El país|Sábado, 8 de mayo de 2004

Por Horacio Cecchi

Dos camaristas y tres jueces son investigados por el Consejo de la Magistratura tras una denuncia por “tráfico de influencias” presentada por la Cámara del Crimen. El caso que motivó el tráfico es tangencial al del robo de 18 millones de pesos a la empresa transportadora de caudales Firme, en diciembre del ’96. El juez que investigó el robo, Pablo Bruno, y dos altos jefes de la Federal fueron denunciados por las torturas recibidas por uno de los sospechosos. Milagrosamente, Bruno fue sobreseído y el delito por el que se acusaba a los policías pasó de torturas (8 a 25 años) a apremios ilegales (excarcelable). Los jueces Héctor Yrimia, Marco Layús y Eduardo Daffis Niklison y los camaristas Alfredo Bisordi y Eduardo Gerome son los investigados. Pero el caso no termina ahí. La Comisión de Enjuiciamiento de Diputados analiza si el ministro de la Corte Adolfo Vázquez fue traficante de influencias en favor de Bruno.
El tráfico de influencias no es más que un eufemismo del ejercicio del poder para obtener beneficios. Siempre que se produzca el eufemismo se encontrarán traficantes, traficados y beneficiarios. En el caso de marras, los primeros vienen a ser, según las investigaciones y en orden creciente de jerarquías, el integrante de la misma Cámara del Crimen que presentó la denuncia Eduardo Gerome; el camarista de Casación Alfredo Bisordi y el ministro de la Corte Adolfo Vázquez. También, según fuentes judiciales, allegados al ex jefe de los federales Roberto Giacomino también hicieron acto de presencia en la causa.
Según el expediente, los permeables a la presión del poder son los jueces Héctor Yrimia, Marco Layús y Eduardo Daffis Niklison. Qué fue lo que movió tanto tráfico: sus beneficiarios, el ex juez Pablo Bruno; el ex jefe de Robos y Hurtos Eduardo Curletto y el ex jefe de la comisaría 32ª Carlos Pérez Roldán.
Como juez de Instrucción, Bruno se hizo cargo del caso del robo de 18.183.766,02 pesos a la empresa Firme, ocurrido el 20 de diciembre de ‘96. Los investigadores sospecharon que el guardia de la empresa, Carlos Trillo, abrió la puerta para que se efectuara el robo. Bruno ordenó una treintena de allanamientos y 15 detenciones y, en pocos días, presentó el caso como resuelto merced a las “tareas de inteligencia”. En dichas tareas intervinieron Robos y Hurtos, y la comisaría 32ª. Después se supo, las tareas de inteligencia consistieron en sesiones de torturas. Las denunció Carlos Trillo, quien no pudo asistir al juicio oral porque antes murió suicidado en una celda.
El tribunal oral 9 llevó adelante el juicio y terminó condenando a dos de los acusados y liberando al resto porque sus interrogatorios fueron considerados nulos. De las audiencias surgió que Trillo había sido torturado en la 32ª, con Bruno y Curletto presentes. El tribunal ordenó entonces investigar a Bruno y a los dos policías por su presunta vinculación con las torturas. El caso recayó en el titular del juzgado 43, Néstor Jarazo. Pero Jarazo se retiró de la Justicia. Su cargo hasta ahora no fue cubierto. A partir de entonces, el juzgado fue rotando de juez cada dos meses. Así, pasaron Yrimia, Layús, Alicia Iermini, Mariano Bergés, Daffis Niklison, entre otros. Luego, por una cuestión de practicidades judiciales, Daffis Niklison quedó a cargo provisoriamente, hasta que fue removido de la suplencia tras el escándalo.
La investigación inicial sobre Bruno y los dos uniformados era sobre torturas. Pero Bruno fue sobreseído por Layús. Mientras que Daffis Niklison no encontró pruebas contra los oficiales. Bergés sucedió a Daffis y consideró en cambio que había pruebas para vincular a Curletto y Pérez Roldán con las torturas y ordenó sus detenciones. Cuando Daffis volvió a ponerse al frente del 43, cambió la calificación de torturas por apremios ilegales (es excarcelable) y liberó a los policías. “Primero –señaló una fuente judicial– había dicho que no había pruebas y, sin que se agregara nada nuevo al expediente, un tiempo después decidió que sí las había.” Bergés presentó en julio pasado una denuncia ante la Cámara del Crimen contra su colega por prevaricato y abuso de autoridad. Durante diez meses, la Cámara tomó declaración a testigos y empleados del juzgado 43. El miércoles pasado, presentó el resultado de su investigación ante el Consejo de la Magistratura. De qué se acusa a cada uno: según los testimonios, Yrimia cajoneó el expediente tras la visita de Gerome. Layús, porque sobreseyó a Bruno. Daffis Niklison, porque primero dijo que no había pruebas y, luego de que Bergés detuviera a los policías, decidió que sí las había, pero no como para acusarlos por tortura. La decisión la tomó tras una visita de Bisordi.
Según los testimonios de los empleados, además de tanto Poder Judicial, por el 43 se hicieron presentes altos funcionarios policiales. El motivo eran los dos comisarios, pero especialmente uno, Curletto, a quien lo une una férrea amistad con el ex jefe del escándalo de la obra social policial, Roberto Giacomino.
A todo esto, también surgió de los testimonios que la jueza subrogante Alicia Iermini fue convocada al despacho del ministro de la Corte Adolfo Vázquez. La Comisión de Enjuiciamiento de Diputados analiza cinco puntos que se agregarán al jury en contra del cortesano: en síntesis, haberse interesado en un caso fuera de su jurisdicción, haber convocado a la jueza a su despacho para preguntarle sobre el caso, haber intentado influir sobre la decisión de Iermini para favorecer a Bruno y “haber afectado con tal conducta la independencia del Poder Judicial”.

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