El país|Jueves, 16 de septiembre de 2004

El ministro de Defensa, José Pampuro, confirmó que la empresa Explosivos Centro de Olavarría en la que se encontraron cohetes de guerra es la misma que en 1994, bajo el nombre Delbene y Serris, fue vinculada con la investigación del atentado contra la AMIA. Pampuro abundó en que el juez federal de Azul, Juan José Comparato, dispuso el secreto de sumario, pero interpretó que el resultado de esa investigación podría derivarse al juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene ahora a su cargo la causa AMIA. El ministro precisó que el arsenal descubierto en Olavarría era “peligroso para ser manipulado”, pero “no habrían podido causar una explosión como la de Río Tercero porque era material de rezago”. Además anticipó que “los procedimientos van a seguir en los próximos días”.
El Registro Nacional de Armas (Renar) había clausurado en abril la fábrica Explosivos Centro, pero el viernes recibió una denuncia anónima que alertaba sobre la existencia del arsenal en que se encontraron 32 cohetes de fabricación nacional, 30 motores impulsores de cohetes, 150 cajas con detonadores eléctricos y diversos explosivos. Héctor Mario Catala es el propietario de Explosivos Centro y había presidido Delbene y Serris. Esa firma fue la que le vendió amonal a la empresa Santa Rita, de Nassib Haddad, la encargada de colocar el volquete al frente de la sede de la AMIA. El juez de Azul no ordenó la detención de Catala por el hallazgo, pero sí dispuso el secreto de sumario.
En una conferencia de prensa en la sede del Registro Nacional de Armas (Renar), Pampuro explicó que el material encontrado en Olavarría se trata de “rezago de una exportación hecha a Perú en 1987”. El secretario de Asuntos Militares, Jaime Garreta, fue el encargado de dar las precisiones técnicas. Explicó que se encontraron “explosivos de uso civil y cohetes de uso militar en estado de abandono, peligrosos para su manipulación y almacenaje. Los cohetes eran del año 1977 y formaron parte de una exportación de 4000 unidades que se realizó a Perú en el ’87”. Garreta señaló que la Justicia tendrá que determinar por qué la fábrica de la familia Catala, que no está autorizada para “desmilitarizar” ese material, lo tenía en su poder y cómo llegó a adquirirlos.
Acompañado por el titular del Renar, Juan Carlos Ramos, el ministro destacó “el fuerte apoyo político del Presidente (Néstor Kirchner) que a través de Defensa y el Renar abrió una línea investigativa junto con las policías Federal, Bonaerense, Gendarmería y el Ejército para transparentar el manejo de explosivos en la Argentina que no sólo es peligroso sino que muestra cierto grado de corrupción”. Pampuro recordó que “se clausuraron más de veinte empresas por razones de seguridad sobre todo en el almacenamiento del material explosivo”.
Defensa distribuyó un informe con el detalle de las más de veinte empresas y armerías clausuradas en todo el país desde principios de año. La fábrica militar de pólvoras y explosivos Fanazul, en la que se detectó el faltante de una importante cantidad de explosivos, encabeza la lista en la que figura Explosivos Centro de Olavarría, Cantera El Dorado de Misiones, Cantera Nedel de Misiones, Dyno Nobel Argentina de Olavarría, Cantera San Miguel de Misiones, Cantera Becar de Corrientes, Compañía Minera de Corrientes, Voladuras El Litoral de Misiones, Varalda de la localidad bonaerense Lima, Explosierra de Olavarría, entre otras.
Expertos en el mercado de explosivos explican que en la Argentina el control del mercado ha sido más que laxo. Pampuro dijo que “es difícil” evaluar si existe o no una “red” de tráfico ilegal de explosivos, pero puntualizó que las investigaciones “muestran que hay una fuerte endeblez en materia de comercialización, distribución y transporte de material altamente peligroso”. “Es obvio que hay gente inescrupulosa en este negocio”, y no descartó la existencia de “una connivencia delictiva, aunque esto deberá determinarlo la Justicia”.
Aunque evitó dar precisiones, Pampuro anticipó que “los operativos van a seguir” y, sin dar detalles, dijo que “hay en vista dos o tres procedimientos más importantes”, y remarcó la colaboración de la policías Bonaerense y Federal y la Gendarmería: “Sin ellos, no hubiéramos podido hacer nuestro trabajo, porque el Renar no es un ámbito policial, sino de control, de reglamentación, donde llevamos adelante la documentación y la forma en que tiene que manejarse en un mercado supuestamente transparente y sano”.
Garreta señaló que a partir de la gestión de Ramos, “se ha reforzado la planta de inspectores en el Renar y de vehículos con elementos técnicos para hacer las verificaciones, y se está trabajando en la implementación de un sistema satelital para monitorear a los camiones que transportan explosivos”. El Renar cuenta con doce inspectores.
Los atentados sufridos en la Argentina tanto en la Embajada de Israel, en marzo de 1992, como en la AMIA, en julio de 1994, pusieron en evidencia el total descontrol del mercado de explosivos en el país. Si bien en ninguno de los dos casos se llegó a identificar a los culpables, las investigaciones en torno de esos hechos llevaron a corroborar la laxitud de los controles.
Desde el Renar explican que no sólo se necesitan expertos en explosivos, sino realizar peritajes contables en las empresas que permitan detectar lo que se fabrica y lo que se vende realmente. En el país existen ocho fábricas de explosivos, cuatro militares. Uno de los mecanismos que los peritos han comprobado es que el stock real de material es superior al declarado, lo cual da lugar al abastecimiento de un mercado clandestino que nadie puede controlar.
En el caso de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, un peritaje de la Gendarmería demostró que la superficie del predio no hubiese permitido nunca almacenar la cantidad de material que supuestamente había en el lugar. Inflando las cifras, en ese caso se pretendía ocultar la cantidad de pólvora y armas que habían sido vendidas clandestinamente mediante el tráfico de armas que tuvo como cabeza de la operación al ex presidente Carlos Menem. La explosión provocada apuntó a evitar el peritaje que hubiera puesto en evidencia la mentira.

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