El conflicto en Haití, a partir de la salida del poder del presidente Aristide, es motivo de preocupación de la comunidad internacional, lo que ha dado lugar a la intervención de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Resolución 1542 (2004) aprobada unánimemente por los miembros del Consejo de Seguridad. Allí, la ONU expone su preocupación ante los graves incidentes que conmueven a esta nación caribeña e, invocando el capítulo VII de la Carta, ordena el despliegue de una fuerza militar a los efectos de crear un entorno de seguridad y estabilidad en todo el territorio de Haití, apoyar el proceso político y de reconciliación nacional, promover los derechos humanos y cooperar con el gobierno de transición de este país. A pedido de las autoridades haitianas, varios países anunciaron su voluntad de cooperar y asistir con efectivos militares y de apoyo a esta demanda internacional. Merece destacarse la respuesta positiva de las naciones del Mercosur y de Chile, que suman, además de las medidas de confianza mutua en pleno fortalecimiento entre los ministerios de Defensa de la región, un valor cualitativamente importante a través de una operación combinada bajo el paraguas de Naciones Unidas.
El escenario haitiano no es sencillo, pues esta nación hoy se encuentra asolada por bandas criminales vinculadas o no a intereses diversos, sin una personería única con la cual una fuerza de interposición podría establecer acuerdos de convivencia más o menos razonables; de allí la invocación del capítulo VII de la Carta de imposición de la paz, y no del capítulo VI de mantenimiento de la paz. Sin embargo, de la lectura de la Resolución 1542 (2004) surge un mandato mucho más próximo al capítulo VI que al VII, lo cual necesariamente debe verse reflejado en las reglas de empeñamiento con las que los efectivos militares participarán en la operación. Además, toda misión implica riesgos, aun allí donde menos se esperan, y esto hace a la propia naturaleza de la formación profesional del soldado y a la carrera que eligió.
La invasión militar a Irak por parte de los Estados Unidos y otros países constituyó y constituye una flagrante violación de la legalidad internacional, asunto que preocupó y preocupa al resto del mundo que cree –como es el caso de nuestro país– en el respeto de las normas como la mejor vía para asegurar la paz. El caso haitiano, desde este punto de vista, es importante pues cuenta con el respaldo de la legalidad internacional.
Es interesante destacar que el requerimiento formulado por la ONU al respecto para el envío de un contingente de nuestro país se apoya en el excelente desempeño que los soldados argentinos han tenido en otras misiones en el mundo, lo que ha sido reconocido públicamente. También, la cláusula constitucional que exige la autorización del Congreso para la salida de tropas del territorio nacional tiene como fundamento el hecho de que los efectivos que se envían representan a la Nación en su conjunto, es decir a todos los argentinos sin distinción, de allí la necesidad de buscar consensos que permitan articular acertadas políticas de Estado.
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