URSO PIDIO QUE DETENGAN A D’ELIA. HARIA LO MISMO CON QUANTIN
Pulseada judicial entre dos fueros
La Cámara del Crimen dispuso que Campagnoli no puede ser detenido. D’Elía dice que si no le quitan los fueros, renuncia a su banca.
Por Adriana Meyer
Urso pidió la detención de D’Elía, previo desafuero. Haría lo mismo con Quantín y Campagnoli.
La causa por la toma de la comisaría 24ª se transformó en un campo de batalla. Dos fueros judiciales, el federal y el llamado “ordinario”, quedaron enfrentados en medio de la pulseada del juez federal Jorge Urso por tomarle declaración indagatoria a Norberto Quantín y a José María Campagnoli, y la resistencia a presentarse de estos ex funcionarios y actuales fiscales. Argumentan “hostilidad” de ese magistrado y “enemistad manifiesta” de todos sus colegas de los tribunales de Retiro. Urso pidió ayer el desafuero del diputado bonaerense y líder piquetero Luis D’Elía, acusado de liderar la toma de la seccional y otros delitos graves, y ordenó su detención. Hoy firmaría la misma solicitud respecto de Quantín y Campagnoli. Por su parte, la Cámara del Crimen concedió el hábeas corpus solicitado por Campagnoli para evitar ser detenido si no se presenta a indagatoria. En medio de todo esto, D’Elía declaró que si la Legislatura no le quita los fueros piensa renunciar a su banca.
Los piqueteros de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) que lidera D’Elía coparon la comisaría 24ª en la madrugada del 26 de junio, enardecidos por la inacción policial ante el asesinato de uno de sus compañeros, Martín “Oso” Cisneros. En el escrito al que tuvo acceso Página/12, Urso acusa a D’Elía de haber cometido los siguientes delitos: lesiones, privación ilegal de la libertad, coacción, robo, daño, instigación a cometer delito, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, resistencia a la autoridad, ocultamiento de pruebas y encubrimiento. Por eso ordenó su declaración indagatoria y su detención previa, pero aclaró que “no se hará efectiva en virtud de la inmunidad de que goza en su carácter de diputado de la provincia de Buenos Aires”. En el siguiente renglón solicitó su desafuero.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que se abra otra causa para investigar si D’Elía cometió “incitación a la violencia y apología del crimen” cuando el miércoles declaró sentirse “orgulloso” de haber participado de la manifestación en la comisaría.
Quantín, fiscal de Cámara y ex secretario de Seguridad, y Campagnoli, ex subsecretario del área y fiscal de La Boca, están acusados en este expediente por haber desobedecido a una jueza de instrucción, que aquella madrugada habría ordenado la detención de los piqueteros.
Urso pedirá el desafuero de Quantín y Campagnoli ante el procurador general Esteban Righi, aunque es poco probable que el jefe de los fiscales habilite el enjuiciamiento. Anticipándose a esta medida, y porque se siente “amenazado” por la intención de Urso de llevarlo a prisión, Campagnoli había presentado dos recursos de hábeas corpus que fueron rechazados por el juez de instrucción Ricardo Warley. Sin embargo, ayer la Sala I de la Cámara del Crimen concedió el amparo. Los camaristas Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Carlos Elbert, revocaron la decisión de primera instancia, en una resolución inédita respecto del accionar de un magistrado. La orden de Urso resultaba “manifiestamente violatoria de garantías constitucionales y leyes federales”, aseguraron en el escrito al que accedió este diario. “Por más que la Cámara del Crimen diga que Campagnoli tiene razón, que venga y declare igual”, expresó a Página/12 un colaborador del juez al explicar que la decisión del fuero ordinario “no interfiere en el pedido de desafuero”.
A diferencia de los fiscales, que se resisten a tener que desfilar ante cualquier juez federal, D’Elía se entregó virtualmente a Urso. “Si no me votan el desafuero voy a renunciar a la banca así el juez me puede detener”, anticipó el líder de la FTV. De todos modos, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mércuri, declaró que sería inviable el desafuero porque el delito que habría cometido ocurrió fuera de la provincia de Buenos Aires. Pero si se concreta, sería la primera vez que ocurre algo similar desde 1983.
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