El país|Domingo, 7 de noviembre de 2004

Por Mario Wainfeld

La Corte Suprema ha pasado a ser un protagonista institucional con peso y criterio propios. Esa auspiciosa novedad no deja de ser una crisis, pues altera todos los códigos y rutinas que rigieron durante más de una década. Cada sentencia de los supremos modifica la agenda pública y pone de punta los nervios de otros protagonistas, sean políticos, grupos de interés o corporaciones. En estos días se desplegaron, fascinantes, las derivaciones del fallo “Bustos contra Estado Nacional”, que declaró constitucional la pesificación de (¿ciertos?) depósitos bancarios. Son sorprendentes los escenarios que habilita la irrupción de un tribunal que no se subordina al Ejecutivo. Tanto que las mayores repercusiones se enancaron en un par de párrafos del voto de Raúl Eugenio Zaffaroni que, en rigor técnico, no forman parte de la sentencia. A ver si nos explicamos.
El caso Bustos versaba sobre un crédito de $ 1.134.000 dólares, lo que, dicho sea de rondón, revela que no todos los ahorristas son sufridos integrantes de la clase media. La sentencia rechazó el pedido de inconstitucionalidad. Todo fallo judicial tiene (en lo que concierne a esta nota) dos partes esenciales: la argumentativa (en jerga se los llama “considerandos”) y la resolución. El consenso entre los jueces se exige para la parte decisoria, los considerandos pueden variar, sólo sujetos a tener congruencia con lo que se decide. En “Bustos”, ya se sabe, la mayoría se expresó en cuatro votos distintos (Juan Carlos Maqueda adhirió al de Antonio Boggiano). Zaffaroni, que integró esa mayoría, añadió a sus fundamentos lo que en lenguaje forense se bautiza con el latinajo obiter dictum. Un obiter dictum es una consideración de carácter general, ilustrativa, no obligatoria, no constitutiva de la sentencia. El obiter se refería al supuesto de “pequeños ahorristas” que, al ver de Zaffaroni, justificaría un tratamiento diferenciado. El argumento esencial del juez es que, si bien el perjuicio de la emergencia debe ser soportado por todos los argentinos, es justo preservar en alguna medida a los de menores recursos. Y, en el concreto caso de los depósitos, porque “cabe presumir que los depositantes de cuantías mayores disponían de la posibilidad de mayor capacidad de información frente a las maniobras que ocultaban el proceso de deterioro, de la que no disponían los sectores de menores recursos”. Con menos dinero, con menos acceso a la información, aun en la emergencia ciertos ahorristas pueden merecer una tutela mayor. Esa idea de adecuar la dura ley al valor de la “justicia” (que es muy otra cosa que la ley) se llama equidad. Razones de equidad indujeron a Zaffaroni a proponer para el futuro, para casos de ahorristas más pequeños, un criterio diferente.
Fijar el quántum de lo que debe considerarse pequeño ahorrista deriva a la discrecionalidad. De un modo necesariamente subjetivo (y sin dar el menorargumento) Zaffaroni propuso que se consideraran exentos de los alcances de la pesificación a los que tuvieran depósitos inferiores a 70.000 dólares, que deberían recibir el total de su crédito con el dólar a valor actual. Para los que depositaron entre 70.000 y 140.000 dólares (algo así como un grupo intermedio) recibirían 70.000 a valor actual y el resto a 1,40 más CER más intereses. Hasta ahí lo que Zaffaroni no “decidió”, porque los jueces sólo deciden el caso estricto que les es sometido, pero sí sugirió, para provocar una discusión, una reacción, una corrección en la jurisprudencia futura. Y a fe que lo viene logrando.
En la semana que pasó y sin duda en las que vendrán, jueces de primera instancia se valieron del “argumento Zaffaroni” para desafiar, a su modo, a la propia Corte. Se viene diciendo que esos jueces han declarado “no vinculante” el fallo de la Corte, sugiriendo un desafío o una anomalía. En verdad los fallos de la Corte nunca son vinculantes (ver precisiones en recuadro aparte). Es más acertado señalar que en las sucesivas decisiones hay un reto, una presión (lícita, aunque discutible) para que la Corte haga suyo el razonamiento de Zaffaroni o, como poco, asuma el costo de desecharlo.
La rebelión de jueces de instancias inferiores seguramente abreva en varias fuentes. La –honesta– discrepancia de criterios es una de ellas. Otra es un tangible afán de vendetta por las críticas del voto de Belluscio-Maqueda a su “desorbitada actuación de los tribunales inferiores”. Nada hay más ofensivo para las corporaciones que la verdad, y la judicial es una de las más cerradas y autocomplacientes. El festival de amparos –nadie lo duda y pocos abogados y jueces lo niegan en privado– tuvo mucho que ver con ansiedad de protagonismo de muchos funcionarios y también con episodios sospechosos de corrupción. Muchos pescadores sin escrúpulos hicieron su agosto en el río revuelto de la emergencia, dictando amparos en tiempo record, abandonando la proverbial lentitud de sus estrados, justo en casos que se cobraban en dinero constante y sonante.
El gobierno de Néstor Kirchner activó una cotidiana dialéctica entre “lo nuevo” y “lo viejo” de la política y las instituciones. Esa tensión, que existe dentro de la coalición de gobierno y del propio gabinete se propaga por doquier. El Poder Judicial no es la excepción y en él lo nuevo (y promisorio) es la Corte y no el deteriorado tramado de los tribunales inferiores. Claro que en la Corte lo cabalmente nuevo que ya actúa son dos vocales (Elena Highton de Nolasco y Zaffaroni), dos o tres cortesanos que vienen de lo viejo que capacitan para plegarse al signo de los tiempos (Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt)... y hay dos irrecuperables, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano. Uno de ellos está a tiro de ser defenestrado. Sorprendentemente, no es Belluscio.
En tránsito hacia mejores tiempos, Zaffaroni (sin decirlo así) incitó a los jueces de grado para que estos recobraran iniciativa y a su vez empujaran “hacia arriba” una nueva decisión de la Corte para ahorristas pequeños. Sólo una visión muy sesgada puede imaginar que lo hizo para complacer al Ejecutivo o siguiendo otra cosa que su (muy sólida) concepción jurídica. Así debe usarse el poder acotado (el de un solo voto) en democracia, suscitando adhesiones, moviendo el escenario.
Zaffaroni hizo política democrática, trabajando con lo que hay, instando al debate público. El resultado parece casi inevitable: la Corte deberá pronunciarse sobre los ahorristas pequeños contemplando su situación en un nuevo fallo (no le será fácil apartarse del arbitrario parámetro de 70 mil verdes acuñado por Zaffaroni). Sería deseable que eso ocurriera cuando esté integrado en su totalidad el nuevo tribunal, cuando Carmen Argibay asuma (por fin) y Ricardo Lorenzetti obtenga su acuerdo. Cuando la presencia de lo nuevo en la Corte sea más vasta, enhorabuena.
¿Que será, para entonces, de la vida de Boggiano?
En el nombre de Dios
Varios políticos opositores vienen poniendo el grito en el cielo contra los cortesanos por el caso “Bustos”, en especial tres de tronco radical, Elisa Carrió, Ricardo López Murphy y Nito Artaza. Sus críticas trepan al terreno institucional. Artaza y LM califican muy mal en ese terreno, por marcadas carencias conceptuales y por su ostensible condición de lobbistas. Lilita Carrió, más legitimada para incursionar en esos temas y ciertamente más capacitada, como suele ocurrir, es tan consistente como controvertido.
Nada sugiere que los supremos alteraron sus convicciones para someterse al Ejecutivo. En general, reiteraron criterios ya vertidos previamente, tal el caso de Belluscio, Boggiano y Highton de Nolasco. El voto de Zaffaroni, ya se dijo, no es lineal, no es lo que quería el establishment, es discutible pero con un norte de equidad.
Lo que sí puede llegar a ser un punto flaco, muy flaco, del Gobierno es la situación de Boggiano. Su juicio político sigue adelante pero es patente que al menos dos pesos pesado del Ejecutivo, palpable y audiblemente, mocionan que debe detenerse: son Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Quienes fatigan despachos top de la Casa Rosada añaden al secretario legal y técnico Carlos Zannini al frente del rechazo, algo muy difícil de chequear dada la pasión de Zannini por el perfil bajo. Carrió denuncia que el voto de Boggiano en “Bustos” fue un toma y daca a cambio del cese del juicio político, una acusación muy difícil de ser probada, pero que devendrá creíble para muchos si se frena el trámite parlamentario.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por el kir-chnerista Ricardo Falú, sigue adelante con los trámites. Boggiano presentó su descargo, cuyo eje esencial es diferenciarse de Eduardo Moliné O’Connor, precisamente el argumento que vocean algunos senadores del PJ para sugerir que sea absuelto el último “automático” sobreviviente. El Supremo, que sigue contando con el aval de la jerarquía de la Iglesia, afirma que su razonamiento en el caso Meller fue diferente del de Moliné. Sus fiscales le replicarán que no se lo juzga por sus “considerandos” sino por sus decisiones que (ya se dijo en esta nota, que se está poniendo muy leguleya) son las que valen.
La comisión, que integran tres peronistas patagónicos muy afines a Kirchner, viene trabajando a buena velocidad y votando por unanimidad. Antes de fin mes tendrá escrito el dictamen acusatorio y lo llevará al recinto. Ahí se verán los pingos y nada definitivo puede predecirse. Está claro que Falú ha quedado como un abanderado de las mejores causas del Gobierno... sin mayor feed back con el Gobierno. La Rosada ha cortado todo diálogo con él. Y por casa no anda mucho mejor. Según otros integrantes de la comisión, el duhaldo-kirchnerista José María Díaz Bancalari (todo un caso en esto de la tensión entre lo viejo y lo nuevo) primero dio vía libre al juicio (“nos dijo esto hay que votarlo a dos manos”) pero ahora se muestra esquivo, alegando que “Falú se cortó solo”.
Por ahora todo es un juego bizantino en el que figuras prominentes del oficialismo musitan quejas en sordina contra Falú. Sólo Miguel Pichetto, presidente del bloque de senadores del PJ, lo cuestionó en voz alta hace semanas, para luego callar. Nadie duda de que Pichetto, a diferencia de Falú, nada hace sin un guiño de la Rosada, ni hablar ni callar.
Para fin de mes o para diciembre, el oficialismo encontrará un reto salido de sus propias entrañas y de su mejor doctrina. Cuenta con las mayorías parlamentarias para frenarlo. Quizá logre rechazar la acusación en Diputados, sudando la gota gorda. O, absolviendo al acusado en Senadores, algo que sería un papelón aún mayor. En cualquier supuesto, los costos de aliviar a Boggiano de su merecida suerte no serían pocos. El voto del hombre en “Bustos” será traducido por muchos como el pago por la impunidad.
Formular profecías en política argentina es un menester insalubre, signado por la tendencia al error. El final es más que abierto, sujeto a acciones de diversos protagonistas. Una renuncia del cortesano en entredicho les ahorraría dolores de cabeza a unos cuantos, incluido el mismo Boggiano.
A ver autos y motos
La necesaria purificación del Poder Judicial iniciada por su cabeza fue un acierto inicial del Gobierno que luego se fue ralentando. La purificación de la plantilla de jueces federales de la Capital es un paso ulterior imprescindible. Juan José Galeano, un personaje de segunda clase que se topó con responsabilidades de primer nivel, está de salida. En oficinas oficiales se da por descontado que Claudio Bonadío será el próximo en ser sometido a juicio político, también por la causal de mal desempeño.
Para otros magistrados fulgurantes en los ‘90, analizan en Justicia y en la Rosada, habrá que trabajar algo más. El camino posible (acaso inminente) será el de investigar sus patrimonios, pues se sospecha que hay casos flagrantes de incremento patrimonial no justificado. Quien transite la playa de estacionamiento de Comodoro Py se topará con un muestrario de autos de lujo y motos pimpantes que no dan la traza de corresponderse con buenos pero no siderales sueldos de jueces. La “sensación óptica” es que ahí hay mucho que explicar. Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral están entre los investigados, según relatan fuentes confiables.
La higiene institucional, una de las mejores y más perdurables tareas oficiales, constriñe a sus propios promotores. La Corte altera tiempos, amplía agendas, desata polémicas. Y su limpieza hace más patente la falta de transparencia de otros estrados ABC1. La lógica del poder, su inercia pueden llevar a muchos oficialistas a repudiar los frutos de sus mejores cultivos, pero ésa sería una mirada miope, de corto plazo, gallinácea. Algo así como la de esos funcionarios que, claro que en voz baja, se congratularon del ominoso triunfo de George W. Bush.

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