Kirchner anunciará hoy quién será el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, en reemplazo del brigadier Carlos Rohde, quien pasará a retiro junto con buena parte de la cúpula que lo acompañó. La seguridad aeroportuaria pasará a depender del Ministerio del Interior, como Prefectura y Gendarmería, que también ejercen el poder de policía, y más adelante se planteará la creación de un organismo civil para el control de tráfico aéreo, que sólo aquí, en China y en Nigeria está en manos militares.
Por Horacio Verbitsky
El presidente Néstor Kirchner anunciará hoy el nombre del nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, en reemplazo del brigadier Carlos Rohde, quien pasará a retiro obligatorio. Al cierre de esta edición sólo dos personas además del Presidente conocían quién será el nuevo jefe de Estado Mayor: el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, y la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
La omisión en esta lista del ministro de Defensa, José Pampuro, ratifica la difícil situación en que se encuentra desde que anunció su respaldo absoluto a la Fuerza Aérea sin consultarlo con el Presidente y antes de que se investigaran los hechos. Esto no significa que haya en el Poder Ejecutivo decisión de relevarlo. Lo mismo ocurrió en mayo de 2003, cuando Kirchner resolvió el descabezamiento de la cúpula del Ejército, a la que Pampuro acababa de confirmar. Si aquel antecedente sirve de algo para evaluar la situación creada ahora, puede presumirse que Rohde no se irá solo, sino acompañado por una porción significativa de la cúpula aeronáutica. Las especulaciones de quienes se presumen bien informados afirmaban anoche que por lo menos cinco brigadieres, pero tal vez el doble, pasarían a retiro, lo cual para la dimensión de la Fuerza Aérea implica una reforma de magnitud incluso superior a la del Ejército hace dos años.
CUMPLIR LA LEY
Además de los pases a retiro se prevé una modificación profunda de competencias y procedimientos, que incluirá el traspaso del control de la seguridad aeroportuaria al ministerio del Interior, aunque todavía no está resuelto si esto implicará la disolución de la Policía Aeronáutica Nacional y su reemplazo en esa función por la Policía Federal y/o la Gendarmería Nacional, o su subordinación funcional al Ministerio político y la opción para sus integrantes de continuar la carrera militar en la Fuerza Aérea o integrarse en una nueva estructura sin conservar el grado y la orgánica castrenses. De este modo, se cumpliría con los preceptos de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, que separan en forma tajante ambos ámbitos.
La PAN fue creada en 1977 dentro de la política de reparto de poder entre las tres Fuerzas Armadas, ya que el Ejército controlaba a la Gendarmería, cuyo jefe era siempre un general, y la Armada la Prefectura, a cargo de un almirante. El decreto del ex dictador Jorge Videla de creación de la PAN, llamado “Ley 21.521”, la define como “una fuerza de seguridad militarizada que ejerce funciones de poder de policía en el aeroespacio y el poder de policía de seguridad y judicial (en) el aeroespacio, en las aeronaves, aeródromos, pistas de aterrizaje e instalaciones terrestres, radicadas en los mismos o que sirvan de apoyo a las operaciones aerospaciales, en lo que no afecta a la jurisdicción militar”. Todas estas funciones corresponden al “esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior” según la definición del artículo 1 de la ley de seguridad interior, por lo que no corresponden a una fuerza armada. A partir de 1983, la Gendarmería y la Prefectura pasaron a depender funcionalmente del ministerio del Interior, aunque por unos años más mantuvieron la dependencia orgánica del Ejército y la Armada. En cambio, la Fuerza Aérea consiguió conservar la PAN, incluso después de la promulgación de la ley de defensa en 1988 y de la de seguridad interior en 1992. En el ocaso de la presidencia de Menem el brigadier Rubén Montenegro gestionó el traspaso de esa fuente de corrupción con funciones policiales para las cuales los militares no están capacitados, pero no encontró eco en el poder político. Una vez regresada la seguridad aeroportuaria al ámbito que le corresponde, el Gobierno encarará también la cuestión del control del tráfico aerocomercial, que una dictadura anterior, la del general Juan Onganía, también confirió a la Fuerza Aérea. En este caso lo que se transgrede es la práctica internacional. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda que la operación y el control no deben estar en las mismas manos. En la Argentina la Fuerza Aérea es responsable de 21 aeropuertos, opera el sistema de navegación aérea y el de control del espacio aéreo es la autoridad aeronáutica que establece las normas y confiere las homologaciones, fija tasas e inspecciona, además de poseer una línea aérea de carga y pasajeros. Sólo otros dos países del mundo confían esa función civil a los militares: China y Nigeria.
DE BRINZONI A ROHDE
En 2003, Kirchner afirmó su autoridad ante las intensas gestiones políticas de la cúpula del Ejército encabezada por los generales Daniel Reimundes y Ricardo Brinzoni, quienes durante el proceso electoral habían estrechado contactos con el presidente Carlos Menem y con el senador Eduardo Duhalde, en procura de una decisión que cerrara la revisión judicial de los crímenes de la guerra sucia. Pampuro era parte de esa combinación. Cuando Kirchner le comunicó el nombre del general Roberto Bendini como nuevo jefe del Ejército, el ministro consultó una hoja con el escalafón y dijo que no lo encontraba. Su listado sólo incluía a los generales de división, y Kirchner eligió mucho más abajo. Pampuro ofreció su renuncia y Kirchner se la rechazó. Ahora se trata del contrabando de cocaína desde el principal aeropuerto del país, bajo el doble control, operativo y policial, de la Fuerza Aérea.
Dos hechos decidieron la suerte de Rohde y de su cúpula, según evalúan quienes han hablado del tema con el Presidente. Por un lado el ocultamiento de los hechos ante el ministro, quien se enteró por los partes de inteligencia que recibió del Presidente. Rohde estaba al tanto desde septiembre y sin embargo mantuvo al frente del Aeropuerto de Ezeiza al comodoro Alberto Edgardo Beltrame, padre del entonces prófugo empleado de Southern Winds Walter Beltrame. Ayer, el joven se entregó a la Justicia y su defensor dijo que había estado todo el tiempo en Buenos Aires con su familia, lo cual es improbable que mejore la situación del hijo pero seguro empeora la del padre. Por otro lado, el Gobierno rechaza la reacción corporativa de la Fuerza Aérea, que el martes negó cualquier responsabilidad en los hechos aun antes de investigarlos. Para ello organizó una conferencia de prensa en la cual convenció de participar a Pampuro.
¿HAY O NO HAY?
El ministro dijo que tenía un guiño de Kirchner, quien en ese momento inauguraba un Lago Argentino en El Calafate y que lo había consultado con Alberto Fernández. Los hechos posteriores lo desmintieron. De regreso de su provincia, Kirchner reprochó a Pampuro esa conferencia en la que dijo que respaldaba en forma absoluta a la Fuerza Aérea. Cuando el ministro arguyó que se había sentido muy presionado por los jefes de la Fuerza Aérea, el Presidente le respondió: “Vos sos el ministro de Defensa y no el jefe de una banda”. El miércoles volvieron a reunirse y el Presidente le ordenó que interviniera la PAN. Durante una visita a las instalaciones de Ezeiza, Pampuro dijo que la intervención “no implica la responsabilidad o no de la Fuerza Aérea. Eso lo decidirá la Justicia. El apoyo que di a la Fuerza Aérea y lo mantengo es a la institución y no a los hombres. Mi responsabilidad es defender a las instituciones”. Por la tarde anunció que el interventor sería el segundo jefe del Comando de Regiones Aéreas, brigadier Carlos Matiak. El Poder Ejecutivo no consideró muy sabia esa elección, ya que del Comando de Regiones Aéreas dependen todas las instancias bajo investigación: tanto el Aeropuerto de Ezeiza cuanto la Policía Aeronáutica. A la caída del sol, el Ministerio de Defensa anunció que la intervención sería más amplia: por un lapso de un mes o un mes y medio a cargo del viceministro Jaime Garreta, con el apoyo técnico del Comando de Regiones Aéreas. Cerca de la medianoche, en un nuevo reportaje de emergencia para explicar las novedades, Pampuro enmendó su discurso del mediodía, ahora de acuerdo con la visión del Poder Ejecutivo. Dijo entonces que “en principio hay responsabilidad de la Fuerza Aérea. Por uno u otro mecanismo ha pasado una cantidad de cargamento ilegal. La Justicia dirá quiénes son los hombres que tienen responsabilidad”.
CAMBIO Y FUERA
Por la mañana, Kirchner había vuelto a reunirse con Pampuro para analizar la situación. El Presidente ha escuchado mucho en esta crisis a Ricardo Echegaray, director general de Aduanas, un organismo con un departamento especializado en la detección de embarques de sustancias psicotrópicas de uso prohibido por las autoridades sanitarias. Beltrame hijo recién se entregó una vez que el Poder Ejecutivo tomó la conducción de la crisis y fue alojado en un calabozo de la Aduana. Esta secuencia refuerza la apreciación de que frente al emblocamiento corporativo no cabe otra respuesta que un ejercicio enérgico de la autoridad constitucional. Por la tarde, Garreta asumió en Ezeiza como interventor de la Policía Aeronáutica Nacional. Mientras eso ocurría, Kirchner analizaba en la Casa Rosada la conformación de la nueva cúpula, que anunciará hoy antes de viajar a Mar del Plata. La precaria posición en que queda colocado Pampuro no permite dar por hecho su alejamiento. Kirchner cree que comete este tipo de errores por reflejos de su formación en un partido que siempre ha tenido una actitud reverencial frente a los poderes fácticos, como las Fuerzas Armadas o la Iglesia, pero no le ha perdido el aprecio personal. Como se ve, los periodistas no son los únicos profesionales que completan su formación en público.
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