El país|Lunes, 10 de enero de 2005

A pesar de ser víspera de Nochebuena, los cincuenta vecinos que a las 9 de la mañana llegaron al edificio de avenida Maipú 2500, sede del Concejo Deliberante de Vicente López, el feudo de Enrique “el Japonés” García, sabían que el maratón valía la pena. La sesión en apariencia soporífera pretendía aprobar, de apuro, un paquete de trescientos cincuenta asuntos pendientes, en su mayoría cuestiones de poca monta, la cáscara que protegía a la madre del borrego: las seis excepciones que van a cambiar el paisaje, la vista y la luz de esa zona ribereña y seguramente también el valor de las propiedades que queden afectadas por una muralla de torres emplazadas frente al río. A las 23, al comenzar a tratarse la primera de las excepciones y a una señal del ucerreísta Rubén Vecchi, presidente del cuerpo, el bloque de la Alianza se levantó como un solo hombre, un gesto que fue seguido de inmediato por los representantes del PJ. Los cuatro concejales que componen la oposición consideraron entonces abortada la reunión. Al día siguiente advirtieron su ingenuidad. La sesión se había reanudado a las cuatro de la mañana para que, en un abrir y cerrar de ojos, fuera aprobada la media docena de polémicos emprendimientos.
No había sido un error ni un malentendido. Los concejales rebeldes –Sonia Martín (Casa Abierta), Carlos Roberto (socialista), Eva Valenzano (Espacio Justicialista) y Enrique Romero (Alternativa Justicialista, el veterinario que aconseja sobre mascotas en Crónica Tevé)– habían convocado a un escribano que verificó que el oficialismo y sus aliados habían abandonado las instalaciones. Martín y Roberto relataron a Página/12 que, según se rumoreaba, la estrategia había sido elaborada el día anterior. Agregaron que el “storanismo” había criticado con dureza en dos comunicados las propuestas de su correligionario. Es cierto que no eran los únicos puntos conflictivos a tratar: estaban el presupuesto, la propuesta de arancelar los espectáculos organizados por la municipalidad, la rezonificación y subdivisión del predio que ocupa el ejército en Villa Martelli y la negociación con Show Center, consistente en transformar el incumplimiento de los “cargos” –consistentes en la habilitación de espacios verdes y construcción de una escuela de doble escolaridad– en dinero amortizable mediante un plan de pago.

Una habitación con vistas

Pero nada alcanzaba las cotas de escándalo de las excepciones. Cuatro de ellas consistían en torres de viviendas y oficinas a levantarse en la línea de la costanera, un área donde las ordenanzas prevén que la altura de las construcciones no puede superar planta baja y cinco pisos. La “excepcionalidad” les permitirá ahora construir entre 14 y 22 plantas. La quinta excepción fue solicitada por el empresario Carlos de Narváez en representación de Carrefour, que aspira a levantar oficinas, paseo de compras, estadio para diez mil personas, museo, centro recreativo y casino. El problema es que los terrenos sobre los que se ubicarán estas maravillas son considerados por buena parte de los vecinos como de “dominio público de la provincia” puesto que están enclavados entre la línea de la ribera y el río.
La sexta excepción beneficia a la constructora Codinsa y de acuerdo con los planos consta de una torre de 25 pisos para oficinas y viviendas, galería comercial, hotel internacional cinco estrellas, centro de exposiciones y convenciones y restaurante. Incluye, además, la concesión por treinta años de un aparcamiento subterráneo con trescientas cocheras. Los terrenos destinados al emprendimiento están en el puerto de Olivos. Los vecinos entendieron que el otorgamiento de estas autorizaciones implica que las torres serán el obstáculo que se interpondrá entre ellos y el río. Es decir: las torres expropiarán el paisaje del que hasta ahora gozaban sus viviendas bajas y adquirirán un valor superlativo gracias a una ubicación de privilegio.

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