La nulidad de las leyes y decretos que intentaron dejar impunes los crímenes contra la humanidad y el arresto de 115 jefes militares y policiales acusados por ellos, apuntan a saldar cuentas con un pasado atroz y a construir un futuro distinto, donde la ley garantice los derechos de todos, a la vida, a la libertad, a una existencia decorosa. Falta que la Corte Suprema de Justicia confirme aquellas decisiones judiciales y legislativa y que la realidad económica y social se ajuste a los principios constitucionales que privilegian la equidad y la justicia.
No se hubiera llegado a este estado de cosas que singulariza a la Argentina en el mundo sin el aporte de Emilio Mignone, la figura central del movimiento por los derechos humanos, que murió a los 76 años en diciembre de 1998.
Mientras los organismos formados por familiares directos de las víctimas sufrían por la ausencia de formación política y militancia previa, Mignone había sido, mucho antes del secuestro de su hija Mónica, ministro de Educación en el gobierno peronista bonaerense del coronel Domingo Alfredo Mercante y luego viceministro de la Nación en el gobierno del general Juan Onganía. Formado en la Acción Católica, entendía las relaciones de poder. Su desempeño como experto en educación en organismos internacionales le dio también una visión realista del mundo tal cual era. Nunca velaron su mirada anteojeras ideológicas, como lo atestiguan sus tempranos escritos sobre el diálogo entre cristianos y marxistas.
Por eso, ya el 12 de agosto de 1976, pudo escribir el documento más perspicaz de la época, con una capacidad de anticipación que sólo hoy puede valorarse. “No menos de 15.000 argentinos han sido muertos o están detenidos en lugares ocultos, encapuchados, encadenados por cuadros militares, en reparticiones militares, pero se niega su detención y se mantiene en la angustia más cruel a miles de familias”, decía la carta que remitió al periodista Bernardo Neustadt y que éste nunca difundió. “Esta situación nos llevará a una verdadera guerra civil y a la destrucción de las mismas Fuerzas Armadas”, agregaba. “Estamos sometidos a la irresponsabilidad de oficiales de grado inferior, fanatizados, ávidos de venganza, que constituyen fuerzas irregulares que, cuando terminen –si lo consiguen– con la subversión crearán un problema a la autoridad militar porque intentarán copar el poder.”
Mignone y Augusto Conte aconsejaron a sus hijos que confiaran en las instituciones legales que los requerían. Emilio no hubiera podido impedir el secuestro de Mónica, arrancada del domicilio familiar, pero muchas veces se reprochó no haber resistido que se la llevaran. Conte le pidió a su hijo Augusto María que no desertara de la Armada, donde cumplía su Servicio Militar Obligatorio, como le habían aconsejado sus compañeros de la JP. “Fui un ingenuo. No creía que su vida corriera peligro”, me dijo en una entrevista que le hice durante la dictadura para una publicación internacional. Ninguno de los dos podía imaginar la enormidad del Estado convertido en terrorista. Su interminable peregrinaje por los despachos eclesiásticos y militares en los que tenían amigos y conocidos terminó por convencerlos. En palabras de Augusto, que también se aplican a Emilio, ambos habían sido hombres de dos mundos. Dejaron de serlo forzados por las circunstancias y fueron los primeros en describir los mecanismos del terror como un Estado dentro del Estado bajo el rótulo de “paralelismo global”, en una presentación ante las Naciones Unidas. Ambos fueron capaces de convertir esa ingenuidad que se reprochaban en un programa de acción, con el propósito de que algún día las instituciones merecieran la confianza que habían depositado en ellas, para cambiarlas y ponerlas a la altura de sus mentes limpias y sus corazones nobles. Es una lección de la que debemos tomar nota quienes en aquellos años creímos posible iluminar esa noche oscura respondiendo al fuego con el fuego. Tan temprano como en 1978 formaron el Centro de Estudios Legales y Sociales. Era necesaria mucha lucidez, aparte de una voluntad que también caracterizó a los demás organismos de derechos humanos, para entender que los abusos que entonces ocurrían debían documentarse con la mayor precisión, conectar el reclamo interno con la denuncia internacional, y pensar en una futura acción judicial que procurara el castigo de los responsables. El rol de Emilio fue esencial en las visitas de las misiones internacionales que rompieron el aislamiento en que la dictadura había colocado a sus víctimas: Amnesty, en noviembre de 1976, la Asociación del Foro de Nueva York en 1978 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.
El Centro de Estudios Legales y Sociales fue responsable al menos de un tercio de las causas iniciadas en aquellos años, entre ellas el precursor recurso a la Corte Suprema de Justicia en el caso “Smith”. Concluida la dictadura, Emilio entendió como pocos la importancia del compromiso del Estado en investigaciones como las de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el juicio a las ex juntas militares, a las que otros retacearon apoyo por consideraciones políticas. Recuerdo un diálogo con Eduardo Duhalde durante una audiencia del juicio a las Juntas. Esos papelitos ajados que la gente guardó durante años simbolizaban el valor que la dictadura les había negado a los procedimientos legales y se convertían en pruebas contundentes para condenar a los criminales. Porque creían en la ley, Mignone y Conte la hicieron prevalecer.
Emilio replanteó la labor del CELS, de modo de proyectarlo al futuro y no sólo al estudio y la denuncia de las violaciones del pasado. De ello dan cuenta los programas de estudio y denuncia de la violencia institucional y de seguridad ciudadana; de la exigibilidad legal de los derechos económicos, sociales y culturales; y de justicia democrática. Ellos complementan el programa y los servicios originarios, de memoria y lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, de documentación, de salud y de asistencia jurídica a las víctimas.
A partir de la experiencia atroz de la dictadura, el CELS es uno de los organismos que se ha planteado con mayor claridad la inserción de la problemática de los derechos humanos dentro de la construcción democrática, sin por ello olvidar los orígenes. En 1995, Mignone advirtió las posibilidades que abrieron las confesiones del capitán de la Armada Adolfo Scilingo, y con su presentación a la Cámara Federal fundamentando el derecho a la verdad y el duelo consiguió reabrir el capítulo de la revisión judicial. Nunca aceptó que hubiera algún antagonismo entre la verdad y la justicia y en 1998, ya abierto el capítulo de la verdad, apoyó la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Como lo escribió en un documento interno del CELS, “nuestra posición era y sigue siendo la de utilizar todos los espacios de acción razonables, dejando de lado las diferencias circunstanciales y tratando de favorecer la coordinación y la cooperación pluralista en todos los terrenos”. Esta ductilidad para elegir las mejores tácticas en cada momento sin renunciar nunca a la firmeza de sus principios es una lección central que Mignone dejó al CELS.
En vida, Emilio padeció críticas e incomprensión, por defender opiniones que a veces contradecían el sentido común del momento y cuya justeza no era evidente en forma inmediata. La serenidad con que las soportó, sin apartarse del sendero ni distraerse en querellas menores, es parte de su legado. La posta que nos pasó la hemos recogido en el CELS tres generaciones distintas, entre miembros históricos, militantes de otras experiencias políticas de aquellos años y jóvenes integrantes del muy capacitado staff profesional. Tratamos de llevarla con entereza y sin ingenuidad, bregando por la integración de todos los sectores en el respeto a la ley y a los valores que nunca más deberán ser pisoteados en la patria común, con la aspiración de que los peores crímenes no queden impunes y la democracia pueda crecer dejando definitivamente atrás un pasado ominoso que no debe condicionar su futuro.
(La secretaría de derechos humanos de la Nación impuso ayer el nombre de Emilio Mignone a su salón auditorio. En la ceremonia hablaron la hija de Mignone, Isabel, el secretario de derechos humanos Eduardo Duhalde, y su jefe de gabinete, Rodolfo Matarollo. El texto que aquí se publica fue expuesto por Verbitsky como presidente del CELS.)
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