La renuncia de Juan José Galeano es una gran noticia: el juez no soportó la combinación de descrédito social, crítica furibunda desde la propia Justicia federal, pedido del Gobierno al procurador Esteban Righi para que los fiscales activen las causas sobre presunto encubrimiento en la investigación del atentado de 1994 y orden rápida de Righi en ese sentido. Los cuatro elementos marcaron el peor momento institucional de Galeano desde que Memoria Activa consiguió que la Cámara Federal lo apartase de la instrucción de la causa por parcialidad con los querellantes y por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín.
Pero en cambio no sería una buena noticia que el Gobierno le aceptara la renuncia y le permitiese irse por la puerta. Todavía hay chances de que el desempeño de Galeano pueda ser tratado en el Consejo de la Magistratura y, si fuese encontrado culpable, el juez termine en su casa sin honores. Ya antes de la sentencia del Tribunal Oral, el pleno de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura reunía pruebas contra Galeano. Si quedaba alguna duda, ahora el Consejo tiene el veredicto de Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons y muy pronto accederá a los fundamentos.
Si Galeano quedase fuera de la Justicia por una eventual aceptación de su renuncia, no escaparía a ningún proceso penal o civil que tenga iniciado o se le inicie de ahora de adelante.
Pero, aunque alguien pueda suponer que Galeano incluso puede terminar preso, así habrá esquivado al Consejo de la Magistratura. Se habrá salvado de un examen político acerca de su trabajo como juez.
El Consejo de la Magistratura, como la Comisión de Juicio Político con la Corte Suprema, no establece si un juez es inocente o culpable ante la ley. Solo dictamina si sigue reuniendo las condiciones para ser juez. Una decisión del Consejo serviría para el caso particular de Galeano, pero también como indicio social: quedaría claro qué tipo de jueces necesita el país y qué tipo de jueces debe sacarse de encima el Poder Judicial.
No se trata sólo de Galeano sino de su investidura. Solo el Consejo de la Magistratura puede determinar, en esos términos, si fue el propio juez quien violó su propia investidura, degradando la función de un magistrado ante la sociedad.
En lugar de aceptar la renuncia, el Poder Ejecutivo puede agregar otro indicio a las señales anteriores de que no ampara el encubrimiento en la causa AMIA: ordenar a su representante en el Consejo de la Magistratura que impulse y acelere el trámite. Y otro más: pedir al Consejo que se apure y suspenda ya mismo al juez.
Si el Consejo termina de tratar su caso, es cierto que pasará más tiempo. Pero al final Galeano se irá por la ventana. Suena poco elegante. Es, solo, republicano.
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