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El país|Martes, 24 de agosto de 2004

Tras el referéndum, volvieron los gases lacrimógenos en San Luis

Representantes de la Multisectorial opositora al gobierno de Alberto Rodríguez Saá protestaron por los ataques a la Carpa Blanca docente y fueron reprimidos por la policía provincial.

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Los gases lacrimógenos provocaron heridas en un adolescente que protestaba en la plaza principal.
Lejos de apaciguar los ánimos, la consulta popular convocada por Alberto Rodríguez Saá volvió a caldear el ambiente en San Luis. Docentes e integrantes de la Multisectorial, opositora al gobierno, fueron reprimidos por la policía y hubo un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno. Los educadores, disidentes de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), protestaban frente a la Casa de Gobierno por los daños que sufrió el domingo a la noche la Carpa Blanca de la Dignidad durante el acto de festejo por el triunfo del Sí en la consulta popular que aprobó la continuidad del Plan de Inclusión Social. Al cierre de esta edición, unas mil personas volvieron a marchar por las calles de la capital puntana.
El enfrentamiento se generó cuando efectivos policiales llegaron al lugar e intentaron vallar el frente de la sede gubernamental y los manifestantes intentaron impedir esa tarea, para lo cual comenzaron a quemar gomas. La represión policial terminó con un adolescente, Manuel Limbrizi, de 13 años, del Centro de Estudiantes de la Escuela Lucio Lucero, herido en el cuello por un proyectil de gas lacrimógeno, tras rebotar en un automóvil. El joven fue trasladado al Sanatorio Ramos Mejía, donde fue atendido y dado de alta tras comprobarse que su estado no era de gravedad. Al ataque a la carpa docente, icono de la oposición provincial, se sumó el reclamo por el sumario administrativo que se inició a cuatro docentes de la Escuela Lucio Lucero, acusados de actos discriminatorios a alumnos, hijos de funcionarios públicos y de trabajadores del Plan Social. Este también fue el motivo de las marchas de protestas que encabezaron los docentes el jueves y viernes pasados, que terminaron en incidentes.
“Todo está mal de nuevo, otra vez la gente se está convocando a la plaza”, comentó a Página/12 Celia Castro. La docente describió que “la escuela cuyos docentes son perseguidos es la más batalladora, y se habla de una lista más amplia de cesanteados”. Castro recordó que el ataque del domingo fue el segundo en una semana contra la carpa y que eso “enojó mucho más a la gente”. Según relató, la semana pasada había dos manifestantes durmiendo adentro, que al ser sorprendidos por los atacantes se trenzaron con ellos en una pelea. “Lo más impresionante fue que los atacantes luego salieron corriendo y se refugiaron en la Casa de Gobierno”, agregó.
Viviana Funes, otra docente, informó que “en asamblea se decidió marchar el miércoles en la plaza principal, porque es el día de San Luis, y el gobierno organizó un acto justo donde tenemos la carpa”. Agregó que “esta mañana (por ayer) nos reprimieron en la asamblea, y ahora hemos vuelto a la lucha”.
El gobierno provincial, además, debió afrontar duras críticas de dirigentes de la oposición a los resultados de la consulta popular porque dudan de que un 60 por ciento de la ciudadanía haya concurrido a votar. Daniel Pérsico, uno de los dos intendentes de la ciudad de San Luis, le envió una carta documento al ex presidente y actual diputado nacional Adolfo Rodríguez Saá para que “rectifique o ratifique sus dichos” con acusaciones en su contra. En conferencia de prensa, Pérsico salió al cruce de las declaraciones del ex gobernador que ayer lo responsabilizó, junto a un colaborador y a la policía municipal, de hechos de violencia y de amenazar a la otra intendente de San Luis, María Angélica Torrontegui, a sus hijos y a funcionarios (ver aparte).
Otro dirigente opositor, el ex legislador provincial Juan José Laborda Ibarra, opinó que “ayer (por el domingo) fue un mal día para los hermanos Rodríguez Saá, porque ellos imaginaban un 65 o un 70 por ciento de participación y no ha pasado el 50 por ciento”. Además, denunció que “se han gastado más de seis millones de pesos en publicidad”, y evaluó la medida como un acto “autoritario y demagógico”.

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