El país|Lunes, 10 de mayo de 2004

Por Cledis Candelaresi

Con la colaboración de la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Justicia se apresta a presentar una demanda civil contra los ex concesionarios de peaje para que restituyan un importe millonario por los subsidios que cobraron. Este inminente embate contra las principales constructoras del país está estrechamente ligado a una causa penal iniciada por la Oficina Anticorrupción, que cuestionó por el otorgamiento de aquella subvención a los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, incluidos estos ex mandatarios, quienes podrían ser en breve citados por la fiscalía a prestar declaración indagatoria. El conflicto con el club patronal que hasta octubre pasado –fecha de reprivatización de las rutas nacionales– integraron firmas como Techint, Roggio o Sideco Americana, entre otras, también se extiende a la Unidad de Renegociación de contratos, donde las diferencias de criterio dentro del propio gobierno abortaron un acuerdo con esas empresas.
En febrero del 2002, Anticorrupción radicó una denuncia ante el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral imputando por “fraude en perjuicio de la administración pública”, “malversación de caudales” y “negociaciones incompatibles” con su función a una nómina de funcionarios que incluye desde aquellos presidentes a sus respectivos ministros de Economía, Domingo Cavallo, Roque Fernández y José Luis Machinea (o de Infraestructura, Nicolás Gallo), amén de otros colaboradores de menor rango. Todos ellos fueron firmantes de una serie de normas que, con el propósito de evitar que aumentaran las tarifas de los peajes, aumentaron el subsidio o “compensación tarifaria” o bien admitieron alguna fórmula de actualización de los precios en época de convertibilidad, cuando estaba prohibida toda indexación.
En el voluminoso cuerpo del expendiente tramitado ante Canicoba, se hace especial hincapié en la renegociación contractual de la Alianza del año 2001, por la cual se reemplazó el método de actualización tarifaria en base a LIBOR por una atadura a los precios minoristas y de la construcción, incluyendo una cláusula de dolarización. Pero en ese mismo acuerdo se le reconoció en forma retroactiva la liquidación de aquella “compensación” por los ajustes no aplicados en función de esa tasa internacional.
De este recálculo surgió el compromiso de pagarles a las principales constructoras del país una subvención por alrededor de 420 millones de pesos, de los cuales 38 fueron liquidados en efectivo y el resto con títulos públicos. Este dinero es al menos parte de la contribución que las empresas tendrían que devolver si prospera la causa que está a punto de iniciar Gustavo Beliz, luego de recibir hace pocos días la indicación de la Procuración del Tesoro de iniciar las actuaciones.
Técnicamente, esa demanda civil tendrá al menos dos capítulos. El primero supone iniciar una “acción de lesividad” para declarar nulas las normas del Estado que permitieron liquidar subsidios en forma indebida. La otra consiste en arremeter contra las empresas beneficiarias para que devuelvan los fondos cobrados en forma presuntamente indebida. Una iniciativa que la administración kirchnerista amaga con tomar desde hace meses, pero que decidió concretar recién ahora, justo cuando la Fiscalía federal número 8 a cargo de Fernando Di Mafi prepara los llamados a indagatoria para aquellos ex funcionarios imputados. Lo que Anticorrupción puso en tela de juico no es una decisión en particular sino el propio sistema elegido para mantener una de las primeras privatizaciones encaradas por el menemismo.

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