.
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