Uno de los dirigentes de la coalición italiana del Olivo, que quiere retomar el poder quitándoselo al conservador Silvio Berlusconi, dijo a Página/12 que espera la continuidad de los procesos de Roma por la violación de los derechos humanos en la Argentina. También habló del default y el reclamo de los bonistas italianos.
Durante la década del ’90, cuando el gobierno menemista quería sepultar cualquier tipo de investigación sobre los crímenes de la dictadura, los juicios en el exterior aparecieron como una opción posible de alcanzar la verdad y castigar a los responsables. El proceso iniciado en Roma fue uno de los que más lejos llegó con la condena a prisión perpetua en ausencia a Guillermo Suárez Mason y seis de sus compañeros represores, por la desaparición de ocho ciudadanos italianos. Ese caso ya tiene sentencia firme y ahora el tema está en manos del gobierno de Silvio Berlusconi. “Este es el logro de una lucha de veinte años de los organismos de derechos y ahora es el gobierno quien deberá decidir si girará los pedidos de extradición contra los siete acusados”, dice Luciano Neri, referente de la coalición de izquierda italiana el Olivo para América latina, y uno de los impulsores de este proceso judicial. Neri señala que hay otros dos procesos en marcha contra militares argentinos y analiza ante Página/12 cómo quedan parados esos procesos tras la derogación de las leyes de impunidad en la Argentina.
–¿Cuáles son los próximos pasos de los juicios en Italia?
–Luego de la sentencia contra Suárez Mason, Santiago Riveros, Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Maldonado y Roberto Rossin, que quedó firme el 28 de marzo de 2004 en el Tribunal Superior de Casación italiano, falta saber si Berlusconi va a dar curso a los trámites formales para ejecutar esa sentencia.
–¿Qué posición cree que va a adoptar el gobierno de Berlusconi?
–Aún no tenemos noticias de que se haya enviado o tenga pensado enviar algún pedido de ejecución al Estado argentino o a Interpol. Pero la semana próxima a más tardar el gobierno italiano deberá explicar ante el Senado si envió algún tipo de notificación a la Argentina; si no lo hizo, por qué no lo hizo, o qué decisión piensa tomar. De todos modos, el que exista una condena, aun en ausencia, es un logro importantísimo luego de veinte años de lucha.
–Este no es el único frente judicial que puede arrojar novedades.
–No, eso es lo que respecta al juicio que ya tiene sentencia. Pero al mismo tiempo el proceso de verdad que activamos en los años ’90 avanzó en otros dos temas: el del Plan Cóndor y el de los italianos que pasaron por la ESMA. Lo más inmediato es el reenvío a juicio del caso ESMA. Aunque no logramos establecer exactamente cuántos ciudadanos italianos pasaron por ese centro clandestino, hemos investigado en detalle tres casos: el de Angela Aietta Gullo (madre del dirigente Juan Carlos Dante Gullo) y los de Juan y Susana Pegoraro. Y en este expediente han surgido pruebas concretas que ameritan el pronto reenvío a juicio de cinco responsables de estas desapariciones, que son Emilio Massera, Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Jorge Vildoza y Antonio Febres. Confiamos en que el mes próximo comiencen las audiencias preliminares.
–¿Cómo se ubican estos juicios frente a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permite tratar estos casos en Argentina?
–Nuestro compromiso es con la verdad y lo llevamos adelante con un absoluto respeto por lo que se está haciendo en este momento en la Argentina. Nosotros creemos que se trata de una complementariedad entre lo que están haciendo las autoridades argentinas y lo que se está haciendo en otros países, y pienso no sólo en Italia, sino además en Francia o en España. Se trata de una forma de complementariedad y no de injerencia. Y creo además que lo que está haciendo el gobierno de Kirchner en derechos humanos le ha hecho merecer una imagen de gran dignidad y seriedad en el exterior.
–¿Qué cree que debería hacer el gobierno argentino a la hora de tener que responder a un pedido de extradición de Italia?
–Nosotros tenemos plena confianza en la seriedad de las instituciones políticas y judiciales de la Argentina. Está claro que nuestro deber es indagar, aportar pruebas y activar los procesos para que la ley pueda ser aplicada. Ese es el recorrido formal de estos juicios, que se basan en el complejo edificio del derecho internacional. Y, en ese marco, reitero la concepción nuestra sobre la idea del respeto a las decisiones que tomen las autoridades de los países en donde ocurrieron los hechos investigados.
–En 1998 el entonces primer ministro italiano Romano Prodi asumió el tema de los desaparecidos como una cuestión de Estado, mientras que el gobierno argentino quería tapar todo. ¿Hoy el escenario es el mismo pero invertido?
–Es exactamente así. En el gobierno de izquierda del Olivo, cuando decidimos continuar las investigaciones, pese a los consejos de algún juez apresurado, Prodi tomó la decisión de incluir al Estado como parte civil querellante en el proceso contra Suárez Mason y los otros seis represores. Hoy creo que Berlusconi tiene toda la intención de no adoptar la misma posición en el proceso por la ESMA. Pero al mismo tiempo creo que no tiene margen político como para romper el compromiso asumido por el Estado italiano, porque aquel compromiso fue aceptado por la coalición del Olivo, pero fue apoyado unánimemente por el Parlamento, incluida la derecha que sostiene hoy a Berlusconi. Y en todo caso, teniendo en cuenta los tiempos políticos y de la Justicia, si Berlusconi no hiciera nada, dentro de un año y medio el Olivo va a recuperar el gobierno y pondrá las cosas en marcha otra vez.
–Usted acaba de estar en Uruguay. ¿Qué significa la victoria de Tabaré Vázquez para las investigaciones sobre el Plan Cóndor?
–Es un elemento que reafirma una dirección para la región, porque he hablado con dirigentes del Frente Amplio y está claro que tienen una visión acerca del pasado diferente de la que han mostrado hasta ahora los gobiernos uruguayos. Está claro que se fortalece el escenario regional para la causa del Plan Cóndor, tanto en las investigaciones que se hagan en los países sudamericanos como en Italia. Al mismo tiempo creo que el gobierno del Frente deberá manejarse con inteligencia, para no caer en la irresponsabilidad como la que ha transitado durante la campaña la derecha uruguaya, que intentaba atemorizar a la opinión pública con supuestos deseos revanchistas o rencorosos de la izquierda. La victoria de Tabaré suma además un nuevo elemento para el fortalecimiento de América latina como actor central en un mundo globalizado. La dinámica positiva que ha sido activada con Kirchner, Lula, Chávez debería ser observada por los europeos con agrado y con atención. No deberíamos descuidar el contacto con un mundo con el cual existe una unidad extraordinaria en términos históricos, de valores, de idiomas y culturales.
–Esos lazos íntimos entre Italia y Argentina hoy aparecen salpicados por un tema conflictivo como el de los bonos de la deuda en default.
–No tengo dudas de que es un reduccionismo intencional resumir la relación entre ambos países a un conflicto financiero. No puede ignorarse sin embargo que es un tema delicado. Nosotros, como coalición, no hemos madurado una posición oficial, pero más allá de la utilización instrumental que hace de este conflicto el gobierno de Berlusconi en su relación con las autoridades argentinas, se va a llegar a una solución a partir de la propuesta argentina.
–¿Qué responsabilidad tienen los bancos italianos en este tema?
–Ese es un punto poco analizado en Italia y que creo central: los bancos italianos ganaron dos veces en todo este asunto. Por un lado lograron utilidades fabulosas con los altísimos intereses que pagaban los bonos argentinos y, además, cuando advirtieron la fragilidad de ese sistema financiero, descargaron los riesgos sobre ciudadanos italianos de clase media, engañándolos con la ilusión de un negocio excelente. Los miles de bonistas que hoy reclaman con derecho no deben ignorar que fueron usados como pararrayos por los bancos italianos para completar su negocio. Creo personalmente que estas entidades también deben dar algunas respuestas concretas.
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