El fuero federal platense está en crisis a raíz del descubrimiento de una organización para saltar el corralito a porcentaje. Un juez y varios secretarios acusados y una pelea feroz entre dos camaristas que quieren llegar a fondo y otros dos que pretenden cerrar el caso sin consecuencias. Denuncias cruzadas y amenazas. Un nieto de Balbín entre los investigados y un sobrino de Frondizi entre los investigadores, en una causa con resonancias políticas.
Por Horacio Verbitsky
Visitante Piotti
Un escándalo mayúsculo envuelve a los tribunales federales de La Plata, en los que se investiga el funcionamiento de una organización criminal que demora o acelera juicios en detrimento de intereses públicos y en beneficio de funcionarios judiciales y estudios jurídicos que cobran porcentajes ilegales. Las investigaciones comprenden a dos de los cuatro juzgados del fuero, ya dieron lugar a una denuncia penal radicada en un tercer juzgado y están llamadas a tener ecos políticos debido a los nombres involucrados, ya sea como denunciantes, denunciados o amigos de unos y otros. El principal sospechoso es el titular del juzgado federal 4, Julio César Miralles, hijo del ex ministro provincial de Economía durante el gobierno peronista derrocado en 1976, Ramón Miralles. El otro juzgado bajo investigación es el número 2, que estuvo a cargo de un nieto de Ricardo Balbín hasta que renunció ante cargos de extorsión, para evitar su segura destitución en juicio político. El juez que conduce la investigación en un sumario administrativo es sobrino del ex presidente Arturo Frondizi. El sumario y la causa penal han puesto en crisis el funcionamiento de la Cámara Federal ya que dos de sus integrantes, Román Julio Frondizi y Leopoldo Schiffrin, impulsan la profundización de las actuaciones y otros dos, Sergio Dugo y Ramón Alberto Durán, las obstaculizan, alegando que violan derechos constitucionales a la intimidad y la privacidad.
Dugo integra el Jurado de Enjuiciamiento de jueces en representación de los magistrados, de cuya Asociación fue vicepresidente. Entre las llamadas recibidas por Miralles y dos empleados de su juzgado fuera del horario de atención se destacan más de quinientas realizadas en pocos meses por el ex secretario de seguridad provincial Alberto Daniel Piotti y entre las visitas recibidas en su despacho por el camarista Durán se aprecian varias del intendente de La Plata, Julio Alak. Tanto Frondizi como Schiffrin han recibido amenazas. En el caso de Frondizi en forma anónima en su domicilio. En el de Schiffrin cara a cara por parte de Dugo. Schiffrin, de 67 años y salud frágil, sufrió un pico de tensión cuando Dugo, de 43 y cuerpo de rugbier, lo encaró y le dijo: “Yo soy bueno, pero cuando me enojo soy el más malo de todos”. En esa reunión se intentó arrebatar el sumario a Frondizi, quien consiguió impedirlo y retirarse ileso con el auxilio de dos custodios de la Prefectura Naval. Al día siguiente aparecieron en el frente del domicilio platense de Schiffrin graffiti amenazantes en tinta roja, entre los que se leían las palabras horca y sangre, y en su auto un elemento magnético apropiado para marcarlo con objeto de seguimientos.
Saltar el corralito
En total se instruyeron tres sumarios, que han dado lugar a diversas denuncias penales. El que asumió Frondizi cuando era presidente de la Cámara Federal se debió a una denuncia de tres abogadas que representaban a ahorristas afectados por el corralito en distintas causas. Un cliente llamó a una de ellas y le informó que la sustituiría en la causa porque otro abogado le había ofrecido un fallo favorable en 48 horas, debido a sus relaciones con el juzgado. El cliente le dijo que el nuevo abogado repartiría parte del beneficio con el juzgado. El amparo era por 400.000 dólares depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tal como había anunciado, cambió de abogado y obtuvo la liberación de los fondos atrapados en el corralito. Lo mismo sucedió en otras causas. Una empleada designada por Miralles en la mesa de entradas de su tribunal, Edel Fileni, declaró ante Frondizi que allí funcionaba “un juzgado paralelo”. Su asombroso relato expuso que una vez que terminaba el horario de trabajo, comenzaban a llegar abogados “muy bien vestidos” que eran atendidos en la secretaría 10, lo cual había provocado quejas de otros letrados que hacían cola por la mañana. Mencionó a un secretario y dos empleados que en forma irregular retenían o entregaban expedientes a los abogados. Personas del juzgado pasaban luego “por los estudios jurídicos para cobrar”. Agregó que amparos por montos pequeños, “de gente muy necesitada o con problemas de salud graves, no tenían un trámite ágil, mientras otros de montos importantes sí. Sabe de uno de dos millones de dólares que voló, porque no tenía que estar en el casillero y los abogados de la parte interesada ingresaban por el costado de la mesa de entradas”, para hablar con los empleados o el secretario implicados.
También mencionó una causa de la municipalidad de Avellaneda, por valores muy importantes, que el empleado y el secretario llevaban con el abogado de una de las partes, mientras a la otra parte no se le permitía consultar el expediente. Dijo que el abogado beneficiado en esa causa se llamaba Fainbloch. Agregó que Fainbloch había regalado una parrilla al juzgado y que el secretario decía que era como un hijo para él. (ver recuadro La extorsión). Edel Fileni también declaró que los hijos del secretario y el padre y un hermano del empleado involucrados litigaban en el juzgado. No hacían cola en mesa de entradas, tenían acceso a los casilleros reservados al personal del juzgado y consultaban los expedientes que querían. Estos funcionarios manejaban por su cuenta los expedientes que interesaban a esos abogados, sin cumplir la rutina formal del juzgado. La mujer nombró a una decena de abogados cuyos expedientes recibían este trato privilegiado.
La hora de la siesta
La Cámara decidió ampliar el alcance de la investigación, con el propósito de detectar casos análogos de saltos del corralito concedidos luego de un cambio de abogado. En disidencia votó Dugo, porque el plenario no había dispuesto “una auditoría”. Frondizi incorporó al sumario el libro de guardia policial, en el que se registran el nombre y número de documentos de las personas que ingresan al edificio de los tribunales fuera del horario judicial. Cada asiento incluye la hora de ingreso y de salida y el nombre de la persona a la que el visitante va a ver. También pidió a la Policía de Buenos Aires un análisis de las llamadas telefónicas desde y hacia los números del juzgado y sus funcionarios. Esto incluyó los de Miralles, el secretario Ernesto Benito Zaro y medio centenar de empleados del juzgado y abogados mencionados en las denuncias.
La primera constatación del libro de guardia fue que el juzgado federal 4 a cargo de Miralles había recibido 656 visitas fuera de horario, contra unas 80 de los juzgados federales 1 y 3. El juzgado federal 2, que luego de la renuncia de Ricardo Ferrer Balbín fue ocupado por el juez Adolfo Ziulu, está en otro edificio. Su libro de novedades indica que sólo recibió fuera de horario la visita de personal de mantenimiento, pero no de letrados o partes en causas en trámite. El análisis de las comunicaciones entregado por la policía muestra un alto número de llamados entre el juzgado de Miralles y abogados que llevaban o se interesaban por causas en trámite de especial valor económico.
La filtración de estos hechos en algunos medios platenses y en una publicación electrónica provocó una durísima reacción interna en la Cámara Federal. El 23 de junio Clarín publicó una nota en la que se señalaba que Frondizi había dispuesto la escucha de las comunicaciones de un alto número de abogados platenses, lo cual no correspondía a los hechos, ya que el sistema empleado de Vínculo por Análisis Informático de las Comunicaciones (VAIC) sólo permite conocer que entre determinados números se produjo una comunicación, pero no su contenido. La misma afirmación engañosa se incluyó en panfletos repartidos en los tribunales platenses en contra de Frondizi, quien recibió amenazas en su domicilio. Como miembro del jurado de enjuiciamiento, Dugo votó el 6 de junio de este año por la destitución del juez federal Roberto Marquevich, por abuso de poder en la detención de la directora de Clarín Ernestina Herrera de Noble. Ante una consulta de otros jueces, en el diario informaron que la nota se había publicado a pedido de Dugo. El informe preliminar de Frondizi acusó a Dugo de interferir en las investigaciones. Dugo lo negó. Frondizi también sostuvo que el entrecruzamiento de las comunicaciones –permitiría constatar un trato impropio entre el personal del juzgado y un grupo indeterminado de abogados”, irregularidad que vulnera el reglamento judicial y “echaría un manto de sospecha sobre el funcionamiento del tribunal, máxime si se advierte la índole y el monto de las causas tramitadas en éste, particularmente las del denominado corralito financiero, muchas de las cuales precisamente, contaron con el patrocinio de tales profesionales”. Frondizi señaló el descrédito de la justicia, debido a “la deshonestidad de algunos jueces” y dijo que “tan importante como la seguridad jurídica es la seguridad ética”, por lo cual “la justicia debe autopurificarse”.
A partir de allí se produjeron una serie de episodios violentos, tendientes a arrebatarle el sumario, en los que Dugo echó a gritos de su despacho a Frondizi y Schiffrin y luego amenazó al segundo. Dugo, Durán y otros camaristas resolvieron que el cruce de comunicaciones no podía ser utilizado para sacar conclusiones en el sumario, con grandilocuentes argumentos redactados por Dugo acerca de los derechos y garantías individuales, la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. La privacidad no sólo protege el contenido de las comunicaciones, sino su propia existencia, escribió. El sumario forma parte de la denuncia penal formulada, que recayó en el juzgado federal 1, a cargo de Arnaldo Corazza, para quien no rige la prohibición impuesta a Frondizi, ya que no instruye un sumario administrativo sino una causa penal.
A porcentaje
Al mismo tiempo, en el juzgado federal 2, su nuevo titular, Adolfo Ziulu, instruye otro sumario en el que se analiza el comportamiento del secretario Jorge Di Pierro, quien fue designado allí durante la gestión de Ferrer Balbín. El juzgado tiene cinco secretarías, pero dos de cada tres reclamos de abogados se concentran en la Nº 4, a cargo de Di Pierro. De ellas se desprende un modus operandi similar al del juzgado de Miralles: largas esperas y mal trato en el horario judicial, trámites abreviados y de privilegio para los abogados amigos fuera de horario. También la actuación de abogados que ofrecen rápida solución de amparos cajoneados, a cambio de porcentajes a compartir con el secretario. Un abogado declaró que existía en ese juzgado una organización externa muy eficaz. “En mi estudio se reciben llamados de personas cuyo patrocinio está a mi cargo, manifestándome haber recibido la propuesta de que su causa sería resuelta en forma inmediata, a más tardar en tres o cuatro días, mediante el pago de un porcentual en concepto de honorarios y previa sustitución de patrocinio por otro letrado. Muchas de esas personas rechazaron el ofrecimiento y otras lo aceptaron”, con éxito. Otro abogado escuchó en la cola del juzgado: “Si no la ponés, en esta Secretaría no camina”. Un compañero de postgrado le dijo que los amparos salían rápido pagando cinco mil pesos al juzgado y el cinco por ciento del total del depósito. En ese caso no era necesaria la sustitución del letrado. Si el abogado se prestaba, luego podría cargarle sus propios honorarios al cliente.
No se trata sólo de amparos por el corralito. La abogada de la fiscalía de Estado de la provincia, María Victoria Ctibor, también denunció ante el juez instructor Ziulu la desaparición de un expediente en el que el Tribunal de Cuentas investigaba el destino de 400 millones de pesos, “investigación que se encuentra absolutamente trabada”. Ziulu controló el 15 por ciento de los expedientes de esa secretaría y detectó que nueve de cada diez no tenían foliatura (lo cual significa que es posible intercalar o sustituir fojas a voluntad) y en siete de cada diez había escritos traspapelados. En 164 expedientes comprobó “demoras notorias e incompatibles con el funcionamiento de un tribunal de justicia”. En cambio, otros 70 expedientes mostraban una “inusual rapidez”. El 70 por ciento de ellos correspondían a sólo ocho abogados, entre ellos algunos de los que ofrecían contactos con el juzgado. En un porcentaje importante, el resultado favorable se produce en cuanto es sustituido el abogado original. Mientras algunos amparos demoraban un año, aunque sus actores acreditaran edad avanzada y graves problemas de salud, otros se resolvían en un día. Ziulu pidió la cesantía del secretario, que estaba suspendido. Pero durante la feria de este año, Dugo y Durán le concedieron licencia por enfermedad.
Un tercer sumario, instruido por el camarista Antonio Pacilio, descubrió que en la oficina de asignación de causas se derivaban en forma ilícita hacia el juzgado de Miralles causas de alto valor económica que interesaban a los abogados comprometidos. La relación entre Dugo y Miralles es intensa. En 2003, Miralles había sido denunciado por prevaricato, cohecho y enriquecimiento ilícito y Corazza lo llamó a declaración indagatoria. Frondizi recibió entonces un llamado telefónico del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Mariano Cavagna Martínez, quien le pidió que se interesara por la suerte de Miralles. Frondizi comunicó el llamado a sus colegas de sala, Schiffrin y Dugo. El que se interesó fue Dugo, quien visitó a Corazza. La conversación subió de tono. Corazza dijo que él era el juez de la causa y no necesitaba consejos. “Te va a costar caro”, replicó Dugo. Miralles fue citado por Corazza pero lo recusó y fue apartado de la causa, que ahora sigue Ziulu. El crecimiento del escándalo ha derivado en diversas solicitudes de juicio político, de unos jueces en contra de otros, en los que deberá intervenir el Consejo de la Magistratura. Tal vez ese sea el momento de cotejar la asombrosa prosperidad de Dugo, con los ingresos que percibe por su cargo judicial.
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