Fracasó ayer un careo al que debían someterse el líder piquetero Luis D’Elía y un empresario sospechado de haber intentado sobornarlo para conseguir la extensión de un contrato en el PAMI que estaba a punto de concluir. El juez federal Claudio Bonadío había citado a D’Elía a una audiencia con el empresario Hugo Spaltro, uno de los que fueron filmados con una cámara oculta ofreciendo un pago de 370 mil pesos mensuales para que el líder piquetero gestionara a nivel político la continuidad del contrato.
Si bien D’Elía se presentó para el trámite judicial, Spaltro no lo hizo, por lo que la audiencia no se realizó. Para mañana a las 9 fue citado nuevamente D’Elía, pero para ser careado con Horacio Pisano, otro de los imputados y titular de la empresa de servicios médicos Angiocord. A fines de agosto, Bonadío los había convocado a declaración indagatoria junto con José María Ferreira.
Mientras la causa judicial avanza, por orden de Graciela Ocaña el PAMI rescindió el convenio con VAB UTE, que sumaba casi 4 millones de pesos mensuales, y suspendió a las tres empresas que integran la sociedad. Esta situación se mantendrá hasta que se resuelva la cuestión judicial de los imputados. Además, los hombres de Ocaña descubrieron que en el PAMI había “carpetas y carpetas” de quejas y denuncias contra VAB UTE por distintos y reiterados incumplimientos en las prestaciones.
El intento de soborno se difundió el 18 de agosto en el programa Punto.Doc, de América. Las imágenes mostraron a Pisano, al ex dirigente radical y del ARI Spaltro y al dirigente sindical docente Ferreira ofreciéndole a D’Elía el dinero para que el dirigente piquetero intercediera ante Ocaña para que renovara el contrato con VAB UTE. El líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) no aceptó la coima y decidió grabar in fraganti a sus interlocutores. Tras la grabación, denunció el hecho a la Justicia.
Uno de los puntos centrales de la causa es definir si las imágenes de la cámara oculta se pueden aceptar como prueba. El dirigente de la FTV hizo desgrabar las charlas con los acusados y certificó su contenido con un escribano antes de presentarlo como prueba a la Justicia.
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