La pulseada entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura por el aumento de sueldos a jueces y empleados judiciales está tomando una dimensión impensada. Como el miércoles último el cuerpo de consejeros reafirmó que concretará una suba, el alto tribunal contraatacó ayer con un comunicado en el que reivindica como propia la facultad de elevar las remuneraciones y dice que tiene la mejor intención de hacerlo. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) cuestionó el mensaje de los supremos porque, entiende, sólo buscan ampliar la brecha entre magistrados y empleados inferiores. “Los judiciales defendemos la resolución del Consejo”, se plantó el gremio.
Este enredo comenzó el 11 de noviembre, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura decidió otorgar un incremento del 10 por ciento en los salarios judiciales, además de un reescalafonamiento para buena parte de los empleados del Poder Judicial. A la semana siguiente la Corte irrumpió con una acordada que suspendía el beneficio al considerarlo ilegal e invitaba a los consejeros a dialogar. Pero lejos las cualquier conversación, el ping-pong siguió y se puso cada vez más violento. Esta semana el Consejo ratificó su decisión y ayer el máximo tribunal volvió a la carga reiterando su posición en una notificación de prensa.
En los hechos, la ejecución del pago a los judiciales está en manos de la Dirección de Administración Financiera, que depende del Consejo. Para dar luz verde a esa área el jueves comenzó a circular, a la pesca de la firma de los consejeros, la resolución que hace operativa la liquidación de haberes con aumento. “La semana que viene sabremos la fecha exacta de pago”, anunció a este diario Julio Piumato, titular de la UEJN.
Para la Corte, sin embargo, el asunto no está cerrado. El nuevo texto que difundió aclara que no está en contra de los aumentos y que su presidente, Enrique Petracchi, “viene ocupándose de la necesidad de otorgarlos (...) porque es facultad exclusiva del alto tribunal”. Petracchi es también, paradójicamente, quien preside el Consejo. “Durante estos últimos meses”, informó su vocero, realizó gestiones ante “los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo” para “hacer efectivos dichos aumentos de la única manera posible para este tribunal, o sea legalmente”.
La propuesta suprema de suba salarial, según el comunicado de ayer, “considera un punto por antigüedad y un porcentaje por permanencia en el cargo, lo cual significaría que los incrementos podrían resultar hasta más retributivos que los dispuestos, sin competencia para ello, por el Consejo”. Está destinada “a jueces, funcionarios y empleados”. Piumato se quejó: “Con nosotros la Corte no tiene diálogo aunque todas las semanas pedimos audiencia. Con el Consejo estamos en paritarias hace dos meses”.
Un rato después que la Corte lanzó su mensaje, la UEJN envió el propio. “La propuesta de Petracchi implica 5000 pesos de incremento para sí mismo y migajas para la mayoría del personal. No es beneficiosa para los trabajadores, ya que no permanecen muchos años en un mismo cargo, sino para los magistrados, que concentran antigüedad”, decía.
Esta pelea entre los dos órganos que encabezan el Poder Judicial genera preocupación en el Ministerio de Justicia. En parte es por razones institucionales y otro tanto porque temen reclamos salariales de otros sectores y provincias. En la Corte, los pronósticos más extremos imaginan que todo terminará en una denuncia penal contra el Consejo. Pero en el Gobierno intentarían tender puentes en busca de una salida dialogada.
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