La Cámara Nacional Electoral resolvió que todo ciudadano tiene derecho a controlar el financiamiento partidario y cuestionar el origen y uso del dinero. El fallo hizo lugar a un planteo ante un rechazo de la UCR.
Por Irina Hauser
Los fondos de las campañas electorales siempre bajo la mira de la Justicia.
El radicalismo ponía trabas para exhibir sus gastos de la campaña de las elecciones bonaerenses de septiembre del año pasado. Un ciudadano reclamó, porque quería hacer sus observaciones. El caso terminó en un fallo contundente de la Cámara Nacional Electoral, que lanzó una advertencia hacia todos los partidos políticos: cualquier persona, dice la resolución, tiene derecho a controlar el financiamiento partidario y formular ante la Justicia las advertencias sobre el origen y el uso del dinero que le parezca pertinente.
En el tribunal electoral señalan que existe un sinfín de quejas ante la Justicia relacionadas con la fiscalización de los gastos de las fuerzas políticas. Para la mayoría de esos reclamos, el fallo de ayer se proyecta como un caso testigo pese a que se refiere a un caso puntual ligado a las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 14 de septiembre del año pasado. Fueron los comicios en los que la UCR se recompuso –después de su caída en los presidenciales– con el sorpresivo resultado de Margarita Stolbizer, la candidata no peronista que sacó más votos para gobernadora. Como sea, ahora el partido tendrá que admitir que está expuesto a observaciones sobre el financiamiento de sus campañas, ya que la Cámara dejó en firme una decisión de primera instancia que había sido apelada por el apoderado del comité radical de la provincia, que alegaba que sus manejos económicos no podían ser controlados por terceros.
Los camaristas Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera señalan que “la finalidad de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (25.600) –aprobada a mediados de 2002– no es otra que alentar la participación activa de la ciudadanía en el proceso de control de sus fondos”. Y aclaran que esa intervención no se agota con “tomar conocimiento sobre la procedencia y el destino de los fondos” sino permitiéndole a la gente presentar “observaciones sobre las posibles anomalías que detectaren sobre los estados contables”. “Los partidos políticos, los responsables de campaña y el Ministerio del Interior deberán facilitar la consulta”, incluso por Internet, subrayan.
Con toda esa definición, los jueces apuntaron a cubrir ciertos baches de la ley, que no prevé mecanismos específicos para cuestionar las cuentas de las agrupaciones políticas. Aunque muchos lo han hecho –como Poder Ciudadano, que denunció incumplimientos y diferencias de gastos que reportaron algunos partidos en relación con lo auditado–, ahora tienen el aval de un tribunal jerárquico que, en el texto de ayer, dice que pretende guardar “coherencia con la concepción más participativa del sistema democrático”.
La norma en cuestión, que comenzó a ser aplicada en los comicios del año pasado, nacionales y provinciales, estableció límites a los aportes que pueden recibir los partidos y alianzas, a los gastos que pueden efectuar y al modo de rendición de sus cuentas. El sistema les exige presentar informes con sus gastos finales ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días posteriores a la votación. Después, el juez debe analizar todos los datos recibidos y emitir una resolución que valore si existen o no irregularidades.
Allegados a la Cámara explicaron a este diario los alcances del fallo: cualquier persona, sea o no afiliada a un partido, podrá ahora presentarse ante el juez electoral y consultar el trabajo de auditoría que se realizó sobre el financiamiento y los gastos de los partidos que se presentaron en las elecciones del año pasado. En el despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría, señalaron, están los informes disponibles y todavía hay tiempo para presentar objeciones porque ninguna resolución fue firmada hasta el momento.
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