La Legislatura porteña aprobó ayer la expropiación de un inmueble del barrio de San Cristóbal en el que funcionó un centro clandestino de detención regenteado por la Fuerza Aérea. Treinta y cuatro diputados votaron por el sí y catorce fueron los que se opusieron. La oposición a la expropiación del predio la llevaron adelante las voces más representativas del macrismo. “Es un acto de justicia y una reparación histórica a los cientos de argentinos que pasaron por ese centro”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
En junio del 2003 los “Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad” denunciaron que en el inmueble ubicado en la calle Virrey Cevallos 630 funcionó un campo de detención ilegal. El lugar había sido mencionado en los testimonios de algunos sobrevivientes, pero no figuraba en ninguno de los listados oficiales o de los realizados por los organismos de derechos humanos. Los vecinos lo identificaron y sobre el cartel de venta colgaron la leyenda: “Aquí funcionó un centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea”.
El año pasado la Legislatura porteña lo declaró sitio histórico. De esta manera se lograba que el edificio no sufriera modificaciones y que fuera protegido como cualquier monumento de la ciudad. El inmueble estaba clausurado y la Comisión de Cultura de la Legislatura había realizado una presentación judicial de no innovar. El viernes pasado el juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó el pedido de prórroga del no innovar presentado por los legisladores. La legisladora Alicia Caruso, ante el peligro de que el propietario modificara la estructura o afectara el estado del mismo antes de que se concrete la expropiación, presentó un amparo ante la Justicia de la ciudad.
Entre los que se opusieron a la expropiación del predio donde funcionó el centro clandestino y que estaba ubicado a pocas cuadras del Departamento Central de Policía se encolumnaron: Santiago de Estrada, vicepresidente de la Legislatura y ex funcionario de la dictadura militar, el ex radical y hoy referente del macrismo Jorge Enríquez; el médico Eduardo Lorenzo “Borocotó”, Ricardo Bussaca, que entre otros pergaminos exhibe el de ser docente del Colegio Militar, y la diputada Mirta Onega, acusada de discriminar a un empleado por su condición de judío. A este arco se le sumó la menemista Silvia Majdalani, referente del Aguante Menemista, agrupación que acompañó a Carlos Menem durante su encarcelamiento por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Hubo una abstención y fue de la diputada Gabriela Michetti, presidenta del bloque del macrismo.
En diálogo con este diario, Gabriela Alegre, secretaria de Derechos Humanos de la ciudad, señaló que “hay que resaltar la perseverancia de los vecinos de San Cristóbal que hicieron posible la recuperación del predio. Fueron ellos los que realmente estuvieron detrás del tema. Esto pone de manifiesto que, más allá del trabajo histórico de las organizaciones de derechos humanos, es importante que la gente se comprometa en la recuperación de estos lugares”.
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