A Enrique Arancibia Clavel se lo juzga por el secuestro en 1977, en nuestro país, de dos ciudadanas chilenas. El acusado, ya condenado por el asesinato de Prats, se negó a declarar.
Por Adriana Meyer
Enrique Arancibia Clavel, el agente de la DINA chilena que asesinó al general Prats y a su señora.
“Fue muy difícil verle la cara de nuevo a esta gente, pero es un acto de justicia necesario”, dijo a Página/12 la chilena Laura Elgueta Díaz tras declarar en la primera jornada del juicio contra Enrique Arancibia Clavel por haber participado de su secuestro en 1977. Es el segundo proceso que afronta en el país este ex agente de la DINA, la policía secreta chilena durante la dictadura, que ya fue condenado por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. Otra vez en el banquillo, ayer Arancibia se negó a declarar. Elgueta Díaz fue secuestrada junto a su cuñada, Sonia Díaz Ureta, que vive en México, y su testimonio, realizado vía exhorto, fue incorporado ayer al juicio.
El 12 de julio de 1977 estaba en la casa de su familia en Estados Unidos 1626 porque había venido desde México para que sus parientes conocieran a su hija, Jaina, que en ese momento tenía seis meses. Cerca de las 23 “tocaron a la puerta e ingresaron unas quince personas que eran de las fuerzas conjuntas del Ejército, y entre quienes estaba Enrique Arancibia Clavel, que vestía un impermeable blanco y tenía bigote, así como poco pelo”, relató Sonia Díaz ante la jueza Aurora Gómez Aguilar del Distrito Federal. Los militares le informaron que les iban a hacer “unas preguntas para un trabajo de investigación”, y en ese momento la mujer pidió que no se llevaran a su hija, que quedó en manos de su suegra, Ruth Díaz Vargas de Elgueta. Sonia Díaz y Laura Elgueta fueron llevadas hasta el centro clandestino de detención Club Atlético. Las habían vendado y tirado en el piso del vehículo y les habían advertido que “se olvidaran de los buenos tratos”. En el lugar donde las bajaron detectó que había chilenos, por la forma de hablar. Ambas mujeres fueron desnudadas y las llevaron “a un lugar donde hacían torturas, donde se escuchaban lamentos”. Les pusieron como nombres K52 y K53, y Díaz declaró haber sido interrogada “por el mismo capitán argentino que había ido a su casa, que se burlaba constantemente”. Ese capitán era el oficial de Inteligencia de Coordinación Federal Antonio Fioravanti, ya fallecido.
Durante el interrogatorio le hicieron preguntas sobre su cuñado, Enrique Elgueta Díaz, un dirigente del MIR desaparecido en 1976 en Buenos Aires, a quien ella conocía como Kiko. Las golpearon en el estómago y les tiraron del cabello. Sus secuestradores les dijeron que a Kiko lo habían matado y en un momento les indicaron que se vistieran para que se las llevaran porque se habían sentido “culpables de poder dejar huérfana” a la hija de Sonia. Al día siguiente las subieron a un auto, que manejó Arancibia Clavel, y las liberaron cerca de su departamento alrededor de las 7. La jueza mexicana le preguntó si podía asegurar que en el interrogatorio del que fue objeto estaba presente Arancibia Clavel, la mujer respondió en forma afirmativa. Sonia Díaz fue contundente ante la magistrada al asegurar que “no puede olvidar a esa persona por el daño que le causó, por haberla secuestrado... eso no se olvida y aunque diga que es inocente, es culpable”. Ambas mujeres reconocieron al ex agente de la DINA en 1996 cuando vieron su foto en un diario chileno que daba cuenta de su arresto por el caso Prats. Díaz agregó que durante el tiempo que permaneció secuestrada escuchó que a los prisioneros políticos chilenos los trasladaban en avión.
Un relato muy similar hizo ayer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 Laura Elgueta Díaz, que tenía 18 años cuando fue secuestrada. “No es nada personal, (Arancibia) tuvo mala suerte que lo reconociéramos”, comentó a Página/12 al terminar la audiencia. Díaz se mostró preocupada por los detalles de su padecimiento que pudieran perturbar a sus padres. Su madre estuvo presente en la audiencia de ayer. “Siempre quise preservarlos lo más posible de esto, no exponerlos, por eso tampoco vinieron mis hijas y mi marido”, indicó. Esta mujer de 46 años es comunicadora social y trabaja en la Secretaría de Energía de Chile. “El día del interrogatorio ellos mismos mencionaron que el Cóndor era la coordinación represiva, yo ni lespregunté”, agregó. Su abogada, Alcira Ríos, coincidió en afirmar que “este es un caso típico del Plan Cóndor”. De hecho, tras la desaparición de Enrique Elgueta Díaz, su hermano Carlos y Sonia Díaz se exiliaron en México, mientras que sus padres vinieron a Buenos Aires, donde dos años después fueron secuestradas Laura y Sonia. La abogada Ríos se mostró esperanzada en que hoy se conocerá una sentencia condenatoria contra el ex agente de la DINA.
Ayer declararon otros dos sobrevivientes del Atlético, Ana María Careaga y Miguel Angel D’Agostino. Careaga fue secuestrada estando embarazada y describió que ese centro clandestino era manejado por Fioravanti, a quien llamaban “el Coronel”. En su declaración dio detalles del “quirófano”, como se conocía a la sala de torturas en la que cumplían sus “funciones” los represores Julio Simón, Carlos “Colores” del Cerro, y Samuel Miara, alias “Cobani”, apropiador de dos mellizos nacidos cuando su madre estaba en cautiverio. La testigo recordó que todas las personas allí alojadas clandestinamente tenían un código alfanumérico que permitió a los organismos de derechos humanos calcular en alrededor de 1800 las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte.
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