El país|Domingo, 12 de septiembre de 2004

Por Raúl Kollmann

No son pocas las polémicas desatadas por el fallo del Tribunal Oral del caso AMIA que absolvió a todos los acusados y terminó, de hecho, imputando por haber armado una pista falsa al juez Juan José Galeano, a los fiscales, al ex ministro del Interior Carlos Corach, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Los fundamentos completos de las absoluciones e imputaciones se conocerán recién el 29 de octubre a las 20 y, según trascendidos, el escrito tendrá unas 500 páginas. De todas maneras, el Tribunal adelantó un esbozo de esos fundamentos señalando que la Trafic existió, que la armó el armador de autos con partes robadas Carlos Telleldín, que éste la entregó a cambio de dinero y que, cargada de 300 kilos de explosivos, produjo la masacre de la calle Pasteur. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo señalaron también que “se construyó una hipótesis incriminatoria pretendiendo atender a las demandas de la sociedad y a los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. En ese marco, el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que incriminara a los policías resultó una clave.
Estas son algunas de las polémicas planteadas por el fallo:

1 Galeano se va a defender diciendo que el pago a Telleldín no lo hizo él sino la SIDE.
Este planteo surge de las palabras de su defensor, Andrés D’Alessio, ex decano de la Facultad de Derecho de la UBA. “Yo no digo que el pago no existió, lo que digo es que Galeano no pagó. En realidad lo que surge del video en el que aparecen conversando Galeano y Telleldín no es que Galeano le haya pagado ni que le haya pagado para que dijese tal cosa. Respecto del pago en sí, nadie ha dicho que el pago haya sido efectuado por Galeano, aunque él sí le comentó a Telleldín que había gente que estaba dispuesta a pagar por esa información.” Un allegado al juez le dijo esta semana a Página/12 que “hubo una conspiración de un sector de la SIDE para que los policías y Telleldín se vayan a sus casas”.
Quienes han seguido diariamente el juicio oral sostienen que son contundentes las pruebas de que Galeano estuvo detrás del pago. La esposa de Telleldín, Ana Boragni, llamó al juzgado no bien recibió los primeros 200.000 dólares y a partir de ese instante Telleldín empieza a declarar contra los policías. El segundo pago a Boragni fue filmado por la SIDE e incluso le hacen decir a la mujer:
–Estos son los segundos 200.000, los primeros ya los cobraste, ¿no es cierto? –le dice el agente de la SIDE a Boragni.
–Sí, sí –contesta la esposa de Telleldín.
Además, en el juicio oral declararon Hugo Anzorreguy, titular de la SIDE, quien contó que Galeano le pidió el dinero para realizar el pago, Alejandro Brousson y Patricio Pfinnen, los espías encargados de la operación; los subordinados que llevaron el dinero y lo entregaron, el ex secretario de Galeano Claudio Lifchitz y el propio Telleldín.
Por otra parte, en el video que se hizo público aparece Galeano negociando con Telleldín el 1º de julio de 1996, hablan del dinero de un libro que nunca se publicó y que, como todos declararon en el juicio oral, era simplemente una excusa, y cinco días más tarde Telleldín cumple con lo que le pide Galeano declarando contra los policías.
En Tribunales dan otros argumentos: si Galeano no pagó, de inmediato, cuando surgió la versión, hubiera ordenado una investigación e incluso hubiera hecho la denuncia. Su conducta no tuvo nada que ver con alguien ajeno a ese pago. Es imposible decir que no sabía porque, por otra parte, los cruces telefónicos demuestran que estaba en contacto con el agente de la SIDE Maiolo, quien llevó la valija con el dinero, y que Telleldín estaba en el juzgado en el momento de la entrega del dinero, algo que sólo pudo ocurrir por convocatoria de Galeano.

2¿Por qué el Tribunal eligió el camino de declarar una nulidad de la investigación a los policías, lo que los salvó de ser acusados incluso por extorsiones que están totalmente probadas en el expediente?
Varios juristas consultados por este diario interpretan que el Tribunal no tuvo alternativa: “Si concluyó que esta pista fue un armado, una falsedad, debía decir que todo lo investigado a partir de ese armado era nulo. En el comunicado que dieron a conocer, sin embargo, los jueces señalan que siguieron adelante porque las víctimas tenían derecho a conocer la verdad. La nulidad es una postura jurídica: no se pueden justificar procedimientos ilegales como armar una causa sabiendo que es mentira”, le dijo a Página/12 un encumbrado hombre de Tribunales que adelantó una opinión teórica pidiendo reserva de su nombre porque quiere esperar para pronunciarse más concretamente cuando se conozcan los fundamentos.
“Yo no entiendo esa nulidad decretada por el Tribunal –sostiene el abogado de la AMIA, Juan José Avila–. Creo que se equivocaron violentamente. Ya en octubre de 2003 se demostró que le habían pagado a Telleldín. ¿Por qué en ese momento no liberaron a los policías si todo era tan nulo? Igual se podía seguir para determinar la verdad a la que las víctimas tienen derecho. O sea que, teóricamente, tuvieron presos a los policías un año sin razón alguna. La verdad es que pretendieron, con la nulidad, tomar un atajo, pero violando una ética. Por un lado, los jueces quisieron decir que la eficacia está muy bien, pero que las pruebas deben ser bien adquiridas, con ética. Por eso termina imputando a tres jueces federales –Gabriel Cavallo, Norberto Oyarbide y el propio Galeano–, imputa a un ministro y al ex jefe de la SIDE e incluso a miembros de la bicameral. Pero al mismo tiempo deja a Ribelli como un inocente, igualito que a un joven cualquiera. Ese no es un mensaje ético.” Avila se refiere así a que no puede quedar como inocente un personaje como el ex comisario Ribelli, a quien se le probaron numerosas extorsiones, armado de pruebas falsas, enriquecimiento ilícito y una larga serie de delitos que lo convirtieron en un comisario millonario.
Pablo Jacoby, letrado de Memoria Activa, cree que los jueces no dejaron en libertad a los policías porque no querían adelantar opinión. “Podían aparecer pruebas por un camino independiente, no el del Legajo Brigadas, que es el que se anuló. El camino de la declaración de Telleldín no sirvió, porque esa declaración estaba comprada, pero podían aparecer elementos por otro lado. Y eso no se sabe hasta que se cierra el debate. Por otra parte, ni los mismos policías pidieron la excarcelación, que es quienes debían pedirla.”

3¿Debió ser condenado o no Telleldín?
El Tribunal sostuvo en su comunicado público que se probó que el atentado fue perpetrado con una Trafic, que esa camioneta la armó Telleldín, que la cambió por dinero “a una persona cuya identidad no se pudo establecer, sin que exista evidencia alguna de que conocía el destino que habría de dársele”. O sea que los jueces dicen que no se pudo probar que Telleldín fue cómplice del atentado, porque no hay pruebas de que sabía que la camioneta se iba a usar como coche bomba. Como es obvio, no se puede ser cómplice de un delito del que no se tiene conocimiento.
En Comodoro Py lo explican así: “Lo que se pudo comprobar es que él duplicó el vehículo. Los actos posteriores, que mintió, se escapó y que hasta el día de hoy sigue mintiendo y ocultando, nos puede producir mala sangre o impotencia. Pero son actos posteriores a la explosión. Respecto de los actos anteriores al ataque, no se pudo probar, por ejemplo, que haya reforzado los elásticos de la camioneta o que la haya preparado parael atentado. En suma, no se pudo probar que él fue parte de la banda que perpetró el ataque”.
“Yo creo que debieron ser condenados todos, los policías y Telleldín –sostiene el abogado de la AMIA, Avila–. Lo que existen son indicios, que no son una prueba directa, pero cuando se juntan indicios con otros indicios, permite establecer un cuadro probatorio.”
“Está claro que Telleldín armó dos camionetas y una de ellas explotó frente a la AMIA. El dijo que la usada en el atentado fue la que le habían robado a un disk jockey, Sarapura, pero mintió. ¿Para qué? Para desviar la investigación. Después, menciona a la Brigada de Vicente López de la Bonaerense, pero oculta la de Lanús. Otro desvío. Da cinco versiones distintas de a quién le entregó la camioneta: coreanos, un centroamericano, un español, un supuesto enviado de los policías. Y lo mismo ocurre respecto de Ribelli y los demás policías.”
“¿A usted le parece casualidad que justo Ribelli haya blanqueado dos millones y medio de dólares el 11 de julio de 1994, el día posterior a la entrega de la Trafic?”, se preguntó Avila. Y hay que admitir que no parece propio de un terrorista que blanquee el dinero de un atentado en una escribanía justo cuando se va a producir el ataque. “Tal vez se lo impusieron como condición,” dejó picando la pelota Avila en forma misteriosa.
El letrado de la AMIA además sostuvo que “los policías plantaron numerosos desvíos a la investigación. Prepararon a un asesino múltiple, ya condenado a reclusión perpetua, Emilio Solari, para que diga que él tuvo la Trafic y se la dio a unos libaneses. Después intentaron meter la llamada pista carapintada, o sea que los culpables eran unos oficiales y suboficiales del Ejército y después se vio al abogado de Ribelli, Mariano Cúneo Libarona, dialogando con un hombre de la SIDE, Alejandro Brousson, y proponiendo sacar de la acusación a los de la Brigada de Lanús y poniendo a los de Vicente López. Ese diálogo fue grabado y Cúneo Libarona aparece diciendo que Ribelli estaba al tanto de todo. En cualquier tribunal europeo los hubieran condenado”, concluye Avila.
Respecto de los policías, el Tribunal sostuvo que, más allá de la nulidad decretada porque la pista fue armada en forma falsa, “no se demostró, en modo alguno, que el vehículo Renault Trafic utilizado como coche bomba hubiera pasado por sus manos el 10 de julio de 1994, ni en ninguna otra oportunidad”.
En esta polémica obviamente habrá que ver los fundamentos del fallo y cómo valoraron cada uno de los indicios y pruebas.

4¿Es posible probar la teoría del armado de la pista falsa?
En fuentes de quienes han seguido de cerca el juicio oral se ratifica lo publicado por Página/12 el domingo pasado. Lo que los jueces sostendrían es que la camarista Luisa Riva Aramayo, muy cercana al ex ministro Carlos Corach, visitó a Telleldín en la cárcel de Devoto para proponerle la maniobra de que declare a cambio de dinero. De prisión, Riva Aramayo, ya fallecida, volvió con un croquis de las manzanas que rodean la casa de Telleldín y en el que se señalan, con nombres, dónde estaban los policías en el momento que retiraron la Trafic. La jueza dijo que el croquis fue hecho por Telleldín y luego se probó, a través de pericias caligráficas, que no era la letra de Telleldín, por lo que se trató de una prueba falsa. En el mismo video, en que negocian Galeano y Telleldín, el juez le exhibe un papel con las preguntas que debe contestar para cobrar y El Enano, como le dicen a Telleldín, le dice que no puede contestar con la verdad a la mayoría de las preguntas, “las que a usted más le interesan”, le afirma Telleldín al juez. Por lo tanto, el magistrado sabía que iba a declarar una mentira. El mismo Telleldín se lo dijo. Seguro no se va a probar que hubo una reunión entre Corach, Anzorreguy, Galeano y los fiscales en la que se armó toda la trama. Las cosas no se dieron así. En el Ejecutivo, por ahí pensaron que era bueno achacarle las cosas a la Bonaerense; otro estaba convencido de que la pista correcta era ésa, pero al final ocurrió que se desecharan pruebas que fueran en otra línea; Anzorreguy puso el dinero para pagarle a Telleldín y éste, que no sabía que los estaban filmando, reconoce claramente que la pista es mentira. No hay que confundirse –dicen en Comodoro Py–, ésta no era una operación de inteligencia en la que se estaba pagando información. Acá sabían que era una mentira, le dieron instrucciones a Telleldín de qué fotos de policías debía marcar y le pagaron por mentir, por decir lo que necesitaban para la pista falsa.
Jacoby, el letrado de Memoria Activa, cree que “indudablemente se puede probar. Por ejemplo, tratan de demostrar que el 10 de julio los hombres de Ribelli operaban en Villa Ballester, cerca de la casa de Telleldín. Entonces presentan un informe de Movicom en el cual demuestran que los celulares se activaron en esa zona durante esa semana, pero borran a propósito que los mismos celulares tuvieron parecida cantidad de llamadas de esa zona tanto tres meses antes, como tres meses después. O sea borraron las llamadas que no les servían como prueba y dejaron sólo la parte que incriminaba a los policías. Creo que el sector Sala Patria de la SIDE se metió de pies a cabeza en la pista policial, no encontró elementos y después ya no quiso regresar de la mentira a la verdad. Quisieron usar como prueba los dos millones y medio de dólares blanqueados por Ribelli: ¿A usted le parece que con la plata supuestamente cobrada de un atentado un policía va a ir a una escribanía? Es descabellado”.

5¿Cómo puede llegar esto a Menem, Ruckauf, Antonietti y otros funcionarios?, según reclama la AMIA, por ejemplo.
En Tribunales dicen que, desde un punto de vista político, resulta casi imposible que Anzorreguy y Corach hayan hecho semejante movida e incluso le hayan pagado 400.000 dólares a Telleldín sin el visto bueno presidencial. Es obvio que Galeano no fue el ideólogo. De todas maneras, el Tribunal no se podía guiar por un análisis político: necesita hechos concretos, actos concretos de personas: éste hizo tal cosa, éste hizo tal otra. Pero lo cierto es que los jueces del Tribunal Oral sólo pusieron en marcha la investigación que quedará en manos de un juez. El será el que investigue y deberá determinar si hay un hecho, una evidencia, que sustente la lógica política casi inapelable de que Corach o Anzorreguy no se moverían sin consentimiento de Menem.
Lo de Ruckauf, ministro del Interior de aquel entonces, o Antoni-
etti, secretario de Seguridad, es algo distinto. Se les podrá probar su ineficacia, que no investigaron nada, pero en el juicio oral no aparecieron elementos para imputarles hechos concretos. De todas maneras, habrá que ver las conclusiones a las que llegue el juez al que le toque investigar. Jacoby sostiene que “hay que recordar que en verdad Ruckauf tenía una enorme responsabilidad en la investigación y que bajo su mando estaba la Policía Federal. En el alegato nuestra imputación contra Menem fue política: habrá que ver si hay hechos que lo vinculen con el armado. Parece evidente que cuando se empezó a sospechar de un sirio-libanés, Alberto Kanoore Edul, hayan puesto el grito en el cielo porque investigaban a un paisano de ellos. En ese momento, Munir Menem llamó a Galeano y pidió por él. Pero son cuestiones del encubrimiento que deberán investigarse”.
En verdad, todo se pondrá en marcha después de que se conozcan los fundamentos del fallo. En la Cámara Penal le dijeron a Página/12 que por ahora no ha llegado nada allí y con toda lógica el Tribunal Oral no enviará nada a la Cámara para que se sorteen los jueces: es que los magistrados a los que les toque intervenir deben saber de qué se acusa acada funcionario, legislador o integrante del Poder Judicial y qué es lo que respalda esas acusaciones. Por ello, hay que esperar al 29 de octubre, a las 20, cuando se lean los fundamentos.

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