Organismos de derechos humanos denunciaron por abuso de autoridad a siete miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal por haber dado intervención a un tribunal especializado en temas militares para que resuelva un recurso de queja de un represor detenido en la megacausa ESMA. La presentación se fundó en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que establece que los responsables de ese tipo de crímenes “sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”.
La semana pasada, la Sala IV de la Cámara de Casación, especializada en tratar cuestiones castrenses y conocida como Sala Militar, admitió la presentación en la que el represor Raúl Scheller planteó que la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es inconstitucional y que la Cámara Federal porteña se excedió en sus funciones al reabrir la megacausa ESMA y violó el principio de “cosa juzgada”.
Frente a la decisión del tribunal de hacer lugar a los planteos del marino, los organismos de derechos humanos denunciaron ante el juez federal Jorge Ballestero a todos los miembros de las salas I y III –las que habían derivado los planteos a la sala militar– por considerar que “es una clara maniobra que va en dirección de paralizar el proceso –como paso inmediato– pero, lo que es más grave, intentar cerrar definitivamente las causas contra los genocidas”. Las organizaciones también alertaron sobre “las acciones que, encubiertas bajo argumentaciones jurídicas, los genocidas llevan adelante” desde que se anularon las leyes de impunidad. “Preparan un golpe contra los juicios a los represores de la dictadura militar”, advirtieron.
Scheller, que integró desde 1976 el grupo de tareas que funcionó en la ESMA, es uno de los marinos detenidos en el marco de la megacausa reabierta tras la nulidad de las leyes.
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